El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, asistió de manera presencial, a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural convocada por el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, en la que participan los responsables en materia agraria de las comunidades autónomas para analizar las propuestas presentadas por dicho ministerio sobre la articulación de la nueva PAC en España a través del Plan Estratégico Nacional que España debe presentar a la UE antes del 31 de diciembrer de 2021.
La nueva PAC y sus ambiciones
La Conferencia Sectorial se ha centrado en el ánalisis de las propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la aplicación de la nueva PAC que se reflejarán en el Plan Estratégico Nacional que España tendrá que presentar a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de este año, para que se pueda aplicar a partir del 1 de enero de 2023.
Para ello, el Ministerio ha presentado a las comunidades autónomas un documento denominado ‘Propuesta de Acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común’, en el que detalla los planteamientos generales de base para poder elaborar el citado Plan. Este documento está dirigido a orientar el debate en la Conferencia Sectorial y poder llegar a un acuerdo en España que permita elaborar el Plan Estratégico referido.
El consejero ha destacado que “la propuesta que ha presentado el ministro aborda aspectos fundamentales de la reforma de la PAC que se acaba de acordar por las instituciones europeas. Aspectos que están, en mayor o menor medida, desarrollados en el documento, pero en todo caso es preciso conocer con más detalle algunos de ellos, especialmente los que se refieren a las medidas más novedosas, como son la aquitectura medioambiental y el pago redistributivo”. Por eso, ha añadido, “es necesario seguir trabajando en su definición, sin que ello signifique retrasar la adopción de acuerdos en otros aspectos, puesto que la realidad es que la cuenta atrás para la presentación del Plan Estratégico ya ha empezado y expira el 31 de diciembre de este año”.
La nueva PAC se va a caracterizar por una mayor ambición medioambiental, tanto en los requisitos mínimos obligatorios para poder percibir las ayudas directas (condicionalidad reforzada), como en las ayudas que se dedicarán para la realización de prácticas agrarias sostenibles con el medio ambiente en el primer pilar (los denominados ecoesquemas) y también en el segundo pilar cofinanciadas por el Feader (medidas de agroambiente y clima, agricultura ecológica..).
El consejero, Jesús Julio Carnero, ha incidido además en que “no podemos perder de vista la importancia del sector agrario y agroalimentario, prueba de ello lo hemos vivido recientemente con la pandemia de COVID-19. Esta posición común viene respaldada por el Gobierno de la Comunidad, las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agrarias, todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y otras entidades y asociaciones relacionadas con el medio rural, que parte del principio de que los nuevos requisitos que se exijan deben ser compensados adecuadamente. El sector agrario es un sector económico esencial, su principal misión es la producción de alimentos de forma sostenible”.
En consecuencia, las ambiciones de la nueva PAC deben tener una triple vertiente: la medioambiental, la económica y la social, y todas ellas dirigidas a mantener esta actividad, al ser la base económica de las áreas rurales.
El agricultor activo de la nueva PAC debe identificarse claramente con el ejercicio de la actividad real
Castilla y León defiende que, como mínimo, el 25 % de los ingresos sean agrarios
Es necesario un Plan Sectorial Nacional para el ovino-caprino, que se incrementen las ayudas al sector vacuno y que el pago redistributivo se acote al 10 % de las ayudas directas, destinándose exclusivamente a los agricultores más profesionales
Castilla y León hace hincapié en el mantenimiento del nivel de apoyo de los fondos europeos que reciba la región y en un aumento de la participación del Estado en la cofinanciación del Feader
¿A quién deben dirigirse las ayudas?
La propuesta del Ministerio plantea que el perceptor de las ayudas se caracterice porque sus ingresos agrarios al menos sean el 25% de sus ingresos totales, pero abre también la puerta a otros beneficiarios que, sin cumplir este requisito, estén afiliados a la Seguridad Social Agraria, así como aquellos que perciban anualmente un máximo de 5.000 euros de ayudas directas sin ninguna condición añadida.
El consejero ha señalado que “la agricultura de Castilla y León está claramente identificada con un modelo profesional, que crea empleo, riqueza y es la actividad económica en el medio rural”, y por ello comparte que el porcentaje de ingresos agrarios mínimo propuesto es aceptable, coincide con el planteamiento del sector en Castilla y León, pero, sin embargo, ha dicho, “necesitamos dar un paso más, de forma que el agricultor activo en cualquiera de sus modalidades sea cotizante a la Seguridad Social Agraria”.
El relevo generacional y el apoyo a la mujer
El relevo generacional y el apoyo a la mujer son dos de las prioridades de la Junta de Castilla y León, de hecho el año pasado la Junta aprobó una Estrategía de apoyo a la mujer rural y en breve se presentará un Plan específico dirigido a los jóvenes agricultores y ganaderos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural apoya con carácter general la propuesta presentada, está de acuerdo con el incremento de la ayuda unitaria al doble respecto del modelo actual y a su vez ha reclamado el número de hectáreas que se pueden beneficiar de las ayudas complementarias a jóvenes, respecto a las 90 actuales, con un incremento de las ayudas a las mujeres que se incorporan al sector agrario.
La ayuda básica y el pago redistributivo
La propuesta del Ministerio contempla destinar un 60% de todas las ayudas directas a la denominada ayuda básica a la renta, de la cual se detraerá un porcentaje para dotar el nuevo pago denominado redistributivo, que tiene como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.
El consejero ha destacado que este último pago, si bien va a ser obligatorio implantarlo, “deberíamos ser prudentes, siendo un pago nuevo, puesto que no se conocen los efectos en las diferentes explotaciones”. Por eso ha defendido la posición de destinar el importe mínimo que reglamentariamente se ha acordado en Europa, el 10% de las ayudas directas. Y a su vez ha reclamado que este pago debería dirigirse a las explotaciones más profesionales.
La nueva regionalización productiva
La propuesta del Ministerio plantea una simplificación de las regiones productivas, actualmente cincuenta, para llegar a una nueva situación con hasta un máximo de veinte regiones. Estas regiones determinarán los importes de la ayuda básica a la renta así como de otras ayudas directas ligadas a la misma. El consejero comparte la necesidad de simplificar el numero de regiones actuales y llegar a una simplificación como la propuesta, no obstante ha hecho hincapié en que el nuevo modelo de regiones debe evitar distorsiones territoriales respecto a la financiación global.
Los ecoesquemas y las ayudas asociadas
El consejero ha ofrecido nuevamente el modelo de ecoesquema único que fue remitido al Ministerio desde la Consejería. Los ecoesquemas son nuevas ayudasque sustituirán a la actual ayuda verde o greenning, para la que se propone destinar un 23% del total del importe de las ayudas directas. En este sentido, Carnero ha señalado que “es necesario desarrollar con más detalle la propuesta del Ministerio y apoyar la celebración de grupos de trabajo específicos para poder llegar a una definición más precisa de estas importantes ayudas en las que necesariamente se debe incorporar algún elemento incentivador”.
Respecto a las ayudas asociadas, el consejero ha indicado que “Castilla y León apuesta por un paquete de estas ayudas que mantenga las existentes, las ganaderas y las de algunos sectores agrícolas importantes en la Comunidad como la remolacha y los cultivos proteicos. La propuesta del Ministerio va orientada a ese planteamiento y en ese sentido es apoyada por Castilla y León”. No obstante ha demandado que no se reduzcan las ayudas al sector del vacuno, como inicialmente se pretendía, y además se incorpore un Plan Sectorial Nacional para el ovino-caprino.
La financiación para la nueva PAC
El consejero ha planteado en la Conferencia Sectorial que la PAC es una política muy importante para las Comunidades Autónomas, ya que es la única política europea dirigida al apoyo de las actividades económicas en el medio rural. Castilla y León cuenta en el periodo actual con mil millones de euros anuales procedentes de fondos europeos, el Feaga y el Feader. Es importante, por tanto, mantener este nivel de apoyo y Castilla y León defenderá siempre no disminuir estos apoyos en la nueva PAC.
Así mismo, el consejero ha recordado que la financiación del segundo pilar de la PAC está cofinanciada por el Feader y por aportaciones del Estado y la Comunidad Autónoma. Aportaciones estas últimas para las que el consejero ha pedido recuperar el equilibrio de ambas, que en otros periodos existía.
ASAJA CyL: «Planas quiere imponer a Castilla y León un modelo agrario que no es el nuestro y que destruiría riqueza y empleo en esta tierra»
La organización agraria ASAJA Castilla y León rechaza de forma rotunda y contundente el documento sobre las propuestas de plan estratégico de la PAC para España que presentó ayer el ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas en Conferencia sectorial presidida por Luis Planas.
El principal punto de desencuentro es sin duda la definición de “agricultor activo”, que en definitiva es la llave para percibir los fondos de la PAC. La figura que propone Luis Planas es más amplia que en la PAC actual, hasta el punto de que cualquier ciudadano que cultiva tierras o tenga ganado va a ser perceptor de las ayudas, y, además, debido al complemento que reciba por el denominado “pago redistributivo”, porcentualmente cobrará más que el agricultor profesional.
ASAJA de Castilla y León reitera que una de las “líneas rojas” que debe de marcar el consejero de Agricultura en sus encuentros con el Ministerio es lograr una definición del “agricultor activo” que se acerque más a la del agricultor profesional. En concreto, la OPA pide que todo perceptor de la PAC tenga que acreditar la cotización a la Seguridad Social y la declaración de sus ingresos en la Agencia Tributaria, algo que, aunque parezca obvio, no ocurre en la actualidad ni tienen previsto exigir en los próximos años.
La propuesta del ministerio solo se entiende desde la óptica de aprovechar la PAC para sacar rédito electoral, y no para mejorar el tejido productivo de la ganadería y agricultura español, basado en una gestión empresarial del modelo de explotación familiar, modelo que es el que asegura que nuestro país sea una potencia agroalimentaria con vocación de exportar y con capacidad de vertebrar el territorio. La reducción de las ayudas al agricultor profesional, para favorecer otro modelo de agricultura, resta competitividad al campo de Castilla y León y de España.
Al margen de la cuestión de la definición de agricultor activo, ASAJA CyL no comparte las normas restrictivas de los ecoesquemas sin una ayuda incentivadora, ni comparte los criterios de la ayuda redistributiva, ni una convergencia en las ayudas que sea demasiado drástica. También, la organización agraria ha sido defensora de la desaparición de los denominados “derechos de la PAC”, algo que ahora las administraciones quieren perpetuar por la simple razón de que su permanencia les facilita la gestión administrativa.
Por otra parte, ASAJA CyL tiene dudas, a falta de datos oficiales, de que cuestiones como la reducción de regiones productivas, las nuevas ayudas asociadas, el pago redistributivo, o la inclusión de nuevos sectores como perceptores de fondos, permitan mantener un montante de fondos en Castilla y León equiparable al de etapas anteriores, ya que podría haber transvase de fondos hacia otras comunidades autónomas.
Por último, la organización agraria más representativa de los agricultores y ganaderos en Castilla y León considera que no se ha clarificado suficientemente la política que se seguirá para modernizar el campo, para los programas agroambientales y de zonas desfavorecidas, y para lograr un relevo generacional efectivo y compatible con los intereses del resto de profesionales ya en activo. Tampoco comparte el modelo de financiación por la escasa aportación del Estado a los programas de desarrollo rural nutridos fundamentalmente con fondos del FEADER.
UCCL : «Esta PAC supondrá para los agricultores más costes de producción y menos competitividad por las exigencias medioambientales»
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) sigue insistiendo en la necesidad de definir agricultor activo como aquel que tenga al menos un 25% de ingresos agrarios con respecto a totales y además se encuentra afiliado régimen de seguridad social agraria. “Es fundamental destinar los fondos de las Ayudas Directas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a quien realmente las necesita y se dedican a ello, los agricultores y ganaderos a título principal”, apunta UCCL.
Durante la Conferencia Sectorial celebrada para elaborar el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, se ha debatido a quien deben destinarse las ayudas directas, y según palabras del propio Ministro los agricultores y ganaderos deben ser los verdaderos beneficiarios.
UCCL ha observado que la definición dada por el ministerio de agricultor activo deja la puerta abierta a todos, debido a que agricultor activo es aquel que esté afiliado al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios o cuando sus ingresos agrarios sean al menos el 25% de sus ingresos totales o sus ayudas directas sean igual o inferior a 5.000 euros, es decir, si cumples una ya tienes derecho a percibir fondos de la PAC.
En España, según los datos de FEGA en 2020, los perceptores de ayudas directas de la PAC fueron 656.515 de los cuales 445.506 recibieron 5.000 euros o menos de ayudas directas, es decir, el 67,86% de los perceptores cobrarían la PAC sin la necesidad de cotizar a la Seguridad Social agraria o sin demostrar que sus ingresos agrarios suponen una parte significativa de sus ingresos totales. Por tanto, el Ministerio quiere dejar la puerta abierta para que el 67,86% de los beneficiarios de la PAC perciban fondos públicos sin que la actividad agraria suponga una parte importante de su economía.
Igualmente, debe tenerse en consideración que en el año 2019 el 37,43% del presupuesto total de las ayudas directas de la PAC se lo llevó las personas jurídicas que suponen el 8,14% de los perceptores PAC. UCCL propone que las personas jurídicas deban cumplir el requisito de demostrar unos ingresos mínimos del 25% con respecto a sus ingresos totales. Para ello, es necesario que en el Impuesto de Sociedades se incluya una casilla que permita la identificación de los ingresos provenientes al epígrafe IAE correspondiente a la actividad agraria. De esta forma se podrá comprobar de una manera eficaz y rápida que la empresa tiene la actividad agraria como principal.
Por otro lado, será una PAC con una mayor ambición ambiental, donde el 23% de los fondos del primer pilar se destinen a los ecoesquemas. Estos deben ser universales y tener una vertiente ambiental pero también social, además de que los nuevos requisitos exigidos deben ser compensados económicamente para garantizar la producción de alimentos de calidad.
La mayor ambición ambiental va a suponer una pérdida de competitividad para los profesionales agrarios de España, que nos va a situar en una situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas favoreciendo una competencia desleal desde la propia Unión Europea. Por ello, UCCL exige que se respeten los principios de reciprocidad y no permitir la entrada de producciones que no cumplan las mismas normas y exigencias que nos piden en la Unión Europea.
COAG: «El agricultor profesional sería el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España»
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido a Luis Planas que, con los términos planteados en el documento base de negociación, el agricultor profesional tiene “todas las papeletas” para ser el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España. Así se lo ha traslado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, durante la reunión de las organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar el contenido del Plan Estratégico Nacional de la PAC.
En este sentido, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de «agricultoractivo», que finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante.De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante ( menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales. “Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC; trasvasar fondos de las explotacionesmás grandesa las pequeñas y medianasprofesionales, para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad”, ha destacado Blanco.
COAG ha pedido a Planas que negocie con Bruselas que sólo aquellos cotizantes a la seguridad social agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas, acopladas y ecoesquemas para evitar que los rentistas “metan de nuevo la mano en el bolsillo” a los verdaderos profesionales.
Otro de las losas para los agricultores profesionales viene de la mano de la arquitectura verde de la PAC. La condicionalidad reforzada, que supone mayores exigencias medioambientales y por tanto mayores costes y menos renta, junto con la partida del 23% de las ayudas condicionada a los ecoesquemas, puede lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa. “Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla«, ha subrayado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha recordado que «para recuperar ese 23% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera”.
Además, Blanco ha recordado que no debemos olvidar que el borrador del plan que hay sobre la mesa incorpora de forma literal la hoja de ruta marcada por el Pacto Verde de la UE y las exigencias de la Estrategia de la Granja a la Mesa en lo referente a la reducción de fitosanitarios y fertilizantes en un 50% en el horizonte del año 2030 con respecto al año 2020, incremento de la superficie cultivada en producción ecológica del actual 9% (2020) al 15% en el año 2030, así como medidas adicionales para la conservación del paisaje y mejora del bienestar animal.
Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. “Podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE”, ha puntualizado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha señalado la hipocresía de los mandatarios europeos y estatales: “en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia”. COAG ha pedido a Luis Planas que no abandone la batalla en Bruselas para acabar con esta descabellada situación que supone pérdida de renta agraria y cierre de explotaciones en nuestro país.
