El Congreso de los Diputados ha convalidado, con 179 votos a favor, el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Además, el Congreso también ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley. Esta norma culmina el proceso de modernización del sistema de pensiones, iniciado en 2021, tras la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020.
El proceso de modernización del sistema permite mejorarlo para una gran mayoría social, ya que elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros y, además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes.
El proceso se inició en 2021, tras la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el año anterior. España sostiene que es una reforma sólida que robustece la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo y que avanza en equidad y solidaridad y blinda el poder adquisitivo de los once millones de pensionistas actuales, así como de los futuros, y está acordada y centrada en el refuerzo de los ingresos.
La reforma, trabajada de la mano de Bruselas, refuerza el primer pilar del estado del bienestar, aporta tranquilidad y certidumbre y cumple con todos los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y todas las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Esta norma contiene diversas medidas que completan la reforma del año 2011, blindando la revalorización de las pensiones presentes y futuras. Entre las medidas que incluye está la puesta en marcha de un nuevo marco de revalorización, por encima del IPC, de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y una subida del 10%, adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género.
En el plano de la equidad, el Real Decreto-ley contiene medidas de calado, como la puesta en marcha de un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares. Además, se incluyen mejoras en el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres trabajadoras para reducir la brecha de género por haber sido madres y haber contribuido a la natalidad, contributividad y sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, porque sin nuevos cotizantes el sistema de reparto es inviable.
Contiene medidas para blindar la revalorización de las pensiones, mejorar la equidad del sistema y reforzar sus ingresos
Además, para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social con distintas medidas. En primer lugar, con el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. En segundo lugar, con la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima. Y también se refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que a partir de 2024 crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Este mecanismo sustituye al Factor de Sostenibilidad que estableció la reforma de 2013 y que suponía un importante recorte de la pensión inicial, especialmente de los más jóvenes.
Finalmente, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. Se trata de las prácticas realizadas por alumnos universitarios, tanto las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto. También se incluyen las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. A las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes se les aplicará una reducción del 95%.
Reforma de las pensiones de 2023: Claves y beneficiarios
La modernización del sistema de pensiones blinda el poder adquisitivo de los pensionistas y favorece especialmente a las personas vulnerables, las que tienen carreras profesionales más irregulares, las mujeres y los jóvenes.
Las claves más importantes para entender y comprender el impacto de la reforma de las pensiones de 2023 son las siguientes:
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El refuerzo de los ingresos, la equidad y la solidaridad del sistema de pensiones se basa en cuatro pilares:
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Aumento progresivo de las bases máximas de cotización.
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Establecimiento de una cuota de solidaridad para que la masa salarial quede por encima de la base máxima y, por tanto, exenta de cotización, contribuya a la sostenibilidad del sistema.
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Sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que beneficia específicamente a los jóvenes y aumenta los recursos de la ‘hucha de las pensiones’.
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Un nuevo modelo de cálculo de la base reguladora que permite escoger, sin perjudicar a nadie, entre la fórmula actual (se tienen en cuenta los últimos 25 años) y otra más beneficiosa para los trabajadores con lagunas de cotización (se podrán excluir del cálculo los 24 peores meses de los últimos 29 años), que se aplicará de forma progresiva.
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En cuanto a los principales beneficiarios de la reforma, debe indicarse que los cambios benefician:
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A los jóvenes, al evitar el recorte en sus pensiones que hubiera supuesto la aplicación del factor de sostenibilidad y el 0,25% de revalorización, con una rebaja acumulada del 50% cuando se fuesen a jubilar.
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A trabajadores con carreras profesionales irregulares.
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A las personas con prestaciones más reducidas, al incorporar una mejora progresiva de los niveles de las mínimas contributivas, no contributivas y de viudedad. Para una persona jubilada con cónyuge a cargo, la pensión mínima subirá un 22% en cuatro años y alcanzará los 16.500 euros anuales en 2027.
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A las mujeres, ya que se refuerzan las medidas para acortar la brecha de género en pensiones, mejorando el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres y aumentando el complemento para la reducción de la brecha de género.
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