La Renta Garantizada de Ciudadanía es una pieza esencial del sistema de protección social autonómico de Castilla y León. Consiste en la renta mínima otorgada por la comunidad para aquellas personas en situación de exclusión social y sin empleo que, además, cumplan una serie de requisitos, como el hecho de que los menores a su cargo cursen la enseñanza obligatoria, que estén inscritas como demandantes de empleo o que participen en las acciones formativas que se programen y no rechacen ofertas de trabajo. El pasado año fueron 3.700 los beneficiarios, si bien Castilla y León, además, promueve la inserción laboral directa de las personas que la perciben.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 13.9 contempla, dentro de los derechos sociales, el derecho a una renta garantizada de ciudadanía; estableciendo que tendrán derecho a acceder a la misma los ciudadanos de Castilla y León que se encuentren en situación de exclusión social.
La Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como una prestación social y familiar, de naturaleza económica y percepción periódica cuya finalidad es atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.
La Fundación Red Íncola, integrada en el Tercer Sector e integradora de varias instituciones que tienen en común lo que se entiende por caridad cristiana, desarrolla dos de los itinerarios de empleo financiados con 72.000 euros por Castilla y León. Uno de ellos está destinado a la formación en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia, tanto en instituciones sociales como en el propio domicilio, y el segundo tiene que ver con operaciones de grabación y tratamiento de datos.
En total, en las instalaciones de la fundación se desarrollan 4 acciones de orientación laboral de las 139 aprobadas en la última convocatoria, para la cual se han destinado 2,5 millones de euros cofinanciados a partes iguales por la Junta y la Unión Europea, que beneficiarán a 2.224 castellanos y leoneses.
Uno de los requisitos para acceder a estos itinerarios es ser perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que el objetivo principal que se persigue por la comuniadad es lograr que este colectivo mejore sus condiciones de vida a través de la consecución de un empleo. Desde 2018, se han venido convocando estas subvenciones para entidades del Tercer Sector que promuevan estas acciones por un importe total de 10,7 millones de euros, a través de las cuales se han impulsado 605 cursos para 8.470 personas.
Certificado de profesionalidad
Estos itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral se articulan en grupos de entre 12 y 16 personas –aunque también hay actividades individuales– y se desarrollan durante, al menos, cinco meses.
Un total de 200 horas en las que los usuarios reciben información, orientación laboral y asesoramiento mediante diagnósticos personalizados y planes para cada uno de los asistentes; se les forma en competencias digitales, en el sector económico específico del curso y en formación complementaria –sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades–; y, por último, se realiza el acompañamiento y seguimiento a la inserción, con acciones de entrenamiento y apoyo a la intermediación. Finalmente, se les otorga un certificado de profesionalidad y, en casos como el de Red Íncola, incluye un módulo de prácticas no laborales en empresas del sector con las que la entidad tiene convenio.
Precisamente, en lo que concierne a los cuatro itinerarios que también impartió Red Íncola el pasado año con financiación de la Junta, el 45 % de los 73 participantes encontraron un empleo y, hoy en día, continúan trabajando. Un porcentaje que asciende al 55 % cuando se trata de la formación en atención sociosanitaria.
Desde Castilla y León se promueve y apoya financieramente la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya que es un compromiso y un objetivo prioritario construir una sociedad más justa. Por ello, ser perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía da preferencia a la hora de recibir esta formación, directamente ligada a la búsqueda activa de empleo, ya que un 50 % de las plazas están reservadas para este colectivo.
