La Alianza agraria UPA-COAG alerta a las autoridades competentes de Castilla y León y de España, que mantiene entre sus competencias la alta inspección, que vigilen las actuaciones de los operadores de cereales y de las lonjas provinciales de esta comunidad autónoma para fijar los precios de esos productos en los términos que exige la Ley de Cadena Alimentaria y obliguen a su cumplimiento porque con sus «maniobras están provocando que los cerealistas de nuestra región perciban actualmente precios muy por debajo de sus costes de producción», según ha informado un portavoz de la citada coalición profesional.
«La situación insostenible que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León con precios muy por debajo del coste de producción requiere de actuaciones urgentes y determinantes por parte de la AICA y de los organismos competentes en esta materia. A modo orientativo, el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León, para alcanzar rendimientos en torno a 3.000 kgs/ha, asciende a 810 euros y, por lo tanto, el coste se sitúa en torno a 270 euros/tonelada (tn), cantidad muy superior al precio que está percibiendo el agricultor, en la actualidad, por la cebada, que está en torno a 195 euros/tn, lo cual se traduce, sin ninguna duda, que el agricultor vende su cebada a pérdidas, lo que está taxativamente prohibido por la Ley de Cadena Alimentaria», sostiene el citado portavoz.
Esto significa que los agricultores cerealistas se encuentran frente a un posible y probable incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada por España como instrumento antidumping y, por ello, «exigimos que las autoridades de Castilla y León y de España deben actuar de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los agricultores», defienden desde la coalición profesional agraria.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG pone no tira la piedara y esconde la mano, sino que pone el foco en los operadores de cereales, auténticos responsables directos de la situación actual, al fijar precios, como si constituyeran un oligopolio, muy por debajo del coste de producción, reralizando operaciones en el mercado que llevan a la ruina a los agricultores cerealistas, eslabón más débil de la cadena alimentaria, viéndose indefensos a pesar de que la Ley dice muy claramente que el precio se forme de abajo hacia arriba para evitar el cultivo a pérdidas.
«La nueva Ley obliga a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes del primer eslabón, el de los agricultores. Ese coste cerealista en origen esta última campaña es de aproximadamente 270 euros/tn, y por lo tanto no se está cumpliendo lo que exige la norma. Y el responsable de pagar un precio justo es siempre del comprador, por lo que la protección del eslabón más débil, en este caso del cerealista no se está cumpliendo, por mucho que el ministro Planas sostenga lo contrario, exigiendo al ministro de España que actúe de forma directa y determinante si Castilla y León, a través de su consejero, no lo hace», demandan desde UPA-COAG.
Igualmente, continúa el citado portavoz, «De igual modo, acusa a las Lonjas Provinciales como responsables de marcar unos precios que son la base utilizada por operadores. Por eso, les reclamamos a las Lonjas que marquen precios cumpliendo la Ley o suspendan la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes, igual que hicieron dichas lonjas cuando se dio la circunstancia contraria y no dudaron en suspender las cotizaciones con el alto precio de cereal que perjudicaba a los operadores.»
Por todos estos motivos, desde la Alianza UPA-COAG quieren llegar al fondo del origen de algunos de los problemas del sector agrícola de Castilla y León y también demandamos a los organismos de control de nuestro país que supervisen no solo la mercancía que entra en nuestros puertos, sino que obligue además a que el precio de entrada del grano nunca sea inferior a los precios que reciben los agricultores españoles por su cereal, porque lo contrario sería competencia desleal y estaría atentando contra la propia Ley de Cadena Alimentaria.»
Por último, la Alianza UPA-COAG exige a Castilla y León, a través de sus Cortes, que «dote del presupuesto necesario a su Dirección General de Cadena Alimentaria para que deje de ser una figura decorativa e inoperante, como hasta ahora y que, de una vez por todas, actúe con recursos suficientes para hacer cumplir la Ley con la que se ha dotado a la Cadena Alimentaria y, por lo tanto, desde la Junta se controle, vigile y apoye a los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma.»
