Castilla y León mantiene, como lo ha venido realizando en los últmos año, su compromiso con el transporte público de viajeros por carretera, con la concesión de 23 millones de euros para que las empresas concesionarias de este servicio, considerado esencial en virtud de la Ley 9/2018, puedan afrontar el déficit de explotación correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre del presente ejercicio.
Así, lo adelantó a través de su consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, durante su intervención el pasado 19 de junio en la Asamblea anual de la asociación representante de la patronal del sector en Castilla y León, FECyLBUS, avanzando que la comunidad autorizará esta concesión próximamente, adicionándose a las ya efectuadas los pasados 14 de diciembre de 2023 y 4 abril de 2024 para hacer frente al déficit de los primeros cuatro meses del presente ejercicio 2024, por valor de 11,7 millones, lo que supone que Castilla y León haya destinado, hasta ahora, más de 34,7 millones de euros en la financiación del servicio en lo que va de año.
En concreto, esta subvención va a destinarse a 119 empresas titulares de 234 concesiones y viene a dar cumplimiento a la Ley 9/2018 que, además de declarar el transporte de viajeros por carretera como servicio esencial, especifica que es responsabilidad de Castilla y León asegurar su sostenibilidad financiera, cubriendo, en todo caso, la totalidad de los costes de explotación, independientemente de que el 63% de sus rutas registren menos de 5.000 viajeros al año y que el 90% del total sean deficitarias económicamente.
Otras medidas complementarias: Conseguir conductores y modernización de flotas
Pero esta es sólo una de las medidas que, desde Castilla y León, se vienen adoptando para garantizar un transporte público de viajeros seguro, sostenible y adaptado a las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de la comunidad, por entender que es un instrumento básico para que los ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el medio rural, puedan tener acceso a otros muchos servicios como la educación, sanidad, cultura o actividades de ocio.
Castilla y León destina casi 35 millones de euros, durante 2024, a la sostenibilidad del tranporte público de viajeros
Igualmente, la comunidad ha conseguido ampliar las ayudas para la transformación de flotas, con 1,4 millones más, hasta alcanzar los 30 millones de euros en 2024
Cabe destacar, también, el plan para la modernización de las estaciones de autobuses de titularidad autonómica, que cuenta con más de 40 millones de euros de inversión, con fondos propios y europeos, e incluye las actuaciones que se han llevado a cabo en Salamanca, León, Soria, Ciudad Rodrigo y Palencia, las que están a punto de finalizar en Ávila, las que se están llevando a cabo en Ponferrada, Benavente y Almazán.
Igualmente, las ayudas, por un montante de 300.000 euros, que se han destinado para la formación de conductores profesionales mediante obtención del carné de conducir y/o el CAP (Certificado de Aptitud Profesional), que puede llegar hasta los 1.800 euros y que intenta paliar el déficit de conductores de autobuses, existente en la actualidad, problema que afecta a la Unión Europea con un déficit estimado de 230.000 conductores de autobuses, según el último informe de la IRU (International Road Transport Union).
En el ámbito de la digitalización y descarbonización, Castilla y León tiene dos líneas de subvenciones que están sufragadas con Fondos Europeos. La primera de ellas es la dedicada a la renovación de las flotas. Esta línea contó en un principio con una dotación de 12,4 millones de euros, que, tras la petición de la comunidad, se vio ampliada hasta los 28,6 millones de euros, lo cual permitirá una nueva ampliación de 1,4 millones de euros.
En la actualidad, se han recibido un total de 2.031 solicitudes, siendo la destinada al achatarramiento de los vehículos antiguos, uno de los cinco fines previstos en la convocatoria, la que más interés ha concitado.
La segunda de las líneas dirigidas al sector con financiación europea cuenta con 5,3 millones de euros y es la destinada a la digitalización de las empresas. En este caso, ha registrado 475 peticiones, por valor de 2,24 millones de euros, convocatoria ya cerrada el pasado 30 de junio, por lo que se va a destinar el presupuesto restante a la implantación de marquesinas inteligentes.
