El reciente asesinato de una compañera de Badajoz ha conmocionado a la comunidad de educadores y educadoras sociales y ha evidenciado, una vez más, la grave desprotección en la que nos encontramos quienes trabajamos en el ámbito de la intervención social y los servicios de acogida. Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que ignora las condiciones laborales y la seguridad de quienes desempeñamos una labor esencial para la sociedad.
Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla y León (CEESCYL) expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad con la familia,
amistades y compañeros/as de la profesional fallecida. Al mismo tiempo, denunciamos la falta de medidas estructurales que permitan trabajar con seguridad, recursos adecuados y reconocimiento profesional.
Una situación límite que no es nueva
Es inaceptable que las entidades gestoras y las administraciones públicas continúen fomentando modelos de contratación que infravaloran el papel de los educadores y educadoras sociales, primando el abaratamiento de costes por encima de la calidad de la intervención y la seguridad de los profesionales. La externalización y privatización de los servicios sociales han derivado en la consolidación de convenios que perpetúan condiciones indignas, con plantillas infradotadas, falta de recursos materiales y ausencia de medidas eficaces de prevención y protección ante situaciones de riesgo.
La precarización del sector de la intervención social no es una novedad, sino una realidad que venimos denunciando desde hace años. Entre las principales problemáticas que enfrentamos destacan:
- – Falta de reconocimiento profesional y contratación en categorías inferiores: Se relega la figura del educador/a social para abaratar costes, contratando personal con menor cualificación o incluyendo a educadores/as sociales en categorías laborales más bajas.
- – Condiciones laborales abusivas y desprotección ante agresiones: Horarios extenuantes, ausencia de apoyo institucional frente a situaciones de violencia y miedo a
- denunciar por temor a represalias y despidos.
- – Convenios colectivos insuficientes y acuerdos firmados sin representación real de los profesionales: Las mesas de negociación aprueban condiciones que perpetúan la precariedad y la inseguridad en el sector.
- – Privatización y recorte de recursos: Se prioriza el ahorro presupuestario sobre la calidad de la atención y la seguridad de los trabajadores, lo que repercute en una gestión ineficaz y en situaciones de alto riesgo.
- – Inexistencia de protocolos de seguridad adecuados: No se garantiza un número mínimo de profesionales por turno, lo que pone en peligro tanto a los trabajadores como a las personas atendidas.
- – Falta de formación y apoyo psicológico para el personal: La intervención social con colectivos en situaciones de alta vulnerabilidad requiere formación continua en gestión de conflictos, desescalada de violencia y autoprotección, que muchas veces no se ofrece o no se implementa de manera efectiva.
Exigimos medidas urgentes
Desde el CEESCYL instamos a las administraciones competentes, sindicatos y entidades del sector a tomar medidas inmediatas para dignificar la profesión y garantizar la seguridad de los y las educadoras sociales y REIVINDICAMOS:
? Garantía de condiciones laborales justas y seguras: Exigimos la mejora de los convenios colectivos y la regularización del sector para evitar la contratación de profesionales con categorías laborales inferiores a las que les corresponden, así como la contratación de otros perfiles con el único objetivo de reducir costes salariales.
? Refuerzo de la seguridad: Implementación de protocolos efectivos de prevención y actuación ante situaciones de riesgo.
? Aumento de profesionales: es fundamental la dotación de personal suficiente en cada turno para garantizar la seguridad tanto de los profesionales como de las
personas atendidas.
? Reconocimiento profesional y respeto a los derechos laborales.
? Revisión de la política de contratación: Es imprescindible garantizar que los puestos de intervención directa con colectivos vulnerables sean cubiertos por personal cualificado, con la formación y competencias adecuadas, evitando que la precarización del sector afecte a la calidad del servicio y a la seguridad de los trabajadores.
Por tanto revisar y definir las funciones y requisitos de cada puesto de atención directa, educadores sociales, auxiliares, cuidadores, monitores para garantizar la idoneidad del personal que trabaja con infancia y adolescencia.
? Compromiso institucional para la erradicación de la violencia contra los profesionales: Exigimos un posicionamiento claro y firme de las administraciones en la persecución y condena de agresiones a educadores y educadoras sociales, garantizando el apoyo jurídico y psicológico a las víctimas.
? Formación continua.
? Revisión de la idoneidad de los recursos donde se lleva a cabo medidas judiciales de los adolescentes para dar respuesta acorde a la realidad actual.
Este suceso, como tantos otros que han quedado en el silencio, es la consecuencia de decisiones políticas y de gestión que han convertido la intervención social en un sector precarizado y vulnerable.
Demandamos actuaciones muy concretas y desde el colectivo profesional llevaremos a cabo acciones para visibilizar esta problemática, exigir cambios y defender los derechos de los educadores y educadoras sociales, denunciando ante las instancias necesarias la negligencia estructural que ha permitido que se llegue a este punto.
Por justicia. Por dignidad. Por una profesión, por educación social segura y reconocida.
Colegio Profesional de Educadores y Educadoras de CyL
Algunos datos sobre el CEESCYL
El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León es una corporación de derecho público cuya misión es responder, eficaz y creativamente, a las necesidades de los/as profesionales de la Educación Social en Castilla y León y ordenar el ejercicio de la profesión, velando por su calidad. Con ello, se garantiza y legitima ante la ciudadanía, entidades públicas y privadas el ejercicio de la acción socioeducativa que llevan a cabo estos/as profesionales.
