Castilla y León y la provincia de Valladolid suman esfuerzos para atender y cuidar a las personas con discapacidad en el medio rural

La Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad es un instrumento a través del que las administraciones públicas garantizan la plena atención de los miembros de este colectivo que residen en pequeñas poblaciones. Se trata de una organización encabezada por la Diputación de Valladolid, pero en la que Castilla y León juega un papel fundamental, ya que financia buena parte de los recursos y servicios que se prestan a estas personas en el medio rural, aportando 3,3 millones de euros en los últimos 4 añosd. De esta red, también, forman parte los ayuntamientos y varias entidades del Tercer Sector.

 

En el edificio PRAE de Castilla y León, ubicado en Valladolid, se ha celebrado el 14º Encuentro de personas con discapacidad para conmemorar el cuarto de siglo de trabajo de esta Red. La provincia de Valladolid, a través de su diputación, lleva 25 años prestando servicios de calidad y cercanos a este colectivo en el ámbito rural, como sucede en municipios como Cigales, Íscar, Medina de Rioseco, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de Duero o Villalón de Campos, que han estado presentes en el encuentro.

 

Unas actuaciones que se llevan a la práctica siempre de la mano de las entidades del Tercer Sector que trabajan con las personas con discapacidad, como Fundación Personas, El Puente Salud Mental Valladolid y Fundación Intras, presentes en el evento. Esta Red está integrada por 17 centros de atención ubicados en una decena de municipios de la provincia de Valladolid. De ellos, uno es un centro de día y tres son viviendas tuteladas.

 

En una comunidad donde casi la mitad de la población vive en el medio rural y un 33% en municipios de menos de 5.000 habitantes —2.188 de los 2.248 municipios de Castilla y León tienen una población inferior a dicha cifra—, estos servicios son esenciales.

 

Castilla y León cofinancia la labor de la Red con 819.398 euros anuales —3,3 millones en total para cuatro años—, un 33,3% de su presupuesto, a través del Acuerdo Marco para la financiación de los Servicios Sociales 2024-2027. Un instrumento por el que Castilla y León aporta 54,2 millones de euros a la provincia de Valladolid. La cuantía total con la que la comunidad financia los Servicios Sociales a las entidades locales —municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones— con competencias en la materia es de 730 millones para cuatro años.

 

Los dos grandes servicios que presta esta Red son claves para la promoción de la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad que residen en el medio rural.

 

El primero de ellos es el de atención residencial, vivienda y centros de día, para el que la Junta aporta 2,4 millones de euros para el periodo cuatrienal establecido, 605.418 euros al año.

 

El segundo de ellos agrupa todo el conjunto de programas que, de manera particular, ha puesto en marcha la Diputación de Valladolid, con los que se desarrollan actuaciones de prevención de la dependencia en la población con discapacidad menor de 65 años, apoyado por Castilla y León con 213.980 euros anuales, lo que hace un total de 856.000 euros para el periodo 2024-2027.

 

Se trata de una serie de talleres prelaborales a través de los cuales los usuarios se orientan hacia un oficio con posible salida laboral —por ejemplo, a través de un centro especial de empleo— o trabajan en habilidades sociales y ocupacionales, promoción de hábitos saludables, así como de relación con el entorno, con el objetivo de promocionar la autonomía personal, el bienestar y la plena inclusión. De este modo, vivir en el medio rural no supone un obstáculo para que las personas con discapacidad aprendan y, sobre todo, socialicen.

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