En la UE se está debatiendo un nuevo enfoque de los viajes combinados. En el caso de que se apruebe la norma que se está tramitando en el Parlamento Europeo, la revisión de la Directiva de Viajes Combinados, una norma clave que podría transformar por completo la protección del pasajero y el modelo de negocio del sector, constituyendo un hito para las agencias de viajes en Europa.
El corazón de la discusión gira en torno a dos ejes fundamentales:
- En primer lugar, una redefinición del concepto de «paquete turístico», que hasta ahora cubría servicios vinculados tradicionales, como transporte y alojamiento combinados. La comisión IMCO (Mercado Interior y Protección del Consumidor) propone que también se incluyan transacciones realizadas en el mismo sitio web dentro de un plazo de 72 horas, lo que implica que la compra de entradas o experiencias complementarias podría considerarse como parte de un viaje combinado, obligando a las agencias a ofrecer reembolsos si estos productos no se consumen.
- En paralelo, la propuesta legislativa introduce límites más estrictos sobre los pagos anticipados —fijándolos en un máximo del 25 %— y amplía la noción de “circunstancias extraordinarias” que permiten cancelar viajes sin penalización. Esta ampliación incluiría factores como el lugar de residencia del viajero o su origen al iniciar el viaje, lo que añade complejidad a la hora de definir cuándo se aplican estas exenciones.
Desde el sector, la respuesta no se ha hecho esperar. La ECTAA (Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores) y ACAVE (Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas) han expresado su fuerte rechazo, argumentando que el borrador del informe ignora preocupaciones esenciales del sector y genera una gran incertidumbre. En particular, advierten que limitar los pagos anticipados elevaría la carga financiera de los organizadores, quienes ya cuentan con mecanismos de garantía para proteger a los clientes ante insolvencias.
En España, la visión es igualmente crítica. Según Ana Barluenga, directora jurídica de CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes), de concretarse estas propuestas, se abriría la puerta a una inseguridad jurídica significativa, con costos financieros desproporcionados que golpearían con más fuerza a las microempresas y pymes del sector.
Más allá del debate técnico, este proceso marca un momento definitorio para la intermediación turística, porque la norma busca reforzar los derechos del consumidor frente a cancelaciones, quiebras y cambios imprevistos, estableciendo un marco más equitativo. Pero, al mismo tiempo, amenaza con erosionar el margen de maniobra y encarecer la operativa diaria de las agencias.
Las implicaciones va más allá de esta semana, pues tras las deliberaciones actuales se abrirá un nuevo ciclo de negociaciones durante el otoño, bajo la presidencia danesa de turno, con el objetivo de cerrar acuerdos definitivos.
En medio de esta coyuntura, las agencias se preparan para una batalla legislativa que definirá el futuro de los viajes combinados y condicionará el equilibrio entre protección al viajero y viabilidad comercial. El resultado del debate de esta semana podría redefinir el papel de la intermediación en el turismo europeo y sentar precedentes para la regulación del sector en los próximos años.
