La Comisión Europea (CE) de la Unión Europea (UE) ha propuesto al Consejo y al Parlamento Europeo (PE) retirar la prohibición total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción limitada de este tipo de automóviles, siempre que no supere el 10 % de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. La iniciativa responde a las demandas de flexibilización planteadas por la industria del automóvil y por Alemania, aunque se aleja de la posición defendida por España y Francia, partidarias de mantener los objetivos inicialmente pactados.
Indudablemente, esta noticia, si se aprueba la propuesta, que al estar Alemania parece que, aunque sea con dificultades, saldrá adelante, va a beneficiar al sector de la automoción de Castilla y León a corto y medio plazo, consitituyendo una bocanada de oxígeno para el sector permitiendo sobrevivir la capacidad productiva de las marcas multinacionales con establecimientos en la comunidad – Renault, en Valladolid y Palencia; Iveco, en Valladolid y Nissan, en Ávila -, sin olvidar a las empresas auxiliares productoras de componentes para las fábricas de aquéllas.
No puede olvidarse que el sector de la automoción en Castilla y León es un pilar fundamental de la economía regional, generando más de 40.000 empleos directos y contribuye con aproximadamente el 10% del PIB de la comunidad.
Igualmente, esta demora en el cumplimiento del objetivo de sustitución del vehículo de combustión por el vehículo eléctrico, permitir llegar al año 2050 en una buena posición al sector de la automoción con combustibles fósiles de Castilla y León, dada la capacidad para generar energía con fuentes alternativas al petróleo, como la eólica, la fotovoltáica, la hidráulica o las otras fuentes más subsidiarias, nada desdeñables, como la biomasa, los biocombustibles o el incipiente desarrollo de la energía con hidrógeno.
No obstante, debe reconocerse que tanto la red de electrolineras para los consumidores finales como las baterías necesarias para disponer del stock de garantía de la energía eléctrica que asegure la nueva movilidad se encuentran en una situación incipiente o inexistente, lo cual afloja el nudo gordiano que tiene el sector de la automoción europea y, por ende, de Castilla y León que corre el riesgo de desaparecer con el enorme problema de empleo y deseconomías que se generarían, si se sigue manteniendo la rigidez del objetivo de 2035, que ya está a la vuelta de la esquina porque una década no es nada.
La propuesta presentada por Bruselas constituye un primer paso que deberá ser negociado aún con el Consejo y el Parlamento Europeo antes de su adopción definitiva. Según fuentes comunitarias, cualquier margen concedido deberá ser compensado íntegramente por los fabricantes mediante créditos asociados al uso de acero verde producido en la Unión Europea o al empleo de biocombustibles.
La CE subraya que esta flexibilización no cuestiona el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. En este contexto, los fabricantes deberán cumplir en 2035 una reducción del 90 % de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión, manteniendo intacto el marco general de descarbonización del sector.
La institución ejecutiva europea defiende que el margen del 10 % permitirá que, junto a los vehículos eléctricos y de hidrógeno, sigan teniendo un papel relevante otras tecnologías como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y determinados modelos con motor de combustión interna, en línea con las peticiones de la industria automovilística.
Apoyo al sector del automóvil europeo, por tanto, al sector de la automoción de Castilla y León
La supresión del veto total en 2035 se integra en un paquete más amplio de apoyo al sector del automóvil que se ha definido como un salvavidas para la industria europea. Este conjunto de medidas incluye también flexibilidades específicas para las furgonetas, con una trayectoria revisada y un nuevo objetivo para 2030, así como ajustes regulatorios para los camiones.
La propuesta comunitaria plantea la combinación de varios elementos como la simplificación normativa, flexibilidad regulatoria, preferencia europea, apoyo específico e innovación, con el objetivo de restaurar el liderazgo de la industria automovilística europea y, al mismo tiempo, mantener el rumbo de la transición climática global.
Entre las iniciativas destacadas, figura la creación de una categoría específica de coches eléctricos pequeños y asequibles de producción europea, que se beneficiarán de una mayor flexibilidad normativa y de facilidades regulatorias para impulsar su despliegue en el mercado.
Por su parte, desde el área de Economía de la CE, se ha advertido de que el sector del automóvil europeo y, por tanto, el sector en Castilla y León, “se encuentra en una encrucijada” y se ha reclamado actuar con rapidez “para garantizar que esta industria forme parte activa del futuro industrial de Europa y no quede relegada a un papel meramente histórico.”
Inversión en baterías y simplificación normativa
La propuesta comunitaria también contempla una modificación específica de las normas de emisiones de CO2 para los vehículos pesados, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030. En el caso de las flotas corporativas, se establecerán objetivos obligatorios a nivel nacional para impulsar la adopción de vehículos de cero y bajas emisiones por parte de las grandes empresas.
No obstante, desde la CE se reconoce que la relajación de los objetivos regulatorios no será suficiente por sí sola para reactivar el sector. Se insiste en que las dificultades de la industria automovilística europea responden a una combinación de factores, como una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional que considera, en algunos casos, desleal, entre otros.
En este contexto, Bruselas ha retomado el compromiso de destinar 1.800 millones de euros a un plan específico para la producción de baterías para vehículos eléctricos, con el objetivo de acelerar el desarrollo de una cadena de valor de baterías íntegramente producida en la Unión Europea. A ello se suma una apuesta por la simplificación legislativa para reducir la carga burocrática y los costes de adaptación del sector, mediante la revisión de la normativa secundaria prevista para los próximos años.
En resumen, la CE mantiene su compromiso con una regulación clara, predecible y favorable a la inversión, destinada a reforzar la competitividad del sector automovilístico europeo en un contexto de transformación industrial y energética.
