Uno de los principales problemas de Castilla y León es el demográfico, en una doble vertiente: la despoblación de sus pueblos ante la falta del dinamismo socioeconómico necesario para que permanezca la población autóctona; y el consiguiente envejecimiento, consecuencia y causa al mismo tiempo, consecuencia del nuevo éxodo rural del siglo XXI de la población más joven y poencialmente reproductora, y causa, ya no de la atonía que denunciaba en los años 80 del siglo XX pasado, el geógrafo y profesor García Fernández, sino de la agonía de muchos de los pueblos de Castilla y León, con la pasividad e inacción de los responsables políticos y con la connivencia de algunos operadores científicos, los gurús, que están colaborando a ello con una visión absolutamente miope e interesada en que esto suceda, justificando su posición con el señuelo del reciente crecimiento demográfico de los principales núcleos urbanos, no los rurales.
Ante esta doble problemática, que va destrozando, lenta pero inexorablemente el tejido celular, natural y humano, de Castilla y León, hace algunos años los responsables políticos destinaron una partidita a las personas que se establecieran en el medio rural siempre que fueran localidades inferiores a 20.000 habitantes, para fijar población en dicho medio rural, junto a otras ayudas complementarias como el fomento de construcción de nuevas viviendas, muy pocas, o la solución más reciente de rehabilitar edificios para viviendas asequibles, que no consiguen siquiera paliar estas gravísiamas consecuencias por el efecto futuro que va a desencadenar: La desaparición de los pueblos más pequeños y mas aletargados muriendo agónicamente.
Además, Castilla y León presenta otra condición desfavorable, que dificulta la aplicación de cualquier solución en su medio rural, siendo rigurosos: Su extensión y la dispersión demográfica que es otro reto que ha de afrontarse no con soluciones parcheadas como el transporte a demanda sino con verdaderas inversiones en el factor humano.
Pero esas dificultades pueden superarse con dinero y ganas por sacar adelante al medio rurual. ¿Quien puede correr la aventura de asentarse en una localidad pequeña por 2.000 euros si tienes hijos o por 1.000 euros si no los tienes? Solo el planteamiento es insultante. Pero siguen erre que erre con estas raquíticas ayudas que no sirven ni para pagar la luz anual. Seamos serios, el desembolso total durante 2025 no llega ni a 100.000 euros.Ah, que es que venimos con un presupuesto prorrogado porque no se tiene mayoría suficiente para haber aprobado por los procuradores un presupuesto, nuevamente, aunque eso sí, lo han presentado, a modo de programa electoral, y han compartido con los grupos parlamentarios su contenido a ver si se ablandaban y lo apoyaban. ¿A dónde vas Castilla y León con estos representantes, todos, los que gobiernan y los que no? Ni siquiera han utilizado el cebo electoralista de ofrecer el oro y el moro a cambio de votos, claro que si vienen de otras comunidades y territorios no pueden votar, claro.
Pues bien, durante este 2025 se han otorgado 58 ayudas. Es decir, más de medio centenar de familias que vivían en otra comunidad autónoma han trasladado su residencia a un municipio castellano y leonés de menos de 20.000 habitantes. De ese total, 42 tiene hijos, por lo que generan el derecho a percibir la cuantía máxima de 2.000 euros. El resto de las familias recibe 1.000 euros cada una.
Algunos de los traslados de la última concesión se han realizado a localidades como Sepúlveda (Segovia), La Bañeza (León), Arévalo (Ávila) o Lumbrales (Salamanca), entre otras.
El objetivo de Castilla y Leon es atraer población de otras comunidades autónomas españolas a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Quedan excluidos, por tanto, los núcleos poblacionales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León) y Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid) y, por supuesto, se excluyen las 9 capitales de provincia.
Se trata de una ayuda que se concede de manera directa a las familias que se trasladen por estricto orden de presentación, cuyo plazo es de un mes desde la fecha de empadronamiento en un municipio castellano y leonés. El propósito es fijar población de manera sostenida siempre a través de subvenciones que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros, siempre y cuando los solicitantes cumplan con una serie de requisitos.
El primero de ellos es el traslado de la residencia habitual de la unidad familiar a un municipio del medio rural castellano y leonés, con su correspondiente empadronamiento, siempre y cuando proceda de otra comunidad autónoma distinta o de una de las dos ciudades autónomas, y que esa residencia previa se haya prolongado durante, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. Además, todos los miembros de la familia deberán haberse empadronado en el mismo domicilio de una localidad de Castilla y León, dentro del periodo que establezca la convocatoria. Este empadronamiento deberá mantenerse un mínimo de dos años desde que se conceda la subvención.
Los solicitantes no pueden haberse beneficiado de las ayudas del programa ‘Pasaporte de vuelta’ –concedida por la Junta a castellanos y leoneses o con ascendencia en la Comunidad para facilitar su retorno– u otras ayudas autonómicas con los mismos fines. Encima, con condiciones, rigidez, rigidez y rigidez porque hay que ser jurídicamente justos y seguros, claro, salvo para las excepciones que ellos consideren idóneas y oportunas. ¡Vaya dos adjetivos, lo que llaman los juristas vaya dos conceptos jurídicos indeterminados!
Otro de los requisitos está relacionado con el empleo: al menos uno de los miembros de la familia debe desarrollar una actividad profesional en Castilla y León, sea por cuenta propia o ajena –debe estar dado de alta en la Seguridad Social–, una condición que se considerará cubierta en caso de teletrabajo siempre y cuando dicho régimen esté acreditado por el empleador.
Si algún integrante de la unidad familiar está en edad de escolarización obligatoria, esta deberá haberse realizado en un centro escolar de la comunidad.
Por último, toda la familia ha de estar dada de alta en el sistema autonómico de salud y, por tanto, contar con la correspondiente tarjeta sanitaria.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, es de 1.000 euros para las familias sin hijos y de 2.000 para aquellas con hijos menores o en guarda adoptiva a su exclusivo cargo.
En el caso de las familias compuestas por dos o más hermanos, la ayuda es de 1.000 euros si todos alcanzan la mayoría de edad y de 2.000 si aún hay alguno que aún es menor.
