La prestación económica no contributiva – financiado por el PGE y no por el presupuesto de la Seguridad Social – del Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en 2020 por España, que entró en vigor el 1 de junio de 2020, y se incardinó dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, sustituyó a los distintos tipos de rentas mínimas de inserción (RMI) que las comunidades autónomas (CCAA) habían diseñado en el marco de sus respectiva política social pública que ejecutaban con la colaboracion de las entidades locales.
Pues bien, en los tres últimos años -desde la implantación del IMV-, se han reducido más de 170.000 beneficiarios, y trece CCAA han disminuido su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). Castilla y León tan solo gasta a cargo de su presupuesto el total de RMI abonada al 1,2% de la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza lo cual supuso liberar recursos para destinarlos, se presume, a las partidas de la política pública social y de servicios sociales para los más necesitados.
Resulta ser un dato muy revelador, dado que desde que existe el IMV, Castilla y León haya reducido el gasto en concepto de RMI en un 80,7%, siendo la 4º comunidad autónoma que más ha reducido el gasto, lo cual puede ser un indicador del nivel medio de renta en Castilla y León al existir una gran cantidad de personas realmente vulnerables y necesitadas por encontrarse por debajo del umbral de la pobreza frente por ejemplo a la mínima reducción del gasto en RMI de comunidades con mayor nivel de renta como el País Vasco o la Comunidad Valenciana.
Así se desprende del Informe Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011 – 2024).
Los datos de reducción del gasto en RMI derivados del citado informe son claros:
- Madrid (-95%) y Aragón (-92,6%) lideran esta reducción del gasto. Les siguen Castilla – La Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).
- En el otro extremo, sólo cuatro comunidades aumentan su presupuesto: Canarias (139,1%), Baleares (58,4%), Comunidad Valenciana (8,7%) y País Vasco (4,7%).
- En tres Comunidades las RMI ni siquiera alcanza al 1% de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla – La Mancha (0,1%), Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%); y otras dos no llegan al 2%: Castilla y León (1,2%) y Murcia (1,3%). Por otro lado, la cuantía media de la RMI de Aragón no llega al 1,5% de la Renta media de la Comunidad.
- 6 de cada 10 titulares de RMI son mujeres, el 23,4% son menores de 35 años y hay más de 87.000 menores en familias que perciben la RMI.
Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2023, que ha hecho público España a través de su Ministerio de Derechos Sociales.
La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las CCAA supone que, en los tres años posteriores a la entrada en vigor del IMV, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global, o quizás ahorro para las arcas autonómicas, de casi 400 millones de euros.
Sólo el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las CCAA. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020).
Pobreza y exclusión social son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores personales que dificultan la integración. Por eso la aprobación del IMV, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las Comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas.
Solamente 4 CCAA han incrementado el gasto en RMI: Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco
Sólo 4 comunidades han aumentado la inversión en RRMM desde el año 2020. Canarias con un aumento del 139,1% y Baleares (88,4%) encabezan el aumento de la inversión. La Comunidad de Madrid ha dejado de invertir casi 130 millones de euros, reduciendo su inversión en un 95%. Le sigue Aragón con una reducción del 93%.
Desde el año 2020 se han reducido un 33,1% las personas perceptoras de Rentas Mínimas. En esta reducción destaca Madrid con una reducción del 95,3%, Castilla – La Mancha donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios, Andalucía (-87,2%) y Castilla y León (-81,7%).
Sólo 3 comunidades han aumentado el número de perceptores en este período. 4 de cada 5 personas perceptoras de Rentas Mínimas se encuentran en 5 comunidades: Valencia, País Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias.
También, este aspecto encubre diferencias extremas: 2 comunidades, País Vasco (62,9%) y Navarra (35,4%), destacan con porcentajes que superan o se acercan al 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza, lo que indica la capacidad de estas comunidades autónomas para paliar económicamente los efectos dela pobreza. Sin embargo, en 3 Comunidades las RMI ni siquiera alcanzan al 1% de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla – La Mancha (0,1%), Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%); y dos Comunidades más no llegan al 2%: Castilla y León (1,2%) y Murcia (1,3%), esto es, en las comunidades con menor renta, con la excepción de la Comunidad de Madrid que integra el selecto club de comunidades más ricas, con sus propios recursos atienden mediante la RMI a muy pocas personas que se encuentran por debajo del nivel de la pobreza.
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en nuestro país. También en este aspecto las diferencias entre Comunidades son extremas. Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%), Cataluña (18,8%) y Canarias (18,1%). Las que menos, Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y, el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus RMI sólo representa el 1,4% de la renta media de los hogares de su territorio.
Si analizamos conjuntamente las personas perceptoras de IMV y RRMMII, estimamos que 1.454.271 personas las reciben por encontrarse en una situación de pobreza (excluyendo las que perciben el IMV por tener el complemento de Infancia).
En el siguiente gráfico, se observa como los perceptores de IMV van en aumento mientras que los de RRMM disminuyen, lo cual puede ayudar a deducir que las comunidades autónomas han experimentado un alivio en su esfuerzo presupuestario del gasto social, desde la absorción de la RMI por el IMV.
El estado de la pobreza de Castilla y León en 2025 realizado por la red European Anti-Poverty Network España (EAPN-ES)
- Evolución de la pobreza y de la exclusión social 2008-2024 en Castilla y León
Castilla y León arrastra ciertos problemas que empañan su situación. Por un lado, la pobreza y exclusión social se extiende entre niñas, niños y adolescentes, como así lo muestran los incrementos medidos este año en las tasas AROPE, de pobreza, pobreza severa y carencia material y social severa. En segundo lugar, en 2024 la brecha de género persiste, tanto en el indicador AROPE, como para sus tres componentes.
- Tasa de pobreza
Ítems de carencia material y social severa
- El alcance de las prestaciones sociales
- Prestaciones de protección a la familia, es decir, los ingresos por maternidad o cuidado de menores o personas mayores.
- Prestaciones de garantía de renta, esto es, ingresos por asistencia social como el ingreso mínimo vital (IMV), las rentas mínimas de inserción (RMI), etc.
- Ayudas a la vivienda, es decir, los ingresos para hacer frente a los gastos totales relativos a la vivienda.
