Castilla y León, a través de su Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, ha concluido la primera parte del análisis de la solicitud de registro del nombre Cristal de La Granja, como Indicación Geográfica de Productos Artesanales (IG) que la Fundación de la Real Fábrica de Cristales ha instado para conseguir este reconocimiento europeo.
El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) ha publicado ya el registro de la solicitud del Cristal de La Granja como primera Indicación Geográfica de Productos Artesanales de España.
En diciembre del pasado año 2025, entró en vigor la nueva regulación europea de indicaciones geográficas -Reglamento (UE) 2023/2411-. Por primera vez, se establece un sistema uniforme de protección de Indicaciones Geográficas (IG) para productos artesanales e industriales, equiparándolos al nivel de reconocimiento jurídico del que ya disfrutan los alimentos y bebidas con indicación geográfica.
Con este nuevo marco, se fomenta el vínculo entre determinados productos y su territorio, reforzando la protección de técnicas, tradiciones y conocimientos transmitidos durante generaciones. Por ello, Castilla y León ha concluido la primera fase del trámite para que Cristal de La Granja consiga el sello europeo de Indicación Geográfica de Productos Artesanales, solicitado por la Fundación de la Real Fábrica de Cristales.
El procedimiento de registro de una indicación geográfica de productos artesanales e industriales consta de dos fases: la primera de ellas a nivel nacional, pasando posteriormente a una segunda fase a nivel de la Unión Europea.
El nombre para el que se solicita la protección que confiere su registro como indicación geográfica, ‘Cristal de La Granja’, se refiere a un producto cuyo origen geográfico se circunscribe al ámbito territorial autonómico de Castilla y León, en concreto al municipio del Real Sitio de San Ildefonso – La Granja (Segovia).
Con la publicación en el BOPI de esta solicitud de registro, la primera que a nivel nacional alcanza esta fase, se abre un plazo de dos meses para que toda persona que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en España pueda formular aquellas consideraciones para su examen por la autoridad autonómica competente.
