La era de las comunicaciones, de algún modo, de muchos modos, facilita la aplicación del artículo 20.1.a de nuestra Constitución. Son tan democráticas las redes que a todos nos permiten expresarnos a nuestro antojo, decir lo que pensamos y opinar sobre lo divino y lo humano. Y todo ello sin límite de espacio y tan gratis, ya me entiendes, como la sanidad o la educación.
Así, puedes publicar un artículo sobre las avutardas, criticar al alcalde de tu pueblo, hacer la reseña de un libro o insultar al presidente del Gobierno de España. Por lo que vemos, ninguna de esas intervenciones en la red tiene consecuencias para quien las publica.
Puedes hacerlo si eres pobre o terrateniente, funcionario o mediopensionista, alicatador o ingeniero aeronáutico, corsario o letra mayúscula de la Real Academia. Y esto, se me antoja, no deja de ser lo más democrático en cuanto a libertad de expresión. Todos, siempre que quieran, sin lindes, sin discriminación.
No están exentos de este derecho, ¡Dios nos libre!, los alcaldes y concejales, los procuradores, los diputados provinciales y nacionales, los senadores; nadie. Por eso, cada uno, cada una, cuando tiene a bien, se manifiesta como se le antoja, incluso mostrando a veces sus intervenciones en las cámaras, pero no las respuestas a esas intervenciones.
Tan solo hay una excepción a esa regla democrática: una persona a la que, por lo que sea, se le ha señalado por ejercer ese mismo derecho cuando le ha apetecido y como le ha apetecido. Y a diario ha recibido críticas, también muy democráticas, por hacer uso de este derecho; críticas que no pocas veces incluyen insultos, mentiras y otras bondades. A los primeros respondió con una ironía que no se acepta como democrática; a las segundas, con datos, y a las terceras, con bloqueos.
Pues bien, aún no sabemos por qué se le negó este derecho, por qué se criticó su actividad en las redes y por qué, ¡a eso voy!, se recurre a esta censura velada en determinados momentos, en lugar de atenerse a las normas que nos hemos dado. Todos deberíamos denunciar aquellos comportamientos inadecuados de cualquier persona en el ejercicio de su función pública, de cualquiera. Porque, ¿tengo yo, como funcionario, que dar explicaciones de lo que hago con mi tiempo libre, en mi casa, en mi cama? Y, por supuesto, atenerme a los posibles comentarios y críticas y, a partir de ahí, actuar como me plazca, como hacen todos los ciudadanos. Lo que no entendería es que se juzgase mi rendimiento en función de mi actividad en las redes, en el parque o en la ópera.
En la Edad Media —algunos no pasan de nivel—, se marcaba con el sambenito, para su deshonra, a quienes, según la democrática Inquisición, habían cometido un delito contra la fe católica. No se trataba solo de señalarlos, sino de humillarlos a ellos y a todos sus descendientes. Esto mismo sucede con el único ciudadano al que, de existir el Índice de libros prohibidos, no se le permitiría ejercer un derecho constitucional.
Alguna razón deben de tener nuestros vecinos censores para coger el rábano por las hojas y quedarse en la anécdota, citando tal o cual frase del ministro sin contexto y con premeditación. Porque, si pasearan por sus muros, observarían no poca información sobre el trabajo de su ministerio, su dedicación mientras otros andan a setas y a votos o su relación directa con el ciudadano.
¡Cuánto agradeceríamos que todos los responsables públicos mostraran sus agendas, sus sueldos, sus ideas y proyectos! ¡Cuánta confianza nos daría poder hablarles de tú a tú, como al ministro Puente, y que nos respondieran sin necesidad de formularios con póliza incluida! ¡Eso sí es democratizar, eso sí que es agilizar, eso sí que es eliminar burocracia! Y no pocas veces ha sacado de apuros a ciudadanos a través de la red. ¿No es eso ser político? ¿Dar solución a un problema, sea serio o nimio, en el momento?
Puede que el ministro Puente haya dedicado a las redes, es una suposición, el tiempo que otros dedican a transitar por tabernas y restaurantes o a procesionar con todas las vírgenes de su comarca.
Porque se empieza criticando por opinar en las redes y se acaba preguntando, ¡en el Congreso!, qué hacía el ministro con su tiempo libre y con su dinero en un partido de rugby, quien, como todos los ciudadanos, tiene derecho a la intimidad, a circular por el territorio nacional y a disfrutar de su tiempo libre como tenga a bien.
Pero, más allá, o más acá, todo esto afecta al nivel que muestran quienes más reprochan cuando tienen sus muros cerrados a la opinión de los ciudadanos. ¡No vaya a ser que les saquemos las vergüenzas!
Estaba este artículo sin cerrar y, ¡fíjense!, lo acaba de cerrar el propio ministro. Solo he tenido que cambiar el tiempo de los verbos. A ver, ahora que no han venido los bárbaros. qué hacemos sin ellos. Quizás, dice Kavafis, “eran una solución”.
Javier S. Sánchez
Escritor
