Tras el amplio respaldo por parte de los trabajadores de las condiciones del plan de competitividad para la empresa, los comités de empresa y sindicatos de las fábricas del grupo Cerealto Siro en Castilla y León y los representantes del grupo inversor han ratificado el acuerdo en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un acto que ha contado con la presencia de la titular del ministerio, Reyes Maroto del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y de los alcaldes de Aguilar de Campóo (Palencia), María José Ortega; de Toro (Zamora), Tomás del Bien; El Espinar (Segovia), Javier Figueredo y de la localidad de Venta de Baños (Palencia), José María López y también el presidente y fundador de Cerealto Siro, Juan Manuel González Serna.
La ministra, que se ha mostrado «enormemente satisfecha» con este acuerdo, ha destacado que «brinda una oportunidad para un futuro industrial para la empresa y garantiza un futuro laboral para 1.700 familias. Además, este acuerdo es un buen ejemplo de apuesta por las oportunidades y el futuro de la España rural, en este caso de Castilla y León, una de las prioridades que tiene el Gobierno de España».
Según ha detallado Maroto a los medios, «desde el primer momento, cuando empezamos a negociar con inversores una solución para la empresa, nuestra prioridad siempre ha sido garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales y el acuerdo suscrito hoy recoge gran parte de las reivindicaciones de los trabajadores, entre ellas recuperar la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios como consecuencia de la contención salarial y las bajas incentivadas».
Por su parte, Castilla y León, a través de su gobierno, ha estado trabajando durante meses para mantener la actividad industrial de una empresa estratégica para la comunidad. La creación de un entorno favorable entre todas las partes implicadas ha sido uno de los objetivos para evitar la pérdida de empleo que habría implicado el cierre de la empresa galletera. La labor coordinada entre las consejerías de Industria, Comercio y Empleo; Economía y Hacienda; y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha sido clave para que el inversor retomara las negociaciones para optar así por su entrada en el accionariado de Ceralto Siro Foods.
Los representantes públicos de Castilla y León, con su presidente al frente, han celebrado el anuncio del acuerdo que permitirá mantener la actividad de las fábricas de Siro y los más de 1.700 puestos de trabajo que dependen de la galletera, «apostando por el rescate de una empresa que es referencia y seña de identidad de la economía de nuestro territorio se encuentre mucho más cerca», según ha manifestado el consejero Veganzones, en nombre de Castilla y León.
Un plan de viabilidad de futuro
El documento, que incluye el compromiso de mantenimiento del cien por cien de los empleados fijos, contempla, además, una mejora al final del cuarto año para compensar con un 8% del salario a los trabajadores de todas las plantas que durante dicho periodo hayan conservado los niveles de producción obtenidos el año 2021. Lo que supone la recuperación de toda la deducción salarial acordada para el período del plan de competitividad, y un exceso adicional de un 2%.
Dentro del plan de competitividad para las fábricas de Toro, Venta de Baños y Aguilar de Campoo y del centro especial de empleo y El Espinar, los nuevos inversores se comprometen a invertir más de 100 millones de euros en los próximos cinco años, donde además de la cantidad consignada para la compra de los activos, se contempla un plan de inversiones en I+D+i y en la mejora de eficiencia energética para los procesos de producción o la adquisición de nueva maquinaria, un plan que podría obtener financiación pública a través de las líneas de apoyo del Estado.
En el acuerdo también se recoge la creación de un grupo de trabajo en el que el Gobierno y los nuevos accionistas, se comprometen a no cerrar la actividad en la planta denominada Venta de Baños 1 durante un periodo de dos años. Durante dicho periodo, la nueva propiedad en colaboración con el Gobierno conformará un grupo de trabajo para buscar inversores que den un futuro a la planta.
