La organización agraria ASAJA de Castilla y León critica a la empresa AB Azucarera por estar ofreciendo a los cultivadores de remolacha condiciones de contratación para la próxima campaña 2025/2026 con rebajas en el precio en torno al 25% respecto a la campaña anterior, unos precios que no se justifican por las condiciones del mercado y que suponen una venta a pérdidas prohibida por ley.
La empresa AB Azucarera, que compra en un régimen de monopolio para la parte del sector que no es cooperativista, y que por lo tanto el agricultor no tiene otra empresa con la que poder negociar, se está aprovechando de un sector remolachero que le va a sembrar remolacha “sí o sí”, debido a que tiene contrato con Castilla y León para cobrar la ayuda agroambiental, del Plan Estratégico de la PAC, que le vincula durante cinco campañas. También, muchos remolacheros se ven obligados a sembrar remolacha, aun a precios ruinosos, como opción para cumplir con la rotación y diversificación de cultivos que impone la PAC.
Aunque no hay información pública de la bajada de los precios, lo que comentan los agricultores es que se están ofreciendo contratos con bajadas, en uno o más conceptos, que sumarían un 25% menos respecto al año anterior; por lo tanto, la rentabilidad es absolutamente dependiente de las ayudas agroambientales (500 euros por hectárea) y de la ayuda asociada (400-500 euros por hectárea), ambas de la Política Agraria Común (PAC).
Dado que las condiciones impuestas por la industria azucarera son muy distintas a las que había en el año 2023 cuando se firmaron los contratos agroambientales con Castilla y León, modificadas unilateralmente por AB Azucarera, ASAJA CyL ha solicitado a Castilla y León, a través de su Consejería de Agricultura, que estos cambios sustanciales del contrato, que cubre la producción de remolacha, sean considerados causa de fuerza mayor y que, por ello, permita a los remolacheros rescindir el contrato agroambiental de la remolacha sin ser penalizados por incumplirlo en los tres ejercicios pendientes.
Si la petición no fuera atendida, el sindicato agrario consideraría que la comunidad elude sus responsabilidades con los remolacheros y se doblega ante la estrategia de Azucarera de arruinar a los agricultores.
