Castilla y León, a través de su presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha demandado a España, a través de su ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, determinadas reivindicaciones, entre las que destaca la necesidad de una EBAU única para todo el territorio nacional, más apoyo estatal en la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años, y un mayor esfuerzo y coordinación en materia de seguridad escolar. Además, ha recordado que desde 2007 ya está regulado, en el ámbito educativo de Castilla y León, el uso del móvil y de otros dispositivos electrónicos en horario lectivo. Igualmente, Castilla y León ha puesto a disposición del conjunto del país su modelo educativo dadas las bondades evaluadas positivamente en el último informe PISA.
Efectivamente, Castilla y León ha ofrecido a España exportar el modelo educativo de éxito de Castilla y León al conjunto del país. Se trata de un modelo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el conocimiento, que ha sido refrendado por el Informe PISA como el mejor de España y uno de los mejores del mundo. Por este motivo, ha propuesto un debate sobre las mejoras que son necesarias, como han hecho ya otros países para mejorar, en su conjunto, la educación de España.
Castilla y León ha pedido a España que reconsidere su postura y se trabaje conjunta y coordinamente con todas las comunidades, debatiendo cómo avanzar hacia una misma prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU) única porque, desde la comunidad de Castilla y León se considera técnicamente posible, justa y garantizadora de la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos de España.
Asimismo, ha demandado más apoyo estatal en la implantación de la educación infantil gratuita de 0 a 3 años, una medida de la que se benefician en este momento casi 16.000 familias en Castilla y León, con un ahorro de 2.000 euros por curso y niño. De hecho, ha recordado que la región ha aportado casi 80 millones de euros de fondos y ha pedido que el Estado contribuya a sufragar esta medida, al menos, con un 50 %.
También, Castilla y León ha insistido en la importancia de la seguridad en el ámbito educativo para erradicar las patologías socioeducativas, rercordando que ya se han puesto en marcha algunas medidas contra el ciberacoso, el acoso en las aulas y frente a los problemas de salud emocional de los alumnos. De hecho, ya ha incrementado un 50 % el número de orientadores en los colegios hasta alcanzar una ratio de uno por cada 250 alumnos. En este sentido, ha exigido a España su compromiso para garantizar la coordinación con las comunidades autónomas y asgurar la integración de esfuerzos entre educación, sanidad y servicios socialesa nivel nacional, dado que es posible como lo demuestran los resultados en Castilla y León, si bien, son insuficientes porque se producen debilidades y los esfuerzos, muchas veces, resultan insuficientes, ineficaces o ineficientes.
Castilla y León, ahora que a nivel estatal están en boga la regulación en el ámbito educativo del uso de móviles y otros dispositivos electrónicos, ha manifestado que ya en su territorio está regulado en el ámbito educativo el uso del móvil y de dispositivos electrónicos, en general, desde el año 2007, medida que se complementa con los Planes de Convivencia y Reglamentos de Régimen Interior de cada centro.
Otra demanda, esta nueva, se refiere a la cotización obligatoria a la Seguridad Social de los alumnos de Formación Profesional (FP) que realicen prácticas en empresas. Castilla y León ha solicitado al Estado Central mayor flexibilidad en los plazos, la financiación estatal de esta obligación durante los próximos ejercicios y no solo en 2024, como se ha anunciado. Además, se ha pedido sentido común para determinar los plazos para modificar los currículos de las titulaciones de FP de forma progresiva, rigurosa y serena.
