La Red Estatal de Montes Públicos, para vertebrar e impulsar la bioeconomía forestal en Castilla y León

La Red Estatal de Montes Públicos (REMP) fue presentada en Castilla y León de la mano del presidente de Cesefor, Benito Serrano, y del coordinador de esta Red, Pablo Sabín, en la sede de la Diputación Provincial de Soria, institución al frente del patronato de Cesefor.

 

Este proyecto, coordinado por Cesefor con el apoyo del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), busca mejorar la cooperación y la gestión sostenible de los montes públicos en el contexto del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Para ello cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

 

Después de varios años de esfuerzo y coordinación de diferentes entidades, este mes de junio ve la luz la Red Estatal de Montes Públicos (REMP), una entidad que nace de la necesidad de crear espacios de cooperación y compartir estrategias, buenas prácticas y casos de éxito entre los equipos de las distintas comunidades autónomas (CC. AA.) que gestionan montes públicos.

 

Con esa realidad como contexto, Pablo Sabín ha señalado en el transcurso de la rueda de prensa que “la puesta en marcha de esta red supone, para la propiedad pública de los montes una oportunidad para visibilizar el patrimonio forestal público que existe en el país y la gestión que se realiza en ellos”.

 

Igualmente, también ha subrayado que la REMP supone un gran hito para Cesefor puesto que “podrá llevar la experiencia desarrollada durante estos años desde Soria y desde Castilla y León al resto de comunidades autónomas”.

 

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Soria y del patronato de Cesefor, Benito Serrano, ha destacado en su intervención que el proyecto ha sido elegido entre 56 propuestas que optaban a la convocatoria articulada por la Fundación Biodiversidad”. Así, ha añadido que “formar parte de Cesefor significa tomar partido por una organización dinámica y con voluntad transformadora que busca ser un ejemplo y un referente a nivel internacional”.

 

Serrano ha enfatizado y valorado el hecho de que Cesefor sea la entidad que promueva y coordine esta red de alcance nacional, posicionando a este centro a la vanguardia de la vertebración del sector, y destacando su contribución a la modernización de los procesos de gestión y manejo de los montes de utilidad pública”. “Existe un deseo de seguir creciendo y en ese camino está la Diputación de Soria para la puesta en marcha de acciones encaminadas a la transferencia de conocimientos, nuevas prácticas y divulgación de la innovación para el crecimiento de la bioeconomía forestal y el futuro del medio rural”.

 

En la rueda de prensa se ha señalado también la colaboración, como en otras iniciativas de Cesefor, del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL) de la Junta de Castilla y León, por el soporte prestado para proyectos previos que han sido útiles para a la redacción y presentación formal de esta nueva Red.

 

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    Castilla y León es la comunidad autónoma con más superficie de montes públicos de España

  • Algunos datos forestales: 

    • España:

    • La superficie forestal  ocupa el 56% del territorio nacional, aproximadamente 28.391.780 hectáreas

    • 7.704.722 hectáreas son de titularidad pública (28% del total de la superfice forestal)

    • El 95,7% se clasifican como Montes de Utilidad Pública (MUP), abarcando una superficie de 7.372.416 hectáreas.

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    • Castilla y León

    • Comunidad española con mayor superficie de montes públicos con un total de 1.901.066,95 hectáreas (23,38%)

    • 1.844.212,65 hectáreas (97,01%) están incluidas en el Catálogo de MUP, un 25,2% de la superficie arbolada.

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    • Soria

    • 209.083,49 hectáreas (2,57%) del conjunto de la comunidad de montes públicos

    • 204.383 hectáreas (97,75%) están en el Catálogo de MUP y suponen 183,88 mil hectáreas de superficie arbolada, la tercera provincia con más hectáreas de montes catalogadas de UP de Castilla y León

Alcance del proyecto en cifras

La superficie forestal de España ocupa el 56% del territorio nacional, lo que equivale a aproximadamente 28.391.780 hectáreas, según los datos más recientes de 2021. De esta superficie, 7.704.722 hectáreas son de titularidad pública, representando el 28% del total de la superficie forestal del país. De éstas, el 95,7% se clasifican como Montes de Utilidad Pública (MUP), abarcando una superficie de 7.372.416 hectáreas.

 

Castilla y León es la comunidad con mayor superficie de montes públicos con un total de 1.901.066,95 hectáreas (23,38%). De ellas, 1.844.212,65 hectáreas (97,01%) están incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siendo un 25,2% superficie arbolada.

 

En este contexto, Soria cuenta con 209.083,49 hectáreas (2,57%) del conjunto de la comunidad de montes públicos, de los cuales 204.383 hectáreas (97,75%) están en el Catálogo de MUP y suponen 183,88 mil hectáreas de superficie arbolada, la tercera provincia con más hectáreas de montes catalogadas de UP de Castilla y León.

 

En cuanto al tipo de propiedad, los montes de UP de Soria son en un 85,52% (174.798,41 hectáreas) de entidades locales demaniales y el 14,48% de comunidades autónomas demaniales. Por “bienes demaniales” se entiende los de titularidad de la Administración Pública que constituyen parte de su patrimonio. Se caracterizan por su calidad de inembargables, imprescriptibles e inalienables.

 

Algunos datos sobre el Catálogo de Montes Públicos (CMP(

El origen del Catálogo de Montes de Utilidad Pública se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que el Gobierno estableció la venta de todos aquellas propiedades forestales y sus ingresos pasaran a las arcas de la Hacienda Pública independientemente del titular.
 
Los predios se encontraban en manos de la Corona, la Iglesia, la Nobleza, los Concejos, de Comunidades de Ciudad o Villa y tierra, etc. Afortunadamente, como freno a esta actividad desamortizadora fruto de la ley Madoz de 1855, se consiguió que muchos de los montes de titularidad pública que cumplían con los requisitos establecidos fueron declarados por el Gobierno exceptuados de venta al considerar este que contribuían a los intereses generales del país tanto desde el punto de vista económico como “en la física del globo”.
 
El criterio para definir la venta fue modificado en sucesivas ocasiones lo que ocasionó fuertes disputas entre los ministerios de Hacienda, que fomentaba las ventas, y Fomento, a través del Cuerpo de Ingenieros de Montes, que las intentaba evitar e incluyendo sucesivas excepciones. La relación de montes que no fueron enajenados por declararse de utilidad pública supuso el origen del que hoy es el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, merced al Real Decreto de 22 de enero de 1862.
 
La creación de dicho Catálogo evitó que pasaran a manos privadas millones de hectáreas de montes arbolados en el país para ser cortadas sin asegurar su persistencia y ha permitido preservar hasta la actualidad un patrimonio incalculable. Hoy en día, esta protección jurídica continúa merced al reconocimiento que tanto el Código Civil como la Ley de montes se hace a este dominio público. 

  • El Catálogo de Montes, en la actualidad

El Catálogo se ha transmitido hasta nuestros días y las competencias en esta materia se transfirieron a las Comunidades Autónomas (años 1980-1983), si bien la ley insta a trasladar ciertas inscripciones que practiquen en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública al Estado, al que encomienda la coordinación en su llevanza.
 
Los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos pueden ser declarados de utilidad pública e incluirse en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública:
 
  1. Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.
  2. Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad.
  3. Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.
  4. Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados. 
  5. Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
  6. Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.

Se cuentan 11.359. montes declarados de utilidad pública extendiéndose por más 7,37 millones de hectáreas pertenecientes a entidades de derecho público.
 
El conjunto se configura como el principal patrimonio natural y fuente de ingresos económicos de muchos municipios y de bienes y servicios a la sociedad en general.
 
Contienen ejemplos de las mejores formaciones de pinares, rebollares, encinares, hayedos, acebedas, sabinares, dehesas, matorrales diversos y multitud de ricos y variados pastizales.

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