
La ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada en junio por la Unión Europea, tras varios meses de controversias ideológicas entre los grupos políticos comunitarios, parece hecha a demanda del gran número de fondos de inversión, que florece sin parar en la provincia de Burgos.
Afirmo tal aseveración porque, por un lado, como ya anunció COAG, en un primer análisis de emergencia realizado tras conocerse el contenido de la ley, la norma no incluye ninguna medida para proteger el modelo social y profesional de agricultura; no tiene en cuenta la calidad de los suelos; tampoco respeta el uso del suelo, al cambiar de rústico a industrial para crear nuevos polígonos de renovables en parajes en los que han convivido miles de años agricultores y ganaderos con la fauna salvaje y no respeta al campesino al afectar próximamente en las parcelas ubicadas en red natura 2000, que pretenden reforestarlas y desplazar a los mismos.
De aquí a 2030 hablan del 40% y en 2050 del 80% “casi nada”. También la invasión de fondos de inversión en la agricultura y en la ganadería, supone que el 7 por ciento de las grandes corporaciones acapare el 45 por ciento de la producción final agraria. El hecho aporta un peligroso freno al acceso de jóvenes al sector agrario, puesto que los fondos acaparan las mejores tierras. Y cada vez dejan, por tanto, menos espacio para la explotación rentable de las explotaciones agrícolas por parte de quienes se quieren sumar a la actividad agraria.
Igualmente, por otra parte, es. precisamente en Burgos, donde más crece el número de fondos de inversión, al ser la provincia donde más se ha disparado el precio de la tierra agrícola en Castilla y León, en los últimos años, solo por detrás de Valladolid. Lo uno es consecuencia de lo otro. Según datos de la Consejería de Agricultura, en los últimos dos años, el precio de la tierra agraria ha crecido un 6,6 por ciento en la provincia burgalesa y, si ampliamos el foco a los últimos 8 años, la subida es de un 21,5 por ciento.
La Ley, como estableció COAG en un estudio realizado, tras conocerse sus contenidos, beneficia a los fondos de inversión frente a la agricultura familiar
La provincia de Burgos posee la hectárea de herbáceos más cara de Castilla y León
El precio medio de la hectárea agraria, en general, es el segundo más caro de la región, sólo superado por Valladolid
Es un terreno abonado para que campen los fondos de inversión
Según los agricultores, esta espectacular escalada solo es debida a una cosa: A la presión ejercida por las corporaciones económicas para hacerse con las tierras más fértiles. Mientras el precio medio de la tierra en Castilla y León – según datos de 2023 -, es de 6.321 euros, en Burgos, el coste por hectáreas es de 8.869 euros. Burgos posee la hectárea más cara de Castilla y León en herbáceos: 10.605 euros en la provincia por 6.927 euros en la región. Y si los herbáceos son de regadío, la hectárea se dispara a 13.457euros, en Castilla y León, pero en Burgos, escala a 17.242euros.
La Ley de Restauración de la Naturaleza, que pretende “reparar los hábitats naturales del continente”, y que se propone el objetivo de haber logrado ya en 2030 al menos el 40% de ellos, no tiene en cuenta la colisión que este propósito supone con la actividad agropecuaria.
Los agricultores y los ganaderos se temen que esta norma, unida a otras que también priorizan lo ecológico frente a lo alimentario, como la estrategia “De la granja a la mesa”, pacto verde, ley de bienestar animal, “ley de protección de suelos” incremente las ataduras a la práctica agraria comunitaria mientras en los demás países que venden sus productos en Europa, los agricultores campan a sus anchas a la hora de producir sin restricciones de ningún tipo.
Diego Saldaña Garcia
Coordinador de COAG-Burgos




