Cada verano asistimos al mismo drama: los incendios forestales. Lo que debería ser tiempo de cosechas, de vendimia, de actividad en el campo, se convierte en un escenario de llamas que arrasan no solo bosques, sino también cultivos, pastos y la esperanza de muchos agricultores y ganaderos. Las llamas devoran en minutos lo que a la tierra le cuesta décadas producir, y transforman los paisajes.
Aunque estas cifras oficiales no son muy fiables, la ministra Aagensen lo ha indicado estos días con números: la prevención de los incendios cuesta justo la mitad que la reconstrucción. Pero no hablamos solo de datos sueltos: hablamos de infraestructuras rurales destruidas, animales muertos, cooperativas que pierden su actividad, pueblos que ven cómo el humo ahuyenta al turismo rural que tanto esfuerzo costó atraer. Cada hectárea que arde no es solo monte, es futuro que se apaga.
Y esta ecuación no es exclusiva de los incendios. Basta mirar lo ocurrido con la DANA en la Comunidad Valenciana. Las cifras son demoledoras: 228 vidas perdidas, más de 300.000 afectados y daños económicos superiores a los 18.000 millones de euros. El contraste es brutal si tenemos en cuenta que, desde 2018, el Gobierno no había destinado ni un solo euro a obras públicas de prevención de riadas en la zona. Una falta de planificación que convierte la meteorología en tragedia.
Un ingeniero calculaba que los daños rondarán entre 16.000 y 20.000 millones, mientras que los presupuestos anuales de prevención apenas alcanzaban los 200 millones. ¿De verdad seguimos creyendo que la prevención es cara? Las Administraciones implicadas han propuesto un plan de más de 30.000 millones para recuperación y prevención futura. Sin embargo, llega tarde para las víctimas, aunque nos sirve de recordatorio: el coste de no hacer nada es siempre más alto.
La paradoja es que, tanto en incendios como en riadas, sabemos qué hay que hacer. Mantener limpios los cauces y los montes, invertir en infraestructuras hidráulicas, apostar por la gestión forestal sostenible, coordinar a las administraciones, formar a la población y dotar al medio rural de los recursos necesarios para ser parte activa de la prevención. Y, sin embargo, se prefiere esperar a que la catástrofe se produzca. Los que tienen que hacer algo, luego todos se echan la culpa entre ellos, nunca hacen nada, porque la prevención no genera votos, ni tampoco controversia política, que es lo que hoy vende.
El campo no puede ser solo paisaje: es economía, empleo, seguridad alimentaria y equilibrio medioambiental. Cada incendio y cada riada que arrasan nuestros pueblos y explotaciones agrícolas son también un golpe a la despoblación, porque cuando desaparecen las condiciones mínimas para vivir y producir, las familias se ven obligadas a marchar. Y entonces reconstruir ya no es solo cuestión de dinero, sino de un tejido social perdido.
La reflexión es clara: la prevención no es un gasto, es una inversión. Y como tal, debe ocupar un lugar central en la agenda política y social. Porque mientras seguimos discutiendo cifras, la naturaleza y las comunidades rurales siguen pagando un precio que nunca debería haberse permitido.
Basta ya de hacer “polítiquilla de la barata desde los despachos” con ideología y muchas veces sin sentido, porque al final, el resultado de estas decisiones afecta a las personas, a nuestro territorio y, el desconocimiento mal intencionado del medio rural termina por destrozar la vida de las familias del medio rural de una u otra forma.
El pacto de estado sobre el cambio climático que ahora han puesto sobre la mesa está muy bien, seguro, pero antes de analizar todo eso que afecta a los desastres naturales a los que nos estamos refiriendo en este artículo, habría que analizar el uso de las brigadas que se utilizan para la extinción de incendios y cómo podrían utilizarse todo el año para prevenirlos. Además, habrá que ver si las inversiones necesarias para prevenir desastres naturales son las que tienen que ser.
La sociedad civil, puesto que este tema se ha politizado casi a nivel de la cuestión del agua, debería de hablar y de ofrecer propuestas a estos temas que los políticos no son capaces de generar por sí mismos.
Ricardo Migueláñez
Ingeniero Agrónomo
Director General de Agrifood Sector Communication, S.L.
Fuente: Periódico Qcom.es
