Durante demasiado tiempo, la actividad física ha sido considerada en nuestro país una decisión individual vinculada al ocio o al tiempo libre. Sin embargo, la evidencia científica, económica y social acumulada en los últimos años obliga a replantear esa visión: fomentar el ejercicio físico no es una cuestión accesoria ni una moda vinculada al bienestar, sino una auténtica política de salud pública, sostenibilidad económica y progreso social.
La actividad física regular reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, determinados tipos de cáncer, afecciones musculoesqueléticas y patologías de salud mental. Así lo avalan de forma reiterada organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la amplia evidencia científica acumulada en las últimas décadas sobre el papel preventivo del ejercicio físico en la salud poblacional.
Asimismo, conviene recordar una realidad básica que a menudo se pierde en el debate público: el deporte no es un gasto. El deporte es una inversión. Lo es para cada ciudadano que incorpora hábitos saludables a su vida, pero también para el conjunto de la sociedad.
Los datos son contundentes. El coste de la inactividad física en España se sitúa entre los 5.000 y los 7.200 millones de euros anuales, según distintas estimaciones oficiales y sectoriales, una carga que asumen el sistema sanitario, las administraciones públicas y el tejido productivo. A ello se suman aproximadamente 2.500 millones de euros anuales en pérdidas de productividad y bajas laborales asociadas al sedentarismo. Frente a ello, el Consejo Superior de Deportes ha señalado que cada euro invertido en actividad física puede generar un ahorro de hasta 15 euros en gasto sanitario y farmacéutico.
Castilla y León impulsará una deducción autonómica en el IRPF para quienes practican actividad física
Sin embargo, pese a toda esta evidencia, seguimos penalizando fiscalmente a quienes apuestan por mejorar su salud a través del ejercicio. En España, los servicios deportivos soportan un IVA del 21%, uno de los más altos aplicados en Europa a actividades estrechamente vinculadas con la prevención sanitaria. Resulta difícil de explicar que acceder a servicios que mejoran la salud y reducen la presión futura sobre el sistema sanitario soporte la misma carga fiscal que actividades puramente recreativas o de consumo no esencial.
Pocas inversiones públicas ofrecen un retorno comparable. Por eso, cuando una administración decide incentivar fiscalmente la práctica deportiva, está apostando de forma inteligente por la prevención, por el ahorro sanitario futuro y por una ciudadanía más saludable y productiva.
En este contexto, la propuesta anunciada por la Junta de Castilla y León de impulsar una deducción autonómica en el IRPF para quienes practican actividad física representa un paso en la buena dirección. Una medida especialmente relevante en una comunidad marcada por el envejecimiento poblacional y el reto demográfico, donde reforzar políticas preventivas de largo recorrido resulta cada vez más necesario. La práctica regular de ejercicio no solo mejora la calidad de vida individual, sino que favorece un envejecimiento activo, reduce la dependencia y contribuye a aliviar la presión asistencial sobre el sistema sanitario.
Castilla y León tiene ahora la oportunidad de convertir esa voluntad en una decisión transformadora y situarse a la vanguardia de las políticas de prevención y fomento de hábitos saludables. Dar ese paso supondría asumir que impulsar la actividad física no es atender una demanda sectorial, sino responder a una necesidad social, sanitaria y económica de primer orden.
Porque cuando una administración facilita que sus ciudadanos hagan más ejercicio, no solo fomenta hábitos saludables: invierte en bienestar, en sostenibilidad del sistema público y en futuro.
Alberto García
Director General de FNEID
