Castilla y León ha concedido ayudas a 47 familias que se han trasladado a un municipio de menos de 20.000 habitantes, de las cuales 37 tienen hijos, por lo que se han beneficiado de la cuantía más alta de 2.000 euros, en el marco estratégico enfocado a frenar el vaciamiento del medio rural en la región donde, además, la dispersión demográfica supone también un reto para poner coto a esta despoblación, ayudas cuya concesión se ha publicado oficialmene en el Bocyl.
Desde Castilla y León se empezaron a conceder este tipo de ayudas, absolutamente insuficientes para que resulten eficientemente atractivas, hace poco más de medio año, ya se han otorgado a 47 familias beneficiarias, que vivían en otra comunidad autónoma, habiendo trasladado su residencia a un municipio castellano y leonés de menos de 20.000 habitantes.
De ese total, 37 tiene hijos, por lo que generan el derecho a percibir la cuantía máxima de 2.000 euros. Las otras diez familias recibe 1.000 euros cada una. Algunos de los traslados de la última concesión se han realizado a localidades como Sepúlveda (Segovia), Astorga (León), San Pedro del Arroyo (Ávila) o Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). Las cifras de cada una de las resoluciones de concesión pueden consultarse en la la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Estas ayudas se conceden directamente a las familias que se trasladen, bajo un criterio cronólogico de presentación de las solicitudes. Disponen de un mes, a contar desde la fecha de empadronomiento en un municipio castellano o leonés, para fijar población de manera sostenida siempre a través de subvenciones que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros, siempre y cuando los solicitantes cumplan con una serie de requisitos, entre los que pueden destacarse, los siguientes:
- El primero de ellos es el traslado de la residencia habitual de la unidad familiar a un municipio del medio rural castellano y leonés, con su correspondiente empadronamiento, siempre y cuando proceda de otra comunidad autónoma distinta o de una de las dos ciudades autónomas, y que esa residencia previa se haya prolongado durante, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- Además, todos los miembros de la familia deberán haberse empadronado en el mismo domicilio de una localidad de Castilla y León, dentro del periodo que establezca la convocatoria que, en la publicada en junio, establece entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Este empadronamiento deberá mantenerse un mínimo de dos años desde que se conceda la subvención.
- Dado que uno de los requisitos fundamentales es retornar desde otra comunidad o ciudad autónoma, estas ayudas no podrán darse a los beneficiarios de las las ayudas del programa ‘Pasaporte de vuelta’ —concedida por Castilla y León a castellanos y leoneses o con ascendencia en la comunidad para facilitar su retorno— u otras ayudas autonómicas con los mismos fines.
- Otro de los requisitos está relacionado con el empleo: Al menos uno de los miembros de la familia debe desarrollar una actividad profesional en Castilla y León, sea por cuenta propia o ajena —debe estar dado de alta en la Seguridad Social—, una condición que se considerará cubierta en caso de teletrabajo siempre y cuando dicho régimen esté acreditado por el empleador.
- Si algún integrante de la unidad familiar está en edad de escolarización obligatoria, esta deberá haberse realizado en un centro escolar de la comunidad.
- Por último, toda la familia ha de estar dada de alta en el sistema autonómico de salud y, por tanto, contar con la correspondiente tarjeta sanitaria.
- En cuanto a la cuantía de las ayudas, es de 1.000 euros para las familias sin hijos y de 2.000 para aquellas con hijos menores o en guarda adoptiva a su exclusivo cargo. En el caso de las familias compuestas por dos o más hermanos, la ayuda es de 1.000 euros si todos alcanzan la mayoría de edad y de 2.000 si todavía hay alguno que aún es menor.
Es un hecho positivo que otras 47 familias, casi el 80% de ellas con hijos, haya retornado a Castilla y León desde otros lugares de España, indudablemente. Lo que ya no es tan positivo es la exigúidad del número, muy pequeño. Probablemente, se pueda explicar por el importe de las ayudas que es absolutamente insuficiente en los tiempos que vivimos.
Se precisan no 1.000 ó 2000 euros, si se tienen hijos a cargo, sino ayudas muy superiores para que en lugar de 47 familias sean 470, que realmente ayuden a mantener servicios públicos esenciales en esos pueblos medianos y, sobre todo, pequeños, de menos de 1.000 habietantes, como la consulta médica local o el colegio de educación infantil y enseñanza primaria. Lo contrario, es mantener una llamita protegida con las manos del aire para que, aparentemente no se apagu, pero que, desafortunadamente, terminará apagándose, quedando las casas y establecimientos ganaderos vacíos y en proceso de deterioro progresivo por la inacción de los responsables políticos, por supuesto, con mayor responsabilidad de quienes gobiernan la región.
