Castilla y León, a través de su Consejo de Gobierno, ha aprobado el pago de 8 millones de euros a las 17 empresas que, encargadas de cubrir los trayectos de un total de 65 concesiones, han soportado un déficit de explotación superior a los 500.000 euros durante el ejercicio 2023.
Esta iniciativa es similar a la que el Gobierno autonómico puso en marcha el pasado mes de diciembre de 2022, lo cual ni justifica ni deja de justificar el pago mencionado. Quizás habrá que darle una vuelta a las empresas que acuden a la concesión y los precios que ofertan. La economía de mercado libre se basa en el principio de libertad de empresa y en la máxima «a riesgo y ventura». No puede ser que las empresas que se relacionan con el sector público tengan la certeza de que se compensarán sus pérdidas. Eso va contra otro principio básico de la economía libre de mercado, el principio de la competencia entre empresas.
Esta cantidad se viene a sumar a los más de 40 millones de euros que Castilla y León ha destinado durante 2023 tanto al mantenimiento de este servicio público esencial como a la viabilidad y los puestos de trabajo de las adjudicatarias que lo prestan. Este argumento tampoco es válido, por definición, porque estaríamos ante una situación perversa de que el «fin jutstifica los medios». Dejen de intentar engañar y de transformar la realidad. Los ciudadanos no lo merecen.
Este esfuerzo económico que hace Castilla y León con el transporte público de viajeros por carretera se enmarca dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, y viene a dar cumplimiento al mandato que tiene de asegurar el sostenimiento económico-financiero de las entidades que prestan este servicio básico y fundamental, tal y como recoge el artículo 10 de la Ley 9/2018 de 20 de diciembre, y, por ende, el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector. Por supuesto, es necesario para la seguridad jurídica cumplir con las obligaciones contraídas mediante las oportunas concesiones. No obstante, la obligación no llega a consolidar el escenario con los mismos actores y la Unión Europea vigila estas prácticas que eliminan o merman la competencia en favor de unos sujetos y en contra de otros.
La necesidad de prestar el servicio público de transporte en las condiciones actuales, con más de un 63 % de sus rutas con menos de 5.000 viajeros al año, y armonizarlo con las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de nuestra Comunidad, da lugar a un modelo que, para mantener el 100 % de las rutas, consiguiendo vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes, exige a la Administración autonómica asegurar la liquidez de las empresas concesionarias.
Muy bien, esa es una de las singularidades negativas de Castilla y León. Arguméntese ante la Unión Europea para conseguir más fondos para repoblar esta desvencijada y maltratada región.
