Durante su comparecencia a petición propia en las Cortes de Castilla y León, para explicar los avances logrados a lo largo de las quince conferencias de presidentes autonómicos celebradas hasta la fecha, el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que desde que se inició la pandemia por Covid-19 la Junta ha actuado siempre desde la lealtad hacia el Gobierno de la Nación, un amplio diálogo con los grupos políticos de la Comunidad y los agentes económicos y sociales, y también desde la coordinación permanente con las entidades locales.
Tras reconocer la voluntad del Gobierno de la Nación para hacer partícipes a las Comunidades Autónomas del esfuerzo común que se estaba realizando en la lucha contra la pandemia, —a través de las reuniones mantenidas regularmente—, el presidente de la Junta ha explicado que estos encuentros no pueden calificarse como auténticas conferencias de presidentes. Hasta la pandemia, las conferencias de presidentes constituían el máximo órgano de cooperación multilateral entre Gobierno y Autonomías, y el marco donde, tras una amplia preparación, se debatían asuntos de especial relevancia para el Estado Autonómico y se adoptaban acuerdos estratégicos sobre ellos.
Sin embargo, los quince encuentros celebrados hasta la fecha se han limitado a evaluar el momento puntual de la evolución de la pandemia, exponiendo las medidas gubernamentales —normalmente ya anticipadas por el presidente del Gobierno- seguida de las intervenciones individuales de los responsables autonómicos, sin posteriores efectos. Por ello, Fernández Mañueco ha abogado por no devaluar este instrumento, sino recuperar su sentido original, para lo que ha apostado por celebrar menos de estas reuniones, pero mucho más sustanciales, de manera que en ellas se debatan y adopten acuerdos en asuntos básicos, tras una preparación cuidada.
En este punto, Fernández Mañueco ha anunciado la propuesta al Gobierno, para la que también espera contar con el apoyo de las Cortes de Castilla y León, de realizar una Conferencia de Presidentes sobre tres grandes cuestiones: definir las reformas legislativas que permitan dotar a las Comunidades de los medios necesarios para afrontar de manera coordinada la lucha contra la pandemia; establecer las actuaciones sociosanitarias comunes que el actual momento reclama, como son los medios humanos y materiales necesarios para la sanidad, la gestión del Ingreso Mínimo Vital por las Comunidades, el debate sobre modelos más seguros para las residencias de mayores, o los recursos y medios precisos en este nuevo curso para compatibilizar educación y seguridad sanitaria.
En tercer lugar, esta conferencia de presidentes propuesta trataría sobre los recursos económicos necesarios para aplicar todo ello: el sistema de reparto del Fondo Estatal, ya aprobado, a través de criterios justos y comunes, que deben ser mantenidos en un eventual y necesario nuevo fondo para 2021, o el modo en que las Comunidades podrían acceder a la financiación europea, buscando que la misma sea un motor efectivo de desarrollo y sirva para objetivos estratégicos tan importantes como los desafíos demográficos.
También se plantearía la ampliación del techo de gasto y un nuevo escenario de déficit, así como debatir la mejor forma para que el superávit de los Ayuntamientos se emplee en nuevas medidas que beneficien a sus vecinos.
Según ha anunciado el presidente, de celebrarse esta conferencia de presidentes sobre la pandemia del Covid-19, su compromiso sería el de abrir un amplio dialogo con los grupos políticos y con los agentes económicos y sociales para llevar a esa eventual Conferencia una posición de comunidad de amplia base, como ya se hizo en anteriores ocasiones, “consolidado a Castilla y León como tierra de diálogo, de consensos y de generosidad, tras el ejemplo que dimos en junio”, ha señalado.
Tras reiterar el agradecimiento por la buena voluntad de los encuentros celebrados hasta la fecha, Fernández Mañueco ha afirmado que “este espíritu debe mantenerse para futuras Conferencias de Presidentes, más preparadas y con mayor eficacia real, que pueden seguir siendo instrumentos efectivos para consolidar nuestro Estado Autonómico”.
Balance de los 15 encuentros
A lo largo de su comparecencia en las Cortes, Fernández Mañueco ha destallado que durante estos encuentros tuvo oportunidad de exponer las decisiones que se iban adoptando en Castilla y León, así como de proponer otras cuestiones que debían abordarse en un marco más amplio, estatal, en tres ámbitos fundamentales: el sanitario, el jurídico y el económico.
En el primero de esos ámbitos, el sanitario, el mensaje unánime de las comunidades fue pedir equipos de protección para el personal de primera línea, algo que finalmente tuvo que ser suplido por las comunidades autónomas. También se pidieron criterios más claros sobre el uso de las mascarillas y una adecuada contabilización de las víctimas a través de los datos del Registro Civil, como se le ha pedido por carta al Ministro de Justicia, así como medidas eficaces para el rastreo de los contactos de los positivos.
En el ámbito económico, junto a medidas de apoyo a los trabajadores y empresas, desde el primer momento se pidió financiación adicional para la comunidad autónoma, y que esos recursos no se repartieran por población, sino por el impacto de la covid.
En este punto, el presidente ha insistido en que se debe recalcular el fondo extraordinario, ya que actualmente se castiga a las comunidades con más envejecimiento y dispersión, y a las que más han sufrido la pandemia, como es el caso de Castilla y León. Asimismo, durante estos encuentros el presidente también ha propuesto la creación de un nuevo fondo no reembolsable para 2021, con unos criterios más justos, y ha pedido mayor certidumbre y un reparto justo de los fondos europeos, con los mismos criterios: impacto de la Covid y retos demográficos.
En cuanto al nuevo escenario de déficit y deuda, Fernández Mañueco reclamó conocerlo, para poder planificar y rechazó tratos de privilegio y negociaciones bilaterales. “Pedimos criterios iguales para todos, establecidos de forma multilateral. Por eso, he insistido hasta la saciedad en pedir la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, petición que no se ha atendido”.
Del mismo modo, se solicitó varias veces que las entidades locales pudieran hacer uso de sus superávits para los fines que hoy se necesitan, con una respuesta insatisfactoria del Gobierno.
Entre otras propuestas para apoyar a trabajadores y empresas, se pidió al Estado el aplazamiento de cuotas e impuestos, algo que ya se estaba haciendo en Castilla y León; una mayor agilidad en el pago de los ERTE y su extensión en el tiempo; y planes de choque para sectores muy importantes para Castilla y León, como son: la hostelería, el comercio y el turismo, junto a una rebaja del IVA para ayudar a su recuperación; la Automoción, y para el sector primario y la agroindustria, muy afectados por el bajón en la hostelería.
Por último, también se ha insistido en la necesidad de firmeza en la negociación de la nueva PAC, que debería mantener el actual nivel de ayudas.
Ámbito jurídico
En el ámbito jurídico, Fernández Mañueco defendió que no era bueno tener 17 criterios diferentes de desescalada, del mismo modo que sigue defendiendo que no puede haber 17 criterios para los rebrotes o para afrontar una segunda ola. Y desde el primer momento se insistió en la necesidad de herramientas intermedias para poder ordenar ágilmente confinamientos localizados.
En este sentido, Fernández Mañueco ha subrayado que el planteamiento del Gobierno de apoyar los estados de alarma que puedan solicitar las comunidades no parece adecuado, ya que incumple su promesa de facilitar otras herramientas jurídicas ordinarias y supone echarse a un lado cuando más se necesita. “Hemos pasado de una cogobernanza teórica, en la que el mando único actuaba muchas veces sin informar previamente, a viajar en una especie de barco federal sin timón. Ni una actitud ni otra favorece lo esencial: la coordinación entre el Estado y las Comunidades”, ha afirmado.
En cuanto al inicio del curso escolar, el presidente ha señalado que la Conferencia monográfica sobre Educación prevista llega tarde. No obstante, ha señalado que lo importante es que en Castilla y León se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar este curso escolar el derecho a la Educación y extremar la seguridad sanitaria.
El Gobierno de España también propone reformas legislativas para apoyar y dotar de seguridad jurídica a las decisiones de las CCAA
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propone una modificación normativa al resto de los Grupos Parlamentarios con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas comunidades autónomas (CCAA). y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes de la pandemia.
Consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos: 1) Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general. 2) Establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones. 3) Establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. 4) Incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos.
La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a CCAA, y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio.
Esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.
Valladolid insiste en la seguridad de los eventos programados y no comparte las medidas articuladas por Castilla y León, ratificadas por el juez
El Ayuntamiento de Valladolid –que no ha sido consultado en ningún momento del proceso- ha decidido recurrir ante los Tribunales de Justicia la Orden de la Junta de Castilla y León porque estima que las medidas que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos no están justificadas, son incoherentes con otras actividades que sí se permiten y, además, causan perjuicios a personas y empresas contratadas en la organización de eventos durante los próximos días.
No hay riesgo en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Valladolid porque en todos los casos se limita el aforo, se establece una amplia distancia de seguridad y se controlan los accesos para evitar el contacto, como se ha comprobado en la reciente celebración del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle.
La prioridad del Ayuntamiento es siempre garantizar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos, y de hecho desde el 15 de marzo todos los actos previstos se desarrollan con esta premisa. Y cuando no se pueden asegurar esas condiciones no se realizan, como se demuestra en la suspensión de las Fiestas y Ferias de la Virgen de San Lorenzo.
Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid estima que las medidas restrictivas anunciadas solo en dos municipios de la Comunidad Autónoma son desproporcionadas porque no hay declaración del estado de alarma, una figura que ha rehusado la Junta de Castilla y León.
Los ejemplos de aplicación de las medidas de higiene y seguridad por parte del Ayuntamiento se localizan tanto en espacios abiertos como en los cerrados.
En el Teatro Calderón, donde están previstas, entre otras, las funciones de Concha Velasco y Fernando Cayo, sólo se van a ocupar 220 localidades de las 990 posibles. Y en el patio de la Feria el aforo llega a 9.000 personas y únicamente se van a permitir 500 localidades al aire libre.
Desde el Ayuntamiento de Valladolid se lamenta la deslealtad institucional y la falta de diálogo por parte de la Junta de Castilla y León, que en ningún momento ha consultado ni justificado la puesta en marcha de estas medidas que afectan a más de 300.000 personas, lo cual evidencia la arbitrariedad en este tema.
Por último, recordar que la programación de los eventos previstos durante el mes de septiembre ha sido consensuada por el Grupo de Trabajo del Ayuntamiento de Valladolid, en el que están PSOE, PP, Cs y VTLP (4 grupos municipales que representan a 26 de los 27 concejales).
