España, a través de su Consejo de Ministros, ha definido las condiciones, los criterios y los requisitos de acceso a la línea de avales del Estado por valor de 2.500 millones de euros destinada a facilitar que unos 50.000 jóvenes y familias con menores a cargo adquieran su primera vivienda.
Los avales se dirigen a personas que cuentan con una estabilidad económica y laboral y han decidido adquirir una vivienda, pero no pueden hacerlo por la situación del mercado hipotecario y la falta de ahorros. Se trata de avalar y proporcionar garantías a las entidades financieras para que puedan acceder a los préstamos hipotecarios que les permitirá iniciar su plan vital con su vivienda en propiedad. El aval del Estado cubrirá, con carácter general, hasta el 20% del importe del crédito, teniendo en cuenta que, normalmente, los bancos conceden préstamos hipotecarios que no superen el 80% del valor de tasación de la vivienda.
Esta medida, además, permitirá aliviar la situación en las zonas donde la renta que se paga por el alquiler supera al pago que supondría la cuota de la hipoteca, al facilitar que salgan de ese mercado personas que quieren tener una vivienda en propiedad. Por otra parte, ayudará a fijar la población en el medio rural.
En el diseño de la línea de avales, se ha tenido en cuenta el perfil de las familias que, debido a la crisis financiera de hace quince años, perdieron la capacidad de comprar una vivienda y aún no la han recuperado, y el hecho de que el 40% de los arrendatarios destinan al alquiler más del 40% de sus rentas, entre otros factores. La meta es que ningún ciudadano tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos para acceder a una vivienda digna.
Condiciones y requisitos para acceder al aval público
El acuerdo del Consejo de Ministros se concretará en un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que podrán adherirse las entidades financieras, con las que ya han mantenido conversaciones los ministerios de Economía y el de Vivienda. Está previsto que los préstamos que se acojan a esta línea de avales puedan formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. El convenio con el ICO recogerá que ese plazo podrá prorrogarse dos años más.
Podrán beneficiarse de la línea de avales jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a cargo para la compra de su primera vivienda, destinada a residencia habitual y permanente. Tendrán que ser personas físicas mayores de edad y con residencia legal en España, acreditada de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. El plazo del aval será de 10 años como máximo; la vivienda tendrá que ser la habitual del solicitante de la hipoteca durante al menos 10 años también.
Los ingresos individuales del beneficiario no podrán superar 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, los 37.800 euros brutos al año. En el caso de que la vivienda la adquieran dos personas, la cantidad será el doble. Además, el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM -2.520 euros brutos anuales- por cada menor a cargo. En cuanto al valor del patrimonio del beneficiario, no podrá exceder los 100.000 euros.
Respecto al precio de la vivienda adquirida, se velará por que exista un límite máximo que podrá fijarse en función del ámbito territorial y ser modificado después por la comisión de seguimiento del convenio.
