La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), a la que pertenecen las entidades castellanoleonesas AFASEGO, AFASA y ARFACYL, demanda de Castilla y León cumplir el compromiso al que llegó en 2022, junto al resto de comunidades autónomas con el gobierno central de España, para que todos los menores tutelados menores de 6 años vivan en una familia de acogida antes de que acabe 2025, porque, según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, publicado hace unos días por el Ministerio de Juventud e Infancia de España, en Castilla y Leónb todavía hay 62 menores de 6 años viviendo en centros tutelados por la comunidad.
Para estas entidades, las administraciones deben adoptar medidas urgentes para cumplir este compromiso: “En mayo de 2022, el Gobierno y las CCAA acordaron por unanimidad el compromiso de que en 2026 no haya niños menores de 6 años en residencias”, señala Helena Escalada, directora general de ASEAF, y recuerda que “la ley recoge que el acogimiento familiar debe prevalecer en todo momento, pero especialmente para los menores de seis años”.
Medidas para acoger estos menores
En Castilla y León, según este informe, hay 27 bebés de 0 a 3 años creciendo en centros residenciales y 35, de 4 a 6 años, en esta misma situación. A nivel nacional, el número de niños y niñas menores de 6 años creciendo en centros tutelados asciende hasta los 1.200. Desde estas asociaciones trabajan para encontrarles una familia. “Sabemos que muchas personas quieren acoger de urgencia a estos bebés, pero no se encuentran con todas las facilidades”, apuntan Escalada, quien cree que el problema se solucionaría si las administraciones dedicaran “más recursos de apoyo” a las familias biológicas y fomentaran la “cultura del acogimiento” en nuestro país.
Desde AFASEGO, AFASA y ARFACYL, señalan que el tiempo de acogida de estos bebés no puede superar, legamente, los 6 meses, pero la realidad es que después estos acogimientos de urgencia superan, en la gran mayoría de los casos, este período. Para evitar que esto suceda, esta entidad pide a Castilla y León que aumente los recursos destinados a los servicios de valoración y establezca unos plazos máximos a la hora de decidir qué medida de protección es la más adecuada para esos niños y niñas.
Además, las familias que acogen a estos bebés –y que se dedican exclusivamente a su cuidado– son excluidas del sistema de cotización. “Es necesario incorporar a la Seguridad Social a estas familias que hacen este acogimiento de urgencia, tal y como ocurre con las familias que tienen personas dependientes a su cargo”, señalan desde ASEAF, asociación que defiende los intereses de más de dos mil familias de acogida en Castilla y León y en el resto de España.
Más de 600 niños están internados en centros de acogida
Según este documento, en Castilla y León hay 679 menores tutelados viviendo en una familia, mientras que 614 esperan a tener la misma suerte en un centro de acogida, un número que apenas se ha reducido respecto al último estudio, cuando había 634 niños y niñas creciendo en residencias. Desde las asociaciones de familias de acogida alertan de estas cifras y señalan que el número de niños y niñas creciendo en una familia en Castilla y León ha disminuido un 12%, pasando de los 775 acogimientos familiares del informe anterior a los 679 actuales.
Tal y como reconoce el propio Ministerio de Juventud e Infancia en su informe, en términos de peso porcentual el acogimiento familiar en España -al igual que en Castilla y León- ha disminuido paulatinamente frente al acogimiento residencial. Es más, el ministerio reconoce que el número de acogimientos familiares a 31 de diciembre del año 2023 continua una tendencia descendente, a pesar de que la ley obliga a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial.
Desde ASEAF se preguntan por qué crece el número de familias dispuestas a acoger, pero disminuye el número de niños y niñas acogidos en familia. Según los últimos datos, 3.241 familias españolas se interesaron en 2023 en acoger a un menor tutelado (1.730 fueron familiares de estos niños y 1.600 fueron familias sin ningún vínculo sanguíneo con el menor). “Han pasado 10 años desde que nuestro país aprobó la Ley del Sistema de Protección y apenas ha habido avances en este sentido”, apuntan desde ASEAF, y recuerdan que “el derecho a crecer en familia es un derecho reconocido por la ONU y el Defensor del Pueblo”.
