El pasado 26 de diciembre podría haberse entendido que fue el día 28 de diciembre, fecha en que se conmemora el supuesto asesinato del rey Herodes de muchos niños inocentes y, si ese hecho terrible y luctuoso realmente se produjo, no es para tomárselo a broma. No obstante, en España y también en Castilla y León, ese día suelen gastarse bromas, suele distorsionarse la realidad, sin malicia, por los más ingeniosos o los más zafios para sacar una sonrisa jugando con la ingenuidad y con la inocencia de los ciudadanos.
Justo al otro día de la celebración festiva de Navidad, Castilla y León, a través de su Consejo de Gobierno, aprobó, sin que les temblara el pulso ni a su presidente ni al conjunto de los consejeros que integran el consejo, el Decreto que regula las normas de gestión presupuestaria aplicables durante el período de prórroga de los Presupuestos Generales de la comunidad de Castilla y León para 2024 desde el 1 de enero de 2025. El decreto establece los créditos de 2024 que se prorrogan, el cumplimiento del déficit público, la regulación de los gastos durante la prórroga y su ámbito de aplicación.
En efecto, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto de prórroga de los Presupuesto de la Comunidad que se encuentran actualmente en vigor, con el objetivo de facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos administrativos de Castilla y León. Cabe recordar que las Cortes de Castilla y León han reclamado el anteproyecto de ley de presupuesto para 2025 fue presentado por el presidente de Castilla y León en una sesión difundida por las redes sociales, sin que se haya convertido en proyecto de ley, porque entienden que es más fácil conseguir los acuerdos necesarios para aprobar el presupuesto.
Eso parece más falso que un saco de perras chicas, señor Fernandez Carriedo. Lo que han de hacer es acordar, con transparencia, tanto el consejo de gobierno como la totalidad de los grupos parlamentarios, una ley de presuopuestos generales para sacar a Castilla y León de esta situación de provisionalidad que generan 5 prórrogas en 6 años. Así que no siga contando milongas, mentiras ni embustes. No lo lleva a las Cortes incumpliendo el Estatuto y la Ley de Hacienda, simplemente, porque no cuentan con apoyos ni tienen intención de acordar, cueste lo que cueste, así que ¡Basta ya de mentiras!
De esta manera, a partir de 1 de enero de 2025, quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024. El Decreto tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final.
Así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 2/2006 de Hacienda y del Sector Público de Castilla y Leon. Se refieren a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan, esto es, del año 2024 o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse.
El artículo segundo establece que la disposición de los créditos prorrogados se supedita al cumplimiento de la tasa de déficit púbico comunicada para 2025 del 0,1% del PIB. Para ello, la Junta a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento.
El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento. Asimismo, para facilitar dicha imputación durante el período de prórroga, se especifica qué se entiende por actuación no finalizada, precisando que tiene tal consideración, toda aquélla derivada de acuerdo, plan o promesa realizados por la Administración regional con anterioridad a 31 de diciembre de 2024.
Además, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente; y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.
El artículo 4 establece el ámbito de aplicación de las normas recogidas en los artículos anteriores, excepto la sección 20 «Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad».
Finalmente, La disposición adicional matiza que todas las referencias efectuadas al presupuesto de 2024 en la Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2024 y las de apertura del ejercicio 2025, se entienden hechas al presupuesto prorrogado de 2024 para 2025, y la disposición final que establece la vigencia de las condiciones de la prórroga recogidas en el decreto que se iniciará el próximo 1 de enero.
Es verdad que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León vigente establece que si presentado el presupuesto de la comunidad a las Cortes de Castilla y León antes del 15 de octubre de cada año y «si no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 89.2 ECyL y en los artículos 106 y 107 de la Ley 2/2006 de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.
La cuestión es que en esta época de fraccionamiento parlamentario y, por resumir, de postverdad, en la que mentira, el engaño y el embuste tienen el mismo valor, cuando no más, que la verdad, los principios, la certeza y la seguridad jurídica, por una circunsantica accidental como es la decisión del grupo parlamentario de extrema derecha, de romper la coalición gubernamental y de no apoyar al grupo parlamentario popular, mayoritario pero sin artimética parlamentaria, en la tramitación y aprobación del nuevo presupuesto, pues se ha tenido que prorrogar el presupuesto del ejercicio 2024 para 2025.
Cabe recordar que la democracia representativa que rige los destinos de Castilla y León, permitió, sorprendentemente dado el sesgo socialdemócrata del líder regional Igea, por una decisión adoptada, fuera de Castilla y León, – siempre fuera de Castilla y León -, por la directiva central de Ciudadanos (hoy casi desaparecido, solamente conserva el escaño de Igea), pactar al grupo parlamentario popular, cuyo partido PPCyL no ganó las elecciones en la convocatoria electoral de 2019, con el grupo parlamentario de Ciudadanos no solo la investidura sino la legislatura al formarse un consejo de gobierno de coalicción, legal y legítimamente, entre ambos partidos, a pesar de que el ganador de aquellas elecciones autonómicas fue el PSOECyL, aunque sin mayoría absoluta y sin poder alcanzar un acuerdo parlamentario para formar consejo de gobierno. Claro, al PSOECyL se le quedó cara de tonto, cuando comprobó que Ciudadanos apoyaba al PPCyL y entraba en el consejo de gobierno, cuando pensaba que Ciudadanos, que ya habían alcanzado, en su día, un acuerdo entre PSOE nacional y Ciudadanos, a través de Pedro Sánchez y Albert Rivera, si bien no tuvo virtualidad, porque no pudieron formar gobierno y volvieron a disolverse las cámaras por el transcurso del tiempo, tal como se refleja en la Constitución.
Nada se pudo ni se puede argumentar en contra de esa maniobra partidista, porque es impecablemente democrática. Cuestión distinta es la opinión de los votantes de cada uno de los partidos que integraon la coalición gubernamental.
Aunque no son comparables en el procedimiento, sí lo es en el resultado final, cuando en 2018 todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, liderados por el grupo socialista, e incluido el PNV, «traicionando» el apoyo dado al grupo popular 15 días antes ara aprobar el Presupuesto de España para 2018, presentaron una moción de censura contra el presidente Rajoy, al ser declarado colaborador necesario el PP en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama de corrupción Gurtel, luego revisada por el Tribunal Supremo, aunque ya el daño estaba hecho, y consiguieron investir a Pedro Sánchez, que encabezaba la moción de censura constructiva. Patético fue ver los dos escaños del banco azul en el Congreso vacíos y el bolso de la vicepresidenta Santamaría, esperando el milagro de que el PNV no les «traicionara», ¡qué ingenuos!.
La postverdad es que el presidente de España Sánchez mintió gravísimamente y contaminó la democracia representativa y manipuló al electorado porque, cuando accedió constitucional, legal y legítimamente a la primera magistratura política de España (el rey reina pero no gobierna, es un símbolo), no cumplió su promesa ni su palabra dada de convocar inmediatamente elecciones generales, disolviendo las cámaras. Ahí nació lo que se ha denominado «el sanchismo», caracterizado por mentir, mentir, distorsionar la realidad, declarando que no son mentiras sino cambios de opinión, o «hacer de la necesidad, virtud».
Todo es legal y legítimo pero también es esencial y éticamente deleznable y disolvente del pensamiento democrático colectivo, malusando las instituciones, retorciendo la Democracia, con indultos, ley de amnistía, cesiones de todo tipo a los partidos independistas que no quieren estar en España pero que se aprovechan de España, de forma bastarda, como ya hizo el desaparecido diputado Ion Idígoras cuando accedió a una pensión de Incapacidad Permanente, cotizada por todos los españoles, defendiendo los asesinatos indiscriminados de ETA porque era la lucha armada y política. Aunque eso es otra historia. No puede ser que un puñado de diputados estén condicionando a la mayoría de los ciudadanos españoles. Igualdad real y efectiva exigen una revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular las minorías parlamentarias de tal modo que puedan actuar como minorías de bloqueo, especialmente, si se trata de grupos parlamentarios que no quieren formar parte de España y eso no es antidemocrático, es lo justo.
Es absolutamente injusto lo que sucedió en la transición, después de la transición y, sobre todo, tras el fin del bipartidismo con el surginimiento de los nuevos partidos que venían a regenerar la vida política y que están muertos o «moribundos» pero desilachando el común de España, con los pactos con las minorías catalanas y vascas para «expoliar» la nacion española. Saben uds. que la última cesión del gobierno de coalición al PNV es la sede oficial del Instituto Cervantes en París, como compensación del patrimonio apropiado durante la dictadura franquista.
¿Revisamos la historia entonces, hasta dónde, hasta Numancia, hasta Cauca, hasta CaesarAugusta, hasta Gadir, Malaka, Clunia, Narbona, Damasco,…? Esto es un expolio con nocturnidad y alevosía porque lo han hecho en el penúltimo Real Decreto Ley antes de Nochebuena de 2024. Vergonzoso y el PP sin decir nada y el PSOE sin decir nada y los de Sumar sin decir nada y los de Podemos sin decir nada y los de UPN sin decir nada, y los de Coalición Canaria sin decir nada.
Curiosamente, una supuesta deslealtad del grupo de Ciudadanos, a través del vicepresidente de Castilla y León Igea, provocó que el presidente Fernández Mañueco decidiera disolver el 20 de diciembre (efectos del día 21 de diciembre según publicación del Decreto 2/2021 en el Bocyl y en el BOE), inopinadamente y de forma anticipada, las Cortes de Castilla y León y convocar nuevas elecciones a las Cortes de Castilla y León para el 13 de febrero de 2022.
Esta convocatoria electoral, ahora sí, la ganó el PPCyL, aunque nuevamente sin mayoría absoluta, obligando al grupo parlamentario popular, constituido en las Cortes de Castilla y León, a llegar a un acuerdo de investidura y de legislatura con el grupo de ultraderecha VOX, al decidir este partido, centralizadamente, de nuevos decisiones fuera de Castilla y León, entrar en los gobiernos autónomicos.
De nuevo, la coalición gubernamental saltó por los aires, en esta ocasión, por decisión unilateral del aparato central de VOX que decidió salir de los gobiernos y dejar de apoyar los gobiernos autonómicos, en los que habían entrado tras los correspondientes pactos celebrados entre el PP nacional y VOX nacional, antes de las Elecciones Generales al Congreso y al Senado en julio de 2023, – quién sabe si Feijoo, líder del PP, perdió la oportunidad de ganar por mayoría absoluta, estando penando en la oposición tras las maniobras democráticas de Sánchez para continuar como presidente del Gobierno de España – en la tarde del día 12 de julio de 2024, por el asunto del acogimiento de los inmigrantes que llegaron y siguen llegando masivamente a las Islas Canarias procedentes de África, tras el acuerdo de Italia con los países del Magreb para evitar la ruta del Mediterráneo hacia la isla de Lampedusa.
Por tanto, el pacto de legislatura con la ultraderecha en Castilla y León duró poco más de año y medio. Fernández Mañueco reconfiguró el Consejo de Gobierno de Castilla y León, fortaleciéndolo políticamente pero sin que haya dado resultado para sacar adelante el nuevo Presupuesto para 2025, por mucho teatro que hayan hecho en la defensa en la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Castilla y León, así como, difundiendo mediáticamente el contenido del proyecto de ley de presupuestos inexistente por inacción real y efectiva de la Asamblea parlamentaria ante la falta de apoyos para su aprobación.
Aquí está el nuevo engaño, el nuevo embuste, la nueva mentira, la nueva postverdad. Prorrogar los presupuestos, aunque sean limitados, porque no se pueden utilizar los créditos para gastos de actuaciones finalizadas en su totalidad en el ejercicio 2024 o que tengan una financiación condicionada en 2024, pero salvo la coyuntura. Los daños colaterales ya se irán curando. El tiempo lo cura todo. Esto es vergonzante, señor presidente.
El escenario irreal que han diseñado unos y otros consiste en que, una medida excepcionalísima, prevista por el legislador autonómico, ante eventualidades contingentes que impidan aprobar en tiempo y forma por las Cortes de Castilla y León, la malutilizan. Dejen de manosear a Castilla y León y ponganse de acuerdo todos, derecha, izquierda, centro, ultraizquierda, ultraderecha, leonesistas, liberales, conservadores, socialdemocratas, comunistas, leoneses, sorianos olvidados y dolidos, ultracristianos, todos, dejen sus egoísmos, sus partidismos, sus sectarismos, en la puerta de las Cortes de Castilla y León y no salgan del hemiciclo hasta que no consigan aprobar un presupuesto nuevo para 2025 y, si eso no es posible, convocatoria de elecciones.
Recuerden ustedes que se han prorrogado los presupuestos en Castilla y León un total de 8 veces, en su historia, 5 en los últimos 6 años, es decir, desde que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, accediera a la Presidencia en 2019. ¿Lo entienden? Algo excepcionalísimo, se ha normalizado porque el señor Fernández Mañueco, más de 30 años en la política, no quiere irse a su caso por incapaz. Convoque elecciones señor Mañueco y váyase a descansar a su casa.
¡Basta ya! ¡Acuerden el presupuesto para ayudar a los castellanos y leoneses o convoque eleccones, señor Fernández Mañueco para elegir a nuevos representantes políticos porque a uds. se les ha acabado el crédito, después de muchos decenios viviendo profesionalmente de la Política! Dejénlo y vayánse. Son incapaces de llegar a acuerdos y lo mismo para el señor Tudanca, bueno lo de usted es de traca, primero se va luego se queda, primero apoya a Sánchez luego como le quieren mover la silla dice que no está de acuerdo con la amnistía ni con la financiación a la catalana, váyase ya.
Lo mismo para el resto de representantes políticos, incluidos los leonesistas, los sorianos y el de Podemos, el de Ciudadanos y el de Ávila. Dejen de dañar a Castilla y León. Parecen los antiguos duque, condes, marqueses y no llegan ni a fijosdalgo. Don Quijote, al menos tenía principios y coherencia. Que pena, son patéticos pero, todavía tienen tiempo, a la vuelta de las fechas navideñas para proclamar un acuerdo de consenso para tener unos nuevos presupuestos para que nuestra región disponga, al menos, de oxígeno para ver si a lo largo de un año consigue salir de la UVI, sean generosos por los castellanos y leoneses. Ellos se lo premiarán, en caso contrario, que se lo demanden y los echen. Castilla y León se desangra y no hacen nada para detener la sangría demográfica. Luego vendrán los lamentos y los lloros, cuando no haya remedio.
Aunque ni siquiera el anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León para convertirlo en proyecto de ley de presupuestos geneerales de la Comunidad de Castilla y León, para conocimiento de los lectores, se pone a su disposición un resumen de los mismos elaborado por la Consejería de Hacienda de Castilla y León.
