España, a través de su Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, asignó a Castilla y León durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente por videoconferencia, celebrada el pasado día 24 de julio de 2024, la cantidad de 42,4 millones de euros, fundamentalmente de procedencia europea, que se destinarán a diversas actuaciones para la conservación y la restauración de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático o a la implementación de la normativa de residuos.

 

En dicha conferencia, Castilla y León, a través de su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, volvió a poner de manifiesto la posición discrepante de la región en cuestiones planteadas relativas al lobo ibérico y los incendios forestales.

 

En ella se ha ratificado un reparto territorial de 481,1 millones de euros para diversas inversiones destinadas a la conservación y la restauración de la biodiversidad, acciones de lucha contra el cambio climático, a la implementación de la normativa de residuos o al programa de economía circular. De esta cuantía, 42.442.469 euros han correspondido a Castilla y León, según los criterios acordados para su territorialización.

En la reunión de este órgano de coordinación entre las instituciones centrales y autonómicas, se han validado los acuerdos aprobados previamente en Consejo de Ministros, que canalizan fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el ejercicio presupuestario 2024 en el ámbito de la transición ecológica.

El total de fondos territorializados se distribuye en distintos acuerdos, de los que se han asignado a Castilla y León:

• Plan de impulso al Medio Ambiente (PIMA) eventos adversos: 800.000 euros.
• Plan estratégico de recuperación y transformación económica (PERTE) digitalización ciclo del agua: 8.637.600 euros.
• Plan de aplicación de la normativa de residuos: proyectos estratégicos 20.154.499,85 euros y digitalización 2.823.832,41 euros.
• Actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad (en el caso de Castilla y León, para la conservación del urogallo y del visón europeo): 1.060.137,49 euros.
• Lobo ibérico, medidas preventivas e indemnizaciones por daños: 8.707.839 euros (4.920.780 + 3.787.059,00, respectivamente)
• Áreas de influencia socioeconómica (AIS) de parques nacionales: 258.560 euros.

En lo referente a los últimos tres puntos, Castilla y León ha denunciado que el cambio de criterio respecto de las conferencias sectoriales de años anteriores motiva que, aunque las asignaciones iniciales resulten sensiblemente parecidas, las transferencias finales se alejen mucho de las habituales para el caso de Castilla y León, ya que en el caso de las AIS, por ejemplo, se reducen a la mitad.

Esto es debido al diferente tratamiento dado a los remanentes de años anteriores o procedentes de cantidades no justificadas de las asignadas a otras comunidades, de las que Castilla y León se beneficia al justificar todas las actuaciones y obtener, por ello, esos fondos suplementarios. Esto supone una merma considerable en los fondos a percibir por el conjunto de las comunidades autónomas y, en concreto, por Castilla y León.

En el caso de Castilla y León, la repercusión de este cambio de criterio es más grave, toda vez que los fondos del lobo que se acordaron en 2022 no fueron transferidos de forma efectiva a dicha comunidad hasta el 2023, lo que hace imposible justificar el gasto en 2022, cuestión que ha trasladado el Gobierno autonómico.

A eso se suma el hecho de que las asignaciones correspondientes a 2023 en estas tres áreas no llegaron a materializarse, ya que, aunque fueron aprobadas en otra Conferencia Sectorial ese año 2023, finalmente no fueron fiscalizadas de conformidad por el propio Ministerio y, por tanto, se perdieron, lo que ha supuesto una pérdida de fondos asignados previamente a Castilla y León de más de 10,5 millones de euros.

Además, desde las instituciones centrales de España se había comprometido a acumular, en 2024, las cantidades no asignadas en el 2023, y no ha sido así. Pese a que este año hay una nueva asignación, eso no cubre el importe previsto el año pasado, que no se llegó a transferir; ni lo que era imposible de justificar de 2022 al llegar los fondos en 2023.

Por todos estos motivos, Castilla y León demandó una compensación al alza en los fondos asignados, aunque se produzca en otro momento dentro de 2024.

Por otra parte, se han adoptado acuerdos que aprueban diversas estrategias, planes o directrices. De los que afectan a Castilla y León, cabe destacar el Plan Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales; el Plan Nacional de Mejora Genética Forestal; las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 y las de conservación ex situ de la flora silvestre la Estrategia de gestión, control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras presentes en medios acuáticos continentales; la de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados; la de desfragmentación de hábitats afectados por infraestructuras lineales de transporte, o las conservación del cangrejo de río ibérico o el lince ibérico.

Castilla y León ha mostrado su parecer favorable en todos los casos, habiendo colaborado de forma activa en los diferentes comités técnicos y grupos de trabajo. También ha apoyado la propuesta de declaración de situación crítica del desmán en España.

Se ha presentado también información de los proyectos de reales decretos derivados del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales; en concreto, el borrador de Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales y el borrador de Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Sobre el primero de ellos Castilla y León ha mostrado un parecer favorable, pero en el segundo ha demandado un mayor consenso que no se ha producido hasta la fecha, tanto en la forma de tramitación, que debería haber sido más clara, transparente y garantista en los comités previos y en la posibilidad de participar las autonomías, como en el fondo de las cuestiones abordadas.

En ese sentido, Castilla y León ha recalcado la necesidad de que en estos importantes instrumentos se alcance un elevado grado de consenso por parte de las comunidades, que son las competentes en su aplicación, y ha demandado la búsqueda de ese consenso para que el resultado sea el mejor técnicamente posible y pueda lograr una aplicación más efectiva, comprometiéndose la vicepresidenta y ministra a promover un trámite en las próximas semanas para hacer posible esa participación.