Castilla y León cumple su compromiso con sus organizaciones profesionales agrarias y dispone 115M€ para las ayudas que faciliten la incorporación de jóvenes agricultores
Castilla y León ya ha reconocido ayudas por importe de 48,1 millones de euros para facilitar la incorporación de 598 jóvenes agricultores y ganaderos y financiar 181 planes de mejora vinculados a sus explotaciones, lo cual significa una ayuda media de 80.435 euros por cada joven agricultor incorporado a la actividad agraria.
La resolución da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por Castilla y León, tras las elecciones celebradas en marzo de 2026, con las organizaciones profesionales agrarias: agilizar la resolución de la convocatoria, ofrecer certidumbre a los solicitantes y facilitar que los jóvenes puedan poner en marcha cuanto antes sus proyectos profesionales en el medio rural.
La convocatoria, cuyo plazo de solicitud finalizó el 31 de octubre de 2025, estaba dotada inicialmente con 100 millones de euros, elevando el presupuesto hasta los 115 millones con el objetivo de atender las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos, conforme a los criterios de prioridad previstos.
Con las resoluciones aprobadas durante el mes de julio se ha dado respuesta a más de dos terceras partes de las solicitudes presentadas para la incorporación de jóvenes.
En los próximos meses, se resolverá el resto de expedientes de incorporación, junto con las ayudas correspondientes a planes de mejora y planes medioambientales, hasta completar la ejecución de los 115 millones de euros finalmente comprometidos.
Una prioridad estratégica para Castilla y León y para España
El relevo generacional no es solo una política de desarrollo rural, sino una cuestión estratégica para garantizar la continuidad de la agricultura y la ganadería, la actividad económica de los pueblos y el futuro productivo de Castilla y León.
Sin jóvenes no hay relevo generacional y sin relevo generacional no se puede mantener una agricultura y una ganadería fuertes, rentables y capaces de garantizar la alimentación del país sin depender de importaciones de terceros países.
Castilla y León sostiene que las políticas de incorporación deben favorecer explotaciones viables, competitivas y tecnológicamente avanzadas.
No basta con ayudar a los jóvenes a comenzar, sino que es necesario crear las condiciones para que puedan consolidarse, crecer y desarrollar en los pueblos su proyecto profesional y de vida, apoyando inversiones vinculadas a la modernización, la innovación y la mejora de la eficiencia productiva.
El 49 % de los beneficiarios se incorporará a explotaciones agrícolas, el 44 % a explotaciones ganaderas y el 7 % restante a explotaciones mixtas. Las provincias de Zamora, León y Valladolid concentran conjuntamente más del 46 % de las incorporaciones resueltas, reflejando el dinamismo del sector agrario y la importancia de estas ayudas para garantizar la continuidad de numerosas explotaciones familiares.
La ayuda media concedida para la primera instalación alcanza los 66.678 euros por beneficiario y permite financiar cerca del 88 % de los gastos de instalación incluidos en los expedientes resueltos. Además, 181 jóvenes recibirán ayudas para desarrollar planes de mejora, con una subvención media de 45.626 euros por explotación, que financia aproximadamente el 61 % de la inversión auxiliada.
Un anticipo del 60 % para facilitar la puesta en marcha
Una vez recibida la resolución y acreditado el inicio de las actuaciones previstas en el plan empresarial, los beneficiarios podrán percibir un primer pago equivalente al 60 % de la ayuda de incorporación, con el objetivo de proporcionar la liquidez necesaria para afrontar los gastos e inversiones iniciales de la explotación.
Este anticipo tiene como objetivo aportar liquidez en la fase inicial, cuando los jóvenes deben afrontar las inversiones y gastos necesarios para poner en marcha la explotación. El 40 % restante se abonará después de justificar la correcta ejecución del plan empresarial aprobado, para lo que dispondrán de un plazo máximo de cinco años.
Castilla y León mantendrá una relación directa y permanente con las organizaciones profesionales agrarias y con el conjunto del sector para continuar dando respuesta a sus principales demandas.
La distribución provincial de las ayudas concedidas se puede ver en la siguiente tabla:
