El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, y otras autoridades, visitó el pasado 23 de abril de 2021, Día de Castilla y León, los principales escenarios del movimiento comunero en la provincia vallisoletana, donde ha destacado que la batalla de Villalar es un ejemplo más de la esencial contribución de esta comunidad a la propia construcción de España.
Fernández Mañueco ha participado en los actos organizados con motivo del Día de Castilla y León, que coincidiendo con el 5º centenario del movimiento comunero, han consistido en un recorrido histórico por las localidades que fueron los principales escenarios de la Batalla de Villalar, como son Peñaflor de Hornija, Torrelobatón, Marzales y Villalar de los Comuneros, localidades todas ellas ubicadas en la provincia de Valladolid
Allí, ha recordado que el «Día de la Comunidad conmemora un hecho histórico de gran trascendencia que constituye un ejemplo más de la contribución de Castilla y León a la propia construcción de España.»
Acompañado por el presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, y de otras autoridades, el jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que «el Día de Castilla y León es un día para sentir el orgullo de ser parte de una comunidad que se abre al futuro desde la libertad, la igualdad y la solidaridad».
«El Día de Castilla y León conmemora un hecho histórico de gran trascendencia, que constituye un ejemplo más de la contribución de Castilla y León a la propia construcción de España»
Además, ha señalado que «hoy más que nunca debe ser un día de orgullo para las mujeres y los hombres que están dando la batalla contra la pandemia desde la sanidad y desde otros muchos sectores como el campo, la industria, los comercios o los servicios públicos.»
En este punto, ha recordado que «los servicios públicos de Castilla y León, tanto la sanidad, como la educación o la atención a la dependencia, siguen situándose a la cabeza de España en todos los indicadores independientes.»
Por último, ha animado a todos los castellanos y leoneses a seguir luchando juntos por el futuro, y ha asegurado que «con el esfuerzo, la responsabilidad y el sacrificio de todos, Castilla y León saldrá adelante. En ese camino juega un papel fundamental el avance de la vacunación, donde el presidente ha señalado que Castilla y León se sitúa en los puestos de cabeza en el conjunto de España. Este proceso de vacunación es vital para la protección de las personas pero también para la propia recuperación económica, ha concluido.
Nota de la redacción: ¿Por qué los representantes políticos no utilizan la palabra «fraternidad»? ¿Solidaridad es otro nuevo eufemismo institucional, como el de español para el castellano, o como hacen en algunas partes de España, el uso de la palabra Estado en lugar de la palabra España?
Castilla: entre la tradición comunera, el municipalismo y su olvido existencial
Para ampliar la información a los lectores de Revista Digital de Castilla y León, a continuación, compartimos el artículo científico, elaborado por el Colectivo Cárabo, publicado en el perídidico digital de Ávila Avilared el pasado 19 de abril 2019:
Colectivo Cárabo
Castilla: entre la tradición comunera, el municipalismo y su olvido existencial
Nos aproximamos a la efemérides del quinto centenario de la revuelta comunera y de la batalla
de Villalar. Estos hechos, ocurridos hace casi 500 años, nos permiten reflexionar hoy sobre el
presente y el futuro del territorio castellano. Este trabajo resume determinadas aportaciones de
estudiosos, escritores y políticos que desde diferentes ámbitos han contribuido a clarificar la
personalidad de Castilla. Un territorio que junto a otros de similar raigambre y acusada
personalidad (Occitania, Inglaterra, Escocia, Baviera, Flandes, Lombardía,…) harían posible
concebir otra Europa distinta, la Europa de los pueblos.
La revolución comunera
Las Comunidades de Castilla son referencia esencial para contemplar desde una perspectiva
histórica la importancia de los movimientos populares surgidos en las ciudades como herramienta
de intervención política. Este movimiento, antecesor del municipalismo transformador, sintetizó
un modelo de sociedad de “iguales” con la forma de gobierno “entre iguales”. En su espíritu estaba
la búsqueda de un modelo de sociedad basado en comunidades más descentralizadas, menos
dominadas por las oligarquías, y con mayor participación y soberanía popular. Los planteamientos
de los comuneros incidían en la exigencia de una mayor representatividad para la población y los
distintos estamentos sociales; en definitiva una mayor democratización de la vida municipal y el
fin de los privilegios de la corona y las élites nobiliarias. En las ciudades adheridas al movimiento
insurreccional se crearon órganos asamblearios de discusión y debate de estructura flexible,
donde cada ciudad elaboró un sistema propio de consulta a la población, que fue determinante
en la pluralidad y complejidad de las Comunidades como movimiento popular.
Perdida la guerra comunera, Castilla fue el primer pueblo sometido por el proyecto imperial de los
Austrias, una realidad evidente pero que ninguna historia oficial nos enseña. La producción
historiográfica española se ha basado en la escritura a demanda como avalista del patriotismo
dinástico y del sentimiento de identidad imperial. Como afirma el profesor Juan Sisinio Pérez
Garzón (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha):
“España se crea como nación en el siglo XIX y el historiador es artífice decisivo en la configuración
de ingredientes del nacionalismo español”. Desde mediados del siglo XIX, buena parte de la
historiografía española adolece de ciertas carencias analíticas que identifican la historia de España
con la historia del hecho nacional español narrada desde convicciones auspiciadas desde la
oficialidad de las élites dominantes. Se trató de demostrar la preexistencia de la nación española
vinculada a la noción de Monarquía y Estado español; nada nuevo que no sepamos ya: la historia
siempre la escriben los vencedores que ponen todo su empeño en que no trascienda la versión
del perdedor. En este sentido Castilla, como pueblo, nación o sujeto político, ha sido una de las
víctimas del afán uniformador ejercido por el nacionalismo español sobre el conjunto de pueblos
ibéricos.
La derrota comunera trajo consecuencias inmediatas para Castilla y los castellanos. Castilla se
convirtió en el engranaje del proyecto imperial de la monarquía tanto su economía como su
política fueron puestas a disposición de la construcción de ese imperio. Se afianzó la monarquía
absoluta y se desvanecieron las aspiraciones y deseos de una mayor participación popular de las
ciudades en la vida pública. Esto supuso la derrota de la pequeña y mediana burguesía y de las
clases populares urbanas frente al reforzamiento de privilegios para la alta nobleza y la burguesía
mercantil, lo que allanó la desestructuración social y la subordinación al poder nobiliario sobre el
que se sustentaría después el bloque dominante.
La Revolución de las Comunidades de Castilla o revuelta de los comuneros, tiene lugar entre los
años 1520 y 1522, como respuesta a la política imperialista del emperador Carlos V del Sacro
Imperio Romano-Germánico (aun no existía Alemania como Estado-nación) que reinaba como
Carlos I en Castilla.
En un contexto de problemáticas sociales y económicas, el emperador (nieto de los Reyes
Católicos) se vio coronado como rey de Castilla en Flandes, donde había nacido, pese a que su
madre Juana todavía ocupaba el trono. Llegó por primera vez a Castilla como Rey con 17 años, sin
hablar castellano y rodeado de una corte de asesores flamencos con cargos oficiales en la
administración y en la iglesia. A los pocos meses, en 1519, Carlos regresó a Alemania al ser
coronado emperador.
En la gobernanza de su Imperio, trazó una política presupuestaria que pretendía incrementar los
impuestos de Castilla con el objetivo de sufragar los gastos de la política imperial europea. Pronto
se extendió el descontento, iniciándose en Castilla una campaña de rechazo contra esta política
que el emperador trató de neutralizar mediante la imposición de corregidores que facilitaran la
aprobación de sus propuestas. Este fue el detonante que, al fin, hizo estallar la revuelta
provocando que la mayoría de las ciudades castellanas se alzaran en defensa de la soberanía del
país.
Es el inicio del movimiento de las Comunidades Castellanas, considerada por algunos de los
principales especialistas como la primera revolución moderna de la historia en Europa (J.A.
Maravall, S. Haliczer, Joseph Pérez), con todos los síntomas revolucionarios modernos y anterior
a los procesos revolucionarios en Inglaterra y Francia. Un movimiento de carácter
fundamentalmente urbano y de connotación municipalista, pero que incluye también un
componente rural claramente antiseñorial (J.I. Gutiérrez Nieto, F. Martínez Gil), de perfil social
anti absolutista (P. Sánchez León) y con una evidente dimensión política (D. Alonso García, M.
Ballester Rodríguez, A. Merle).
El 23 de abril de 1521 tuvo lugar la batalla de Villalar, fecha en la que el Ejército imperial abatió a
6.000 voluntarios de las ciudades castellanas, hasta acabar ejecutando a Padilla, Bravo y
Maldonado, capitanes símbolos de la revolución. Este hecho supuso la disolución de la mayoría de
las Juntas comuneras aunque María Pacheco, esposa de Juan de Padilla, resistió en Toledo hasta
febrero de 1522 (F. Martínez Gil).
Las Comunidades de Castilla han sido objeto de las más contrapuestas interpretaciones a lo largo
de la historia. Desde las visiones claramente anticomuneras de finales del XIX y ampliamente
difundidas desde la historiografía oficial (Menéndez Pelayo, Danvila, Cánovas del Castillo, Vázquez
de Mella, Ganivet o Marañón), llenas de prejuicios que le atribuyen un carácter conservador,
tradicionalista, medieval y feudal frente al “reformador” y “modernizador” de Carlos V. Por el
contrario, modernas investigaciones desarrolladas por historiadores, sociólogos y expertos en
ciencia política, califican la rebelión o revolución comunera como un movimiento de carácter
moderno, rupturista y revolucionario.
Pere Corominas o Manuel Azaña ya sostuvieron que la rebelión comunera era un movimiento de
adelanto de la línea democrática moderna. El libro clásico de José Antonio Maravall, “Las
Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna” (Alianza Editorial, 1963), marcó un
hito decisivo en el desarrollo de esta interpretación. Estas tesis han sido aceptadas por la mayoría
de los especialistas, incluido el medievalista Julio Valdeón que en su día apostó por el componente
medieval del levantamiento comunero.
Para Maravall, el movimiento comunero se aproxima a los acaecidos en las sociedades modernas,
“que no a las revueltas gremiales de la baja Edad Media”. Afirma que los comuneros quisieron
detener “la marcha hacia el absolutismo en la naciente figura renacentista del príncipe soberano”
y les presenta como “preclaros visionarios del moderno Estado de Derecho en su forma
parlamentaria”. Según Maravall, la revolución comunera presentaría todos los síntomas
revolucionarios modernos (insistencia en la representación política, en la participación de las
clases medias en el gobierno, limitación del poder real, etc.), anticipándose a los movimientos
revolucionarios de Francia e Inglaterra. El autor confiesa que al menos en las ciudades andaluzas
no se disponía de una cultura política tan amplia como en Castilla por la “incomparablemente
mayor presión señorial sobre estas”.
Juan Ignacio Gutiérrez Nieto en “Las Comunidades como movimiento antiseñorial” (Planeta, 1973),
seguirá la estela de Maravall pero incidirá en el componente social de la revuelta y en la extensión
de la misma al ámbito rural mediante el impulso de un destacado movimiento anti-señorial.
El investigador francés Joseph Pérez (Catedrático Emérito de la Universidad de Burdeos) autor de
“La revolución de las Comunidades de Castilla -1520-1521-“ (Siglo XXI, 1979), es uno de los
investigadores que con mayor profundidad ha tratado la revuelta comunera desde que elaborase
al respecto su tesis doctoral en 1970. El amplio análisis documental le ha llevado a insistir en las
motivaciones socio-económicas de la revuelta y resume su tesis en cuatro aspectos
fundamentales: fue un movimiento esencialmente “centro-castellano”, desde la meseta norte
hasta Sierra Morena; fue un levantamiento básicamente urbano, de las ciudades, pero que
encontró eco en las áreas rurales a través de un relevante movimiento anti-señorial; con un
programa de reorganización político de signo moderno y revolucionario para la época que intentó
limitar el arbitrario poder de la Corona; y, por último, la derrota de los comuneros fue debida a la
alianza entre la nobleza y la monarquía, que trajo como consecuencia el refuerzo de las tendencias
absolutistas.
El norteamericano Stephen Haliczer, autor de “Los Comuneros de Castilla: la forja de una
revolución -1475-1521-“ (Universidad Valladolid, 1987), enriquece la interpretación revolucionaria
y política del conflicto comunero, fruto de los desequilibrios producidos en tiempos de los Reyes
Católicos por su compromiso con la alta nobleza que generó tensiones con la burguesía urbana lo
que dio origen a la revuelta comunera.
Pablo Sánchez León (historiador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid) ofrece en “Absolutismo y Comunidad. Los orígenes sociales de la guerra
de los comuneros de Castilla” (Ed. Siglo XXI, 1998), una novedosa visión que partiendo del estudio
de la temática concejil, pretende integrar las perspectivas metodológicas de las ciencias sociales
con un análisis histórico, integrando la sociología y la historia y con cierta inspiración en las tesis
marxistas. Según el autor, solo la comparación permitirá ver aquéllas diferencias que sirven para
analizar, por su carácter singular, una trayectoria histórica de largo plazo. Para Sánchez León, las
revueltas castellanas tendrán una raíz muy diferente respecto de las inglesas o francesas, pues
aquí no se trataría ni de un proceso de liberación de la servidumbre ni de un enfrentamiento entre
señores y campesinos a causa de las rentas. Para el autor, “la pauta de conflictividad castellana
responde a un más complejo escenario de tensión social provocada por la temprana implantación
en esta región de un sistema de extracción de renta centralizada y su precondición política, un
Estado absolutista basado en comunidades parcialmente autorreguladas”. Sánchez León afirmará
que los diversos estudios que han analizado el contexto histórico del levantamiento comunero son
incapaces de “identificar al sujeto social cuya acción colectiva resultó determinante para la marcha
de los acontecimientos”. El autor vincula estas carencias al déficit sociológico de esos trabajos. A
su vez, critica la identificación del movimiento comunero con un proceso revolucionario, por ello
preferirá la denominación de “revuelta social anti-absolutista”.
Luz M. Cruz Galindo en su trabajo “Los comuneros: un apunte histórico” (Arbor-CSIC CLXV 652,
2000), escribe que “Nosotros pensamos que si efectivamente esta rebelión expresa el instinto
natural del hombre por participar en las decisiones de su comunidad, si es un presagio de
democracia, tal vez su fracaso se debe, en parte, al hecho de adelantarse a su época”. Cruz Galindo
también afirma que “Castilla como verdadera nación, tenía conciencia del ser propio y de su
derecho a la plena existencia política, económica, social y cultural; la voluntad de ejercicio de tales
derechos, por medio de la autodeterminación para configurar el propio destino y el propio futuro”.
David Alonso García (Universidad Complutense de Madrid) en su trabajo “Debate Historiográfico:
Las Comunidades de Castilla en el siglo XXI” (Tiempos Modernos 19, 2009/2), reflexiona afirmando
que “parece evidente que el mundo de principios del siglo XXI es muy diferente al que vio nacer los
principales textos sobre las Comunidades. En consecuencia, el esfuerzo para entender nuestro
presente tomando en consideración el pasado también es susceptible de variar. No se trata de
realizar ejercicios voluntaristas o simples proyecciones sin base, sino de realizar nuevas búsquedas
documentales junto a la siempre necesaria labor de relectura que permiten las muchas fuentes
publicadas sobre este tema. Las Comunidades representaron un acontecimiento importantísimo,
por lo que fue y por lo que no llegó a ser, también por lo que no fue, según lo imaginaron nuestros
liberales/conservadores del XIX. En este sentido, no debemos olvidar que la revuelta tuvo una
dimensión europea en tanto coincidió con situaciones de crisis en otros reinos del entorno. Y no
pensamos únicamente en Germanías y Valencia. Europa estaba pasando por un momento de
enorme incertidumbre debido al nacimiento de un entramado como la Monarquía Hispánica,
derivado a su vez de las transformaciones que se estaban produciendo en buena parte del
continente. Había desaparecido el ducado de Borgoña, los turcos seguían en pleno proceso de
expansión, las repúblicas italianas presentaban numerosas contradicciones internas o se estaban
dando los primeros pasos para la ruptura de la cristiandad. Las Comunidades constituyeron un
eslabón más en estos procesos de cambio histórico en relación a Europa, y no sólo en virtud de un
patrón hispano. En consecuencia, y esta aseveración sólo supone una mera suposición, deberíamos
comenzar a observar al conflicto comunero integrándolo en dinámicas europeas, con los países
que deseemos, pues, en definitiva, coincidió en el tiempo con un periodo de tal convulsión que
nuestro movimiento sólo puede ser entendido como una parte más de la historia del continente”.
Mateo Ballester (Universidad Complutense de Madrid), en su trabajo “Comunidad, patria y nación
como fuentes de la legitimidad política en las Comunidades de Castilla (1520-1521)” (Revista de
Estudios Políticos 153, 2011), concluye: “Sin embargo, resulta igualmente innegable la presencia
de planteamientos ideológicos y proyectos políticos que conciben un nuevo orden institucional,
basado en la afirmación de una superioridad jerárquica de la comunidad sobre el rey. Estas
expresiones no son marginales o secundarias en la constelación comunera, sino que conforman la
línea de actuación dominante. Si a lo anterior añadimos que para la mentalidad de los comuneros
la patria tiene una existencia pre-política, y define a una comunidad cuyo vínculo de unión
trasciende el de ser súbditos de un mismo gobernante y se basa en participar de una misma
identidad cultural, se puede asimismo afirmar que en la rebelión comunera ya asoma el principio
de soberanía nacional”.
Continúa Ballester: “Existe a nuestro juicio una evidente e interesada divergencia entre las oficiales
demandas comuneras de restablecimiento de un supuesto orden tradicional y la puesta en práctica
y reclamación para el futuro de un modelo político profundamente novedoso, que afirma, como
nunca antes, la preeminencia de la comunidad sobre la autoridad regia. En el punto de la aplicación
práctica de las ideas, el movimiento comunero puede encuadrarse dentro de la rupturista categoría
de las revoluciones modernas”.
Alexandra Merle (Universidad de Caen, Normandia) en “Autocensura en torno a la dimensión
política de las Comunidades de Castilla” (Manuscrits, Revista d´Historia Moderna 35, 2017),
concluye que “Lo cierto es que, años después de la represión de la revuelta, no solo la historiografía
se mostraba reacia a identificar en las reivindicaciones de los comuneros huellas de ciertas ideas
políticas, sino que la expresión de dichas ideas suscitó fuertes reticencias incluso en el debate
puramente teórico —lo que es buena prueba de la percepción que tuvieron los contemporáneos de
la importancia que tuvieron en la revuelta— antes de que nuevos contextos europeos produjeran
en la segunda mitad del siglo XVI la reactivación del tema de la resistencia”.
La mitificación del hecho comunero y el federalismo republicano
A finalizar las guerras napoleónicas se inicia la pugna entre absolutistas y liberales, con especial
incidencia en la Castilla del siglo XIX. En esta época alcanza su esplendor la mitificación del hecho
comunero, en un contexto de exaltación del romanticismo guerrillero. El liberalismo castellano
tiene su expresión más significativa políticamente en las sociedades secretas de cariz democrático,
republicano y federalista. En las denominaciones de estas sociedades queda patente la
recuperación de la tradición comunera y la admiración por su legado de lucha frente al
absolutismo. De estos grupos salieron los líderes guerrilleros que durante el Trienio Liberal
homenajearon a los comuneros. Por su intensa actividad, el carácter popular y sus numerosos
miembros, destacó la sociedad denominada “Los Comuneros”. Este grupo popularizó el pendón
morado que después formará parte de la bandera de la II República como representación de
Castilla y las corrientes liberales.
En esta época, en Toledo, se revitalizó la figura de Juan de Padilla, otorgándole su nombre a la
plaza donde estuvo su residencia. Fue “El Empecinado”, en 1821, el primero en exigir la
rehabilitación y dignificación del solar y la vivienda de Juan de Padilla.
Durante el Sexenio Democrático, que culmina con la I República española, el movimiento liberal
progresista emergió con fuerza creándose el Partido Demócrata Republicano, que a la caída de
Isabel II se extendió por toda Castilla. Este partido elaboró un documento de gran importancia
para el castellanismo: el “Pacto Federal Castellano” de 1869, por el cual los delegados del Partido
en 17 provincias exigían la creación y federación de los Estados de Castilla La Vieja y Castilla La
Nueva. Los firmantes del Pacto, acababan el escrito con una ilustrativa mención a la revuelta
comunera: “la sangre de los Padilla, Bravo y Maldonado que corre por nuestras venas y el
ardimiento de que guardan memoria nuestros pueblos de las comunidades, garantizan el éxito de
nuestra aspiraciones y deseos”.
Pi i Margall, figura clave del federalismo de la época y presidente de la 1ª República, aseguraba
entonces que “Castilla fue, entre las naciones de España, la primera que perdió sus libertades en
Villalar bajo el primer rey de la Casa de Austria”.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, la bandera tricolor con el morado comunero y castellano se
convirtió en insignia en los ambientes demócratas y republicanos. El Ayuntamiento de Madrid
llegó a proponerla entonces como bandera de la I República, aunque su propuesta fue rechazada
por las Cortes.
El republicanismo federal se sostuvo con el apoyo de la pequeña burguesía industrial y del
proletariado urbano de vocación revolucionaria. Sobre el municipalismo gravitaron los proyectos
de democracia en el país. Un modelo que arrancaba de la democracia directa, construido “de
abajo a arriba”, y sobre la base de la libre federación de los individuos, los municipios, los cantones
y las nacionalidades.
El 12 de julio de 1873 se inició la rebelión cantonal, insurrección protagonizada por los
republicanos federales. Resulta anecdótico reseñar el caso de la provincia de Ávila, que el 20 de
julio de 1873 se declaraba como cantón independiente de efímera duración en apoyo a la
República Federal y a la constitución del Estado Castellano, en consonancia con el “Pacto Federal
Castellano” de 1869. En pocas horas sus promotores fueron detenidos.
Posteriormente, el proyecto del federalismo castellano se vio interrumpido por el golpe militar de
Pavía y la Restauración borbónica. El entramado intelectual ligado a las élites conservadoras
“buscaba antídotos contra lo acaecido en los seis años del sexenio democrático (contra el impulso
del federalismo, contra la implantación del republicanismo y frente a las exigencias populares)”
(Pérez Garzón, 2003). No obstante con el discurrir de los años continuaron las muestras de
admiración hacia la causa comunera.
Villalar como símbolo
En el siglo XVIII el conquense León del Arroyal, ilustrado economista y destacado protoliberal,
manifestó que Villalar fue “el último suspiro de la libertad castellana”. Juan Martín Díez “El
Empecinado”, junto a sus compañeros de la sociedad secreta “Los Comuneros”, organizó una
expedición en busca de los restos de Padilla, Bravo y Maldonado que culminó con un acto de
homenaje en Villalar el 23 de abril de 1821. En 1889 el alcalde de Villalar promovió la construcción
del monolito en recuerdo a los comuneros, monolito que en la actualidad luce la plaza del pueblo.
En los primeros años del siglo XX, cuando el sistema de la Restauración entró en crisis, hubo nuevos
intentos de celebración en Villalar y un resurgir de la figura de los comuneros de mano del
regionalismo castellano y la prensa castellanista.
Entre las iniciativas destaca la de José María Zorita, diputado liberal por Valladolid que realizó una
petición de crédito extraordinario para conmemorar la batalla de Villalar. Por su parte, en
diciembre de 1918 la “Sociedad de Estudios Históricos Castellanos” (entre cuyos miembros estaba
el profesor Narciso Alonso Cortés) hizo un llamamiento para erigir un monumento a los
Comuneros. En 1921 el Ayuntamiento de Santander propuso que las corporaciones castellanas
celebrasen el IV Centenario de los Comuneros de Castilla como punto de arranque para la creación
de una mancomunidad compuesta por las once provincias de Castilla la Vieja y León. Por su parte,
el Ayuntamiento de Palencia sería el primero en apostar dos años más tarde, en 1923, por una
celebración anual de la batalla. En concreto afirmaron “que el 23 de abril próximo vayan todas las
representaciones de Castilla a los campos de Villalar (…). Que el mismo día y a la misma hora se
dedique en todas las ciudades castellanas un minuto de silencio a los héroes de Villalar”.
Castilla víctima del proyecto español
De un modo intencionado, Castilla ha sido identificada con España, y el carácter castellano (y en
parte también el andaluz) con el español, tomando la parte por el todo. En esa tergiversación de
la historia se ha identificado políticamente a Castilla con España. De esta forma, Castilla será para
unos la creadora de España y para otros la opresora, centralista e imperial. En la difusión de ambas
ideas desempeñaron un papel estelar, con matices, los literatos e historiadores de la generación
del 98, como responsables propagandistas de esa identificación Castilla-España. Un relato que
sirvió para nutrir tanto el discurso del nacionalismo español como el del posterior falangismo, y
que evidencia la forzosa dicotomía entre la Castilla imperial y la Castilla popular.
El abulense Claudio Sánchez-Albornoz, en su trabajo “España un enigma histórico” (1962), fue
consciente de que el “íntimo parentesco temperamental de las comunidades humanas regidas por
diferentes organizaciones políticas fue, sin embargo, débil aglutinante para el hacer de España”, y
lo considera no como una imposición de Castilla, sino como el resultado de una serie de
confluencias que la hicieron necesaria para las élites castellanas y aragonesas, y cuyo resultado
final determina que las gentes de Castilla fueron más víctimas que beneficiarias.
En este sentido se hace necesario desbaratar el tópico de la identificación política directa de
Castilla con el centralismo ya que ni siquiera eran castellanos los intereses hegemónicos que lo
sostuvieron. Con frecuencia se ha responsabilizado a los castellanos por las políticas ejercidas
desde la Corte, desde los ambientes palaciegos y las zonas acomodadas de Madrid, por unas élites
españolas cuyos intereses nada tienen que ver ni con Castilla ni con las clases populares
madrileñas y castellanas. Políticas de imposición ejecutadas desde el poder dominante español y
basadas en borrar la diversidad lingüística y cultural para construir la homogeneidad nacional. Una
uniformidad ciega a la verdadera naturaleza plural del conjunto de pueblos del Estado.
Como escribió Julio Carabaña en 1978 en su artículo “De Castilla como nación, región y desolado
paisaje”: “Si alguien en Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia o Andalucía cree que tiene un
enemigo en el centro, que no lo busque en Castilla, sino en el Estado central. (…) Mejor busque
entre los grandes industriales, los financieros, los latifundistas; que carecen, por lo general, de
nacionalidad y de patria, y seguro que no tienen la castellana”. En las cartas al director del diario
El País, el 17/11/1985, Javier Duce afirmó que “ni Castilla es España, ni todo lo que no es Euskadi,
Galicia y los Países Catalanes es Castilla (obviamente, todo eso tampoco es España en exclusiva).
(…) ¿No se debería conocer de una vez por todas que el proyecto nacional español es el proyecto
puesto en marcha por la oligarquía española, originada por la fusión de intereses de ferreteros
vascos, algodoneros catalanes, cerealistas castellanos y aceiteros y vinateros andaluces? ¿No fue
Castilla, con la derrota comunera, la primera nación peninsular en sufrir todo el yugo del
centralismo imperialista de la realeza y la nobleza españolas?.
Del regeneracionismo al castellanismo
El primer atisbo de regionalismo lo encontramos en la reflexión de los intelectuales
regeneracionistas de finales del siglo XIX. Sus escritos contribuyeron a fomentar una conciencia
castellana.
En 1886 el soriano Elías Romera publicó su obra “La Administración Local. Reconocidas causas de
su lamentable estado y remedios heroicos que precisa”, considerada desde ciertos sectores como
la primera manifestación del castellanismo político e inspiradora del posterior regionalismo
“carreterista”.
El geógrafo y republicano progresista Ricardo Macías Picavea publicó en 1899 “El problema
nacional: hechos, causas, remedios”, donde abordaba una crítica al caciquismo y a la ficticia
democracia imperante. Macías Picavea hizo un llamamiento a la adopción de posturas
regionalistas como aspiración de los territorios a constituirse en órganos con autonomía capaces
de gestionar los distintos aspectos sociales y políticos.
En 1915, Julio Senador publicó “Castilla en escombros”, obra en la que describía un sombrío
panorama de la realidad castellana. Criticó con dureza el caciquismo, y también a los prestamistas
y usureros, pero Julio Senador no se limitó solo a la crítica y el análisis porque además propuso
alternativas como paradigma del desarrollo respetuoso de los modelos de producción del campo
castellano y la conservación de los recursos naturales de la meseta norte. Senador se mostró
crítico con los políticos que defendían el regionalismo castellano. Desde su punto de vista era una
simple maniobra de las élites que defendían sus intereses económicos a través del proteccionismo
o del puro anti-catalanismo.
La actividad cultural en torno a los Juegos Florales, la creación de la “Sociedad Castellana de
Excursiones” (1903), de la “Sociedad de Estudios Históricos Castellanos” (1914) y la labor de los
ateneos (en particular los de Valladolid y Burgos), contribuyeron notablemente a la reflexión
regionalista. La revista del Ateneo de Valladolid, fundada por Narciso Alonso Cortés, prestó mucha
atención a las ideas regionalistas, publicando a finales de 1914 los discursos pronunciados por
Francisco de Cossío (“Del sentimiento castellanista”) y por Justo González Garrido (“El
castellanismo y la restauración del espíritu castellano”). No se puede obviar la labor de algunos
políticos que inspirados en el regeneracionismo desarrollaron líneas del incipiente pensamiento
castellanista. Es el caso de Santiago Alba Bonifaz, periodista gerente del periódico vallisoletano “El
Norte de Castilla” y desde 1917 dirigente político de la denominada “Izquierda Liberal”. Durante
la Restauración este sector liberal (los “albistas”) tuvo una fuerte implantación en Madrid y en las
provincias de la Castilla norte. Fueron destacados miembros de la “Izquierda Liberal” algunos
políticos que en su evolución posterior formarían la influyente corriente conservadora del
agrarismo de inspiración castellanista. Entre ellos Antonio Royo Villanova, José María Zorita, José
María Cid, Mariano Matesanz o el abulense Nicasio Velayos.
Por aquellos años “El Norte de Castilla” se convirtió en el catalizador fundamental de las
reivindicaciones. Dependiendo de las épocas el periódico unas veces se mostraba a favor de un
regionalismo de índole económico, y cuya principal finalidad era la protección de los intereses
agrarios, y otras a favor del “regionalismo sano” (más político) frente a lo que denominaban
“regionalismo morboso”, es decir, el que llevaba la entonces denominada “semilla separatista”.
Hay que esperar hasta principios del siglo XX para encontrar nuevos planteamientos castellanistas.
Desde 1914 a 1924 tres grandes posturas dominaron el panorama en Castilla. Por un lado la de
aquellos que a imitación de Cataluña pretendieron una mancomunidad inicialmente provinciana
y, después, claramente regionalista, la de los “carreteristas”, cuyo ámbito de actuación es Castilla
la Vieja. Además hubo otros planteamientos que defendían interpretaciones más extensas, como
la unidad de Castilla la Vieja y León e incluso otra visión federalista-nacionalista más amplia que
englobaría los territorios a ambos lados del Sistema Central. Frente a ellos, el bloque de los
opositores a cualquier estatuto y sobre todo contra la autonomía catalana, encabezado por Royo
Villanova, aragonés afincado en Valladolid que había sido director del diario “El Norte de Castilla”
entre 1902 y 1906 .
A finales de febrero de 1916, se crea una comisión para poner en marcha el “Partido Regionalista
Burgalés”. En realidad fue el primer partido castellanista, con un ideario inicial muy próximo a las
tesis que venía exponiendo el segoviano Luis Carretero en la prensa de la época. El líder y fundador
del partido fue Antonino Zumárraga, abogado y director de “La Voz de Castilla”, que en las
elecciones de abril de ese mismo año consiguió el escaño como diputado regionalista por Burgos,
rompiendo por primera vez en la Restauración el tradicional sistema de turnos entre
conservadores y liberales. El planteamiento de la formación política de Zumárraga fue la de ser un
partido interclasista, regeneracionista, contrario a las prácticas caciquiles de la “vieja política” y
solidario con las reclamaciones autonomistas de otras regiones y nacionalidades como Cataluña.
El periódico “La Voz de Castilla” mantuvo desde su nacimiento en 1916 hasta su desaparición en
1921 unas excelentes relaciones con el catalanismo. Sus páginas, además, se hicieron eco del
despertar autonomista de Andalucía, Galicia, Aragón,…etc.
En 1918 Luis Carretero Nieva publicó su libro “La cuestión regional de Castilla la Vieja (el
regionalismo castellano)”, que generó una corriente del regionalismo castellano viejo impulsada
por este desde Segovia y posteriormente por el periodista Ignacio Carral. Este último formaba
parte de un círculo segoviano de intelectuales republicanos de izquierdas, entre los que se
encontraba el profesor Mariano Quintanilla o el folclorista Agapito Marazuela. Sus tesis contaron
también con apoyos de sectores de la capital burgalesa, ciudad en la que Carretero desplegó una
intensa actividad en defensa del castellanismo. El regionalismo “carreterista” se mostró cercano y
solidario con las pretensiones autonomistas vascas y catalanas.
Desde Madrid, y por iniciativa de algunos parlamentarios, a principios de 1918 se pretendió crear
una entidad política: “La Unión Castellana”. Entre sus fines figuraba la unidad de toda Castilla la
Vieja y su desarrollo económico. Una de sus propuestas prácticas fue la creación del “Centro de
Estudios Castellanos” que nació a imagen y semejanza de otros organismos como el “Institut
d´Estudis Catalans”, el “Seminario de Estudios Galegos” o “Eusko Ikaskuntza”. Estaba presidido por
el alcalde de Burgos y en su junta directiva figuraron presidentes de los ateneos burgaleses así
como el músico Antonio José, director del Orfeón Burgalés. A finales de ese año “La Unión
Castellana” decidió fundirse con la “Liga Castellana” (que por esas fechas apostaba por el
“Mensaje de Castilla”).
Otro bloque del incipiente regionalismo castellano es el que surgió en respuesta al proyecto de
Bases para la Autonomía de Cataluña y que cristalizó el 2 de diciembre de 1918 en el denominado
“Mensaje de Castilla”. La iniciativa partió de los presidentes y miembros de las once diputaciones
de Castilla la Vieja y León, con la adhesión también de la de Salamanca que no pudo asistir. Poco
después, el 25 de enero de 1919, se reunieron en Segovia los representantes de las diputaciones
provinciales que elaboraron “Las Bases de Segovia”, donde por primera vez se articuló un texto
que consideró la organización del territorio en municipios, provincias y regiones desde una visión
autonomista.
Los planteamientos regionalistas del “Mensaje de Castilla” y de “Las Bases de Segovia” eran muy
diferentes a los esgrimidos desde los sectores liderados por Luis Carretero y por Antonino
Zumárraga. En 1919 Zumárraga y los dirigentes del “Partido Regionalista Burgalés” se reunieron
en Salamanca con políticos e intelectuales de otras provincias castellanas con el fin de articular
una alternativa regionalista de enfoque regeneracionista y progresista distinta a la esgrimida en el
“Mensaje de Castilla”. Entre los congregados se encontraban el jurista leonés afincado en Palencia
Juan Díaz Caneja, el escritor salmantino José Sánchez Rojas o el político socialista Óscar Pérez Solís.
Como hemos comentado anteriormente existió, además, una corriente castellanista más
federalista-nacionalista cuyo planteamiento territorial contemplaba el conjunto de la “nación
castellana”, un concepto que englobaba a ambas Castillas, la del norte y la del sur, y que enraizaba
con el “Pacto Federal Castellano” de 1869. El profesor Narciso Alonso Cortés trató de patrocinar
inicialmente dicha corriente federalista, de la que pronto se desenganchó para situarse en el
regionalismo más cercano a los postulados del “Mensaje de Castilla” y de “Las Bases de Segovia”.
Alonso Cortés fue promotor de la “Sociedad Castellana de Excursiones” en 1903, de la “Sociedad
de Estudios Históricos Castellanos” en 1914 y de la “Revista Castellana” en 1915. Dentro de esta
corriente podemos encuadrar al economista burgalés Gregorio Fernández Díez, heredero de la
línea trazada por los regeneracionistas como Macías Picavea o Julio Senador, que publicó en 1926
su libro “El Valor de Castilla -Estudio económico y semipolítico-“. En dicho texto (curiosamente
editado en Ávila) el autor hacía referencia al carácter “nacionalista” de la revolución comunera,
porque, según él, “Castilla era entonces nación”. En una época en la que había diferentes
propuestas sobre la cuestión territorial de la futura Castilla autónoma, el autor fue muy crítico con
el “exceso de provincialismo” y consideraba a Castilla como el territorio que se extiende desde el
Cantábrico, en la costa santanderina, hasta Sierra Morena. Fernández Díez apeló a los
sentimientos al afirmar “Sintámonos por un momento, imitando a otros pueblos, castellanos y
nada más que castellanos”.
Verdadero altavoz de esta concepción del castellanismo a ambos lados del Sistema Central fue la
revista “Castilla, Revista Regional Ilustrada”, editada en Toledo entre 1918 y 1919 bajo la dirección
de Santiago Camarasa. Esta revista contó con corresponsales en todas las provincias castellanas y
entre sus colaboradores se encontraba el intelectual vallisoletano Narciso Alonso Cortés.
Una parte del regionalismo de principios de siglo XX se desarrolló como simple reacción contra el
nacionalismo catalán, elaborando un discurso victimista desde las esferas del poder político y
económico, donde bajo una supuesta “defensa de Castilla” en realidad primaban los intereses de
la burguesía harinera y del proteccionismo triguero. En esta línea estuvieron los promotores de la
“Unión Castellana Agraria”, una opción conservadora y caciquil creada en Palencia por la derecha
política de cara a las elecciones de 1931. Su máximo representante fue Ricardo Cortes Villasana
(que se autodenominó “regionalista”) y durante un breve tiempo figuró Juan Diaz Caneja entre
sus impulsores. En su órbita también se situó Abilio Calderón, aunque como independiente
“castellanista agrario”.
Los sectores auténticamente autonomistas, o incluso federalistas castellanos, estaban
circunscritos a una élite intelectual y a ámbitos universitarios que intentaron conseguir que el
estatuto catalán sirviera para el desarrollo de un regionalismo que estimulara las esperanzas del
pueblo castellano. En este grupo se encontrarían Narciso Alonso Cortés, Misael Bañuelos, Carlos
Alonso y Gregorio Fernández Díez.
El burgalés Misael Bañuelos, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid,
tomó especial relevancia, llegando a afirmar que “los que amamos a Castilla estamos dispuestos
a constituir el partido pro autonomía de Castilla o Partido Castellanista”. Defendió la necesidad de
configurar un Estado Federal, en el que las regiones-estados organizasen sus propias estructuras
de autogobierno. En una conferencia en el Ateneo de Valladolid, el profesor Bañuelos rechazó que
se entorpeciese el movimiento a favor del estatuto catalán y dijo: “Por eso Castilla no debe
entorpecer este movimiento sino reconstruir su personalidad perdida en los campos de Villalar y
presentarse en igualdad de condiciones ante el poder para hacer valer sus derechos”.
El palentino Carlos Alonso y el burgalés Gregorio Fernández Díez se mostraron más activos en la
política partidista y electoral. Carlos Alonso, que había evolucionado del “castellanismo agrario”
(basado en el agravio por el estatuto catalán) al autonomismo y al federalismo castellano, creó
con una escisión palentina del Partido Republicano Radical Socialista un nuevo partido en mayo
de 1932: “La Izquierda Castellana”, una formación de corta vida y cuyo nombre no hacía honor a
su verdadero posicionamiento ideológico más amplio e interclasista. En noviembre de 1933, tanto
Alonso como Fernández Díez concurrieron a las elecciones como independientes en candidaturas
“castellanistas republicanas”.
A raíz de la aprobación del Estatuto catalán en septiembre de 1932, el periódico “El Norte de
Castilla” en su editorial del 2 de octubre (“Autonomía castellana. La fórmula del Estatuto”) hizo un
llamamiento a los parlamentarios: “Ha llegado, pues, el momento de pensar en nuestra propia
vida. Dejar a las demás regiones constituirse en autónomas, con vista a su mejor provecho,.. Como
pensamos nosotros pensarán hoy los castellanos todos: hay que formular el Estatuto castellano”.
La primera reacción en el centro fue la petición de un Estatuto para Madrid, activada desde los
sectores federalistas republicanos. La “Juventud Republicana Federal” de Madrid incluso creó una
comisión para impulsar una campaña pro-estatuto madrileño.
En este clima de opinión se aportaron muchos puntos de vista, incluido el debate territorial para
lo que la prensa de la época denominaba “la región castellana del norte”. La mayoría apostaría por
un estatuto castellano en el que se incluirían las once provincias de Castilla la Vieja y León. Si bien
algunas propuestas limitaban el ámbito a las nueve provincias de la Cuenca del Duero, otras, por
el contrario, invitaban a sumarse a las provincias del sur de Castilla, es decir a Castilla la Nueva.
El 26 de mayo de 1936 el profesor Misael Bañuelos reabrió el debate y expuso en “El Norte de
Castilla” una propuesta de “bases políticas y administrativas estatutarias” para Castilla y León, las
denominadas “Bases de Bañuelos”, consideradas como el primer y más importante paso dado
antes de la Guerra Civil en el proceso de aprobación de un Estatuto de Autonomía para esas
tierras. Finalmente la vía estatutaria autonómica fue aceptada por los diferentes sectores
“agraristas” (como el ex ministro republicano abulense Nicasio Velayos), por destacados
conservadores (César Silió o Abilio Calderón) e incluso, de forma sorprendente, por la derecha que
representaba la CEDA del salmantino José María Gil-Robles. Solo quedaron como opositores del
autonomismo por un lado el unitarista Antonio Royo Villanova y por otro los acérrimos defensores
de la imperial “España grande y unida” (como el falangista Onésimo Redondo).
Al inicio del mes de julio de 1936, semanas antes de producirse el estallido de la Guerra Civil, los
miembros de la recién creada “Asociación de Escritores Regionalistas Castellanos” se mostraron
muy activos en favor de la autonomía para Castilla, entre ellos el palentino Carlos Alonso. El 10 de
julio de 1936 otro de sus miembros, el economista Gregorio Fernández Díez, publicó en “El Día de
Palencia” el artículo “La autonomía de Castilla” en el que hizo un firme llamamiento en favor de
la autonomía. Como consecuencia del golpe militar de julio de 1936 y el posterior conflicto bélico,
el Estatuto no puedo ser redactado. La meseta norte pasó rápidamente a estar controlada por los
sublevados franquistas y la exaltación nacionalista española impuesta por los golpistas hizo
desaparecer cualquier atisbo de autonomismo castellano.
El desarrollo del castellanismo y el republicanismo sucumbió ante la sublevación militar y posterior
triunfo del bando nacional en la guerra civil. La dictadura supuso un corte radical en el progreso
de la vida intelectual y en la construcción de una sociedad abierta, modernizada, libre y plural. En
Castilla, tal y como afirma Juan Andrés Blanco Rodríguez (Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Salamanca): “La vida cotidiana quedó condicionada por la nueva concepción
política y social, por la represión de las costumbres liberales y por una disciplina religiosa más
estricta que todas las conocidas antes. Las nuevas autoridades, civiles, militares y religiosas (…),
regularán tanto la vida pública como incluso la privada. Medidas estrictas de orden público e
imposición de una severa moral cristiana que afectará al lenguaje, los comportamientos sociales,
las modas, los comportamientos privados, (…). Se suprimirán tradiciones y costumbres populares
como el carnaval, de larga tradición en diversos lugares de Castilla”.
El fin de las aspiraciones autonomistas
Con este panorama son evidentes las terribles consecuencias que sufrieron muchos de los
protagonistas del autonomismo y el republicanismo castellano. Sometidos al ostracismo social,
político y profesional, obligados al exilio, encarcelados (entre ellos el segoviano Agapito
Marazuela, padre del folclore castellano) o directamente fusilados o desaparecidos (como el
burgalés Antonio José, compositor del “Himno a Castilla”).
Otros optaron por un giro radical en sus anteriores posiciones claramente autonomistas. Es el caso
de Óscar Pérez Solís, cuya evolución durante la Segunda República le llevó a cambiar de bando y
situarse en posiciones de extrema derecha, después de haber sido destacado militante socialista,
regionalista castellano y secretario del PCE en 1925. Carlos Alonso, que pocos meses antes había
sido un ferviente autonomista, escribió el 4 de agosto de 1936 en “El Norte de Castilla” un
contradictorio artículo en el que se apreciaba cierta sumisión a la nueva situación política del
momento. Otro ejemplo sería el de Misael Bañuelos que, desde posiciones inicialmente
progresistas, se mostró como un singular defensor de la identidad castellana, aceptado y
reconocido como tal tanto por la izquierda en el periodo republicano como por el falangismo
durante la guerra civil. Sin embargo, después de la guerra Bañuelos continuó con una errática
labor divulgadora, a medio camino entre el castellanismo radical y ciertos planteamientos que
desde de la ciencia biológica le llevaron a la eugenesia. Incluso, a través de un estudio
antropológico descubrió la existencia de un núcleo de raza nórdica en el norte de Castilla, llegando
a justificar cierta superioridad racial de los castellanos.
Volviendo a la guerra civil, durante esta se constituyeron grupos de guerrilleros en defensa de la
república, alguno de los cuales mantuvo la referencia comunera y las señas de identidad
castellana. Entre ellos destacaba el denominado “Batallón Comuneros de Castilla”, que surgió de
las populares milicias castellanas creadas por iniciativa de los directivos del Centro Abulense en
Madrid con el objeto de formar una columna para liberar las provincias de Ávila, Segovia,
Valladolid y Salamanca, y que llegó a contar con más de 2.000 guerrilleros, la mayoría naturales
de estas provincias. Después de batallar por la zona norte del Sistema Central, se les asignó la
defensa del frente de la Ciudad Universitaria de la capital madrileña, donde combatieron los
ataques rebeldes casi hasta el final de la guerra.
La tradición de los comuneros de Castilla fue también asumida por los sectores libertarios, que
encontraron en el territorio castellano la concreción de un espacio de resistencia antifranquista
en el que llevar a la práctica sus ideas anarquistas y confederalistas. “Castilla Libre”, denominación
que adoptó en plena guerra el órgano de difusión clandestino de la Federación Regional
Anarquista del Centro, es un ejemplo muy significativo de este hecho. Los movimientos libertarios
han encontrado su particular castellanismo en la defensa de la tradicional estructura social
fundamentada en el concejo abierto castellano y en la defensa de los bienes comunales que
pertenecían al común de los vecinos. Un modelo de gestión del territorio basado en una asamblea
soberana sin subordinación a ningún otro núcleo de toma de decisiones o centro de poder. Bajo
ese organismo se rigieron centenares de localidades castellanas durante los siglos XI y XIII en un
sistema de autogobierno y autogestión que entronca directamente con la identidad municipalista
de la “Castilla libre y concejil”.
Al acabar la guerra civil, el segoviano Anselmo Carretero se instaló en Méjico. Republicano,
militante del PSOE e hijo del histórico castellanista Luis Carretero Nieva, desarrolló desde el exilio
una producción de libros y ensayos sobre la personalidad de Castilla y la idea de España invocando
el concepto de “nación de naciones”. Entre ellos: “La integración nacional de Las Españas” (1957),
“La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos” (1960) o “Las nacionalidades
ibéricas” (1962). Contribuyó, además, a la difusión de una de las visiones más particulares del
castellanismo contemporáneo, basado en el “hecho diferencial” entre castellanos y leoneses y en
la exaltación de esa otra “Castilla comunera”, la de Las Comunidades de Villa y Tierra y los concejos
basada en un modelo de organización territorial de origen medieval. Anselmo Carretero se
comprometió en la definición de la política territorial del PSOE a través de las ponencias que la
Agrupación Socialista de Méjico llevaría a los congresos socialistas de mediados de los años
setenta. El pensamiento de Anselmo Carretero fue inicialmente rechazado por el PSOE, pero
influyó en determinados colectivos castellanistas e incluso en los planteamientos federalistas de
los socialistas catalanes del PSC. Su dirigente, Pasqual Maragall, citó en numerosas ocasiones a
Anselmo Carretero como una de sus influencias más notables.
La fraternidad y solidaridad entre territorios
A lo largo de la historia, se tiene la sensación de que la pervivencia de España se ha basado en la
permanente hostilidad existente entre unos pueblos y otros, actitudes que han podido ser
fomentadas desde las oligarquías como vía fundamental de sostenimiento del poder político y
económico, actuando como eficaz vacuna para la población de los territorios más “asimilados” a
la idea imperial o central española. No resulta descabellado pensar que, en ciertos momentos de
la historia, el nacionalismo español ha sido un pretexto para “cubrir” con la bandera de España las
vergüenzas de los intereses de clase y el odio a la participación popular en los asuntos públicos.
En este trabajo se ha hecho mención en varias ocasiones a la existencia de cierto anti-catalanismo
surgido en Castilla en el periodo republicano como agravio comparativo ante las pretensiones
estatutarias de Cataluña. Sin embargo, en determinados círculos siempre existió cierta fraternidad
catalano-castellana. Ya hemos mencionado la admiración, cercanía y solidaridad que mostraron
hacia el catalanismo por parte de castellanistas como Luis Carretero o Antonino Zumárraga. Pero
también el proceso evolutivo de comprensión de los representantes del denominado
“regionalismo sano” que, partiendo de premisas contrarias al estatuto de Cataluña, terminaron
comprendiendo que Castilla no solo tenía que trabajar por su estatuto de autonomía, sino que
además no se debía de entorpecer el proceso catalán.
Esa artificiosa rivalidad entre pueblos se ha quebrantado, de forma natural y a través del aprecio,
desde muchos ámbitos republicanos de Cataluña o el País Vasco, conscientes de que el
enfrentamiento jamás debe darse entre los pueblos ni sus clases populares, y que el avance social
solo es posible desde planteamientos de fraternidad. De esta forma se contrarresta esa perversa
idea empeñada en enfrentar a las sociedades catalana y vasca con los ciudadanos de Castilla,
Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, etc.
Pese a todo, esto no siempre fue así y hubo un tiempo en que existió cierta concordia entre Castilla
y Cataluña. En marzo de 1885 se podía leer en la “Revista Mercantil” de Valladolid el siguiente
texto recogido por Ricardo Robledo Hernández (Catedrático de Historia Económica de la
Universidad de Salamanca) en uno de sus trabajos: “¡ Aprended, diputados de Castilla, aprended
a ser patriotas, aprended a ser enérgicos defensores de los fueros e intereses cuyo amparo se os
confía, aprended a ser representantes de un pueblo viril y prestigioso, en los representantes de
Cataluña !”.
Es reseñable la comprensión que desde círculos de intelectuales catalanes se tuvo hacia Castilla.
Gaziel o Josep Pla, son algunos ejemplos de esas corrientes de pensamiento catalán que muestran
un claro sentimiento de fraternidad y admiración por Castilla y los castellanos. Ejemplo ilustrativo
entre los políticos catalanes, Pere Corominas (ideólogo del catalanismo de izquierdas que en 1931
tuvo un papel destacado en la creación de Esquerra Republicana de Catalunya) no evidenció nunca
ningún tono anti-castellano, más bien todo lo contrario, hasta el punto de dedicar parte de su obra
a estudiar la realidad castellana. En su obra “Por Castilla adentro” publicada en 1930, afirmaba
que “la nación ibérica que primero se rebeló contra la uniformidad fue Castilla”. En sus páginas se
destaca “el carácter eminentemente nacionalista de la guerra de las Comunidades (…) Guerra de
los comunes por las libertades de Castilla, por la dignidad, por la soberanía y por el fuero de las
tierras castellanas”. Su admiración por los comuneros queda patente al afirmar que el documento
emitido por la Santa Junta comunera era “la más bella y libre Constitución que se haya dado nunca
la nación castellana” y “hace de los comuneros un núcleo precursor de las revoluciones inglesa y
francesa. No sé si en lengua alguna se ha defendido el principio de soberanía popular de una forma
tan elegante y humana como la usada por la Santa Junta en su mensaje al emperador”.
Desde otros ámbitos republicanos de otras nacionalidades se ha mostrado habitualmente el
aprecio con Castilla a la vez que se ha ensalzado la figura de los comuneros castellanos como
referente de libertad. El galleguista Ramón M. Tenreiro o el dirigente del PNV Manuel de Irujo, son
otros ejemplos de personalidades políticas que pusieron de manifiesto su punto de vista en este
sentido. Son bien conocidas las palabras pronunciadas en un acto público el 14 de marzo de 1937
por el presidente Lluis Companys: “Madrileños, Cataluña os ama”. En el inicio de la Transición
política, el histórico dirigente abertzale Telesforo Monzón afirmó en una entrevista: “llevo muy
dentro de mí a aquella Ávila de mi niñez, su grandeza, su poesía, su sobria elegancia. ¡No se puede
usted imaginar cómo siento aún aquella Ávila, donde tuve una hermana como superiora del
convento de San José! Yo soy un hombre extremista en mi nacionalismo vasco, pero esto no quita
un ápice al profundo amor que yo siento por los pueblos de la península y más concretamente por
Castilla” (“La Hoja del Lunes de Bilbao”, 18/9/1978).
Parece una evidencia que, en ocasiones, desde ámbitos independentistas de Cataluña o País Vasco
se percibe de manera más consciente la identidad y la personalidad de Castilla, más incluso que la
que pueda percibir la propia ciudadanía castellana. El periodista Antonio Baños en su ensayo “La
Rebelión Catalana” (Roca Editorial. Barcelona, 2014) afirmaba que “Cataluña no ha sido ni mucho
menos la nación más aniquilada por la nave imperial. Pensad en Castilla, que con las cabezas de
Bravo, Padilla y Maldonado cortadas en los campos de Villalar perdió sus libertades dos siglos antes
que nosotros, perdiendo también de forma definitiva cualquier posibilidad de construir una
monarquía multinacional a partir de la unión de naciones libres”. Desde la izquierda vasca y
catalana se ha admirado la tradición y el imaginario revolucionario de la Castilla comunera, la
Andalucía jornalera y la Asturias “obrera y dinamitera”, a la vez que han resaltado que su lucha
“no es contra el pueblo español sino contra la oligarquía que domina ese Estado”.
Repensar Castilla
Desde ámbitos académicos, José Luis Villacañas (catedrático de filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid y experto en ideas políticas) sostiene en una entrevista en el diario El
Mundo de 1 /7/2017 que: “España es más Estado que Nación. Somos una nación tardía que surge
de una sociedad imperial. (..). El estado central con intereses imperiales no genera nación. La única
legislación común a todos los reinos, Castilla, Cataluña,…fue la Inquisición durante muchos siglos.
España ha sido un estado débil incapaz de construir una homogeneidad nacional. Aunque ha sido
suficiente Estado como para evitar que las heterogeneidades se vayan, tan fuerte como para llegar
a acuerdo con los diferentes o para imponerse. Solo se fue Portugal”.
Más allá, desde una perspectiva anticolonial, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel
(profesor de la Universidad de Berkeley, California) mantuvo en el mes de septiembre de 2017
una polémica en las redes sociales con Juan Carlos Monedero (politólogo y uno de los impulsores
iniciales de la formación política “Podemos”). En uno de los extensos vídeos que recogen la
polémica, Grosfoguel deja muy clara su posición y reconoce Castilla como nación y la revolución
comunera como referente de lucha popular. Grosfoguel hace una crítica devastadora a la
izquierda española y afirma que: “la invención de España en el siglo XIX es un proceso de
construcción de nación donde el estado imperial se apropió de lo católico y de lo castellano para
construir su identidad nacional frente a las naciones sin estado en la Península Ibérica y frente a
sus colonias. (…). El españolismo tiene una ceguera frente a su propio nacionalismo. El españolismo
adolece de autorreflexividad, es el privilegio para denominar a los demás como “nacionalistas”
cuando se es ciego frente a tu propio nacionalismo (…). Mi invitación es a que descolonicen el
nacionalismo imperial españolista y se asuma de una vez por todas como nación castellana crítica
con el nacionalismo españolista imperial. Es decir, como nación castellana que reivindique toda la
tradición comunera revolucionaria de Castilla (…). Como nación castellana que se desvincula y se
distingue de la apropiación que hizo el nacionalismo español de su identidad y de su historia.
Lamentablemente esa distinción está borrosa. Parte del éxito del nacionalismo imperial ha sido
colapsar la identidad española con la identidad castellana hasta el punto de que mucha gente
confunde una y la otra como ocurre con personas de origen castellano que les lleva a buscar la
unidad de España y una identidad españolista, cuestión que comparte tanto la derecha como la
izquierda”.
A propósito de la polémica entre Grosfoguel y Monedero, el politólogo y jurista Aitor Jiménez
escribía en El Salto Diario un artículo de 25/9/2017 sobre la cuestión plurinacional y la tradición
confederal. En dicho artículo Jiménez hace mención a los posicionamientos de Grosfoguel
respecto del “desconocimiento del pueblo catalán como sujeto político legítimo demuestra la
pervivencia del viejo centralismo. Centralismo que tomó a Castilla como bandera y también como
rehén. Aitor Jiménez afirma que “Un futuro estado plurinacional no puede decidirse desde un
centro hegemónico, debe responder a una articulación política entre diferentes naciones
constituyentes. El problema fundamental para el contexto del estado español es que a día de hoy,
existen diferentes grados de consciencia nacional y organización política en las naciones que
conforman el estado. Más aún, no están claras ni definidas las naciones que podrían entrar a
formar parte, ni su composición territorial ni su base demográfica. (…). Hay quien señala la
existencia de cinco naciones a la hora de plantear su modelo plurinacional: Andalucía, Cataluña,
País Vasco, Galicia y España. Esta propuesta sería ineficaz e inútil. España como tal no puede ser
parte y todo. Esta construcción no puede satisfacer las demandas independentistas ya que la
estructura cohesionadora (España), sigue siendo uno de los elementos que participa en la
dimensión nacional. Obviamente tampoco puede satisfacer a esos “otros territorios”, porque son
considerados como eso, otro, un desconocido, un resto”.
Continúa Aitor Jiménez: “Hay que tener claro que en un estado plurinacional conviven dos
dimensiones fundamentales: la dimensión plurinacional o estatal, y la dimensión nacional. La
dimensión plurinacional es una categoría aglutinante y que por lo tanto sin ser aséptica no puede
determinar ni condicionar a las unidades nacionales. Lo contrario sería centralismo. El estado
plurinacional no puede ni debe tener una condición nacional. (…). La tradición política en la
península ibérica no siempre ha respondido a las estrechas mecánicas del estado nación (dictadas
por otro lado desde las regiones de la Europa “ilustrada”). El municipalismo, los pueblos, las
regiones, los concejos, son y siguen siendo los territorios de la política en muchos lugares. La nación
castellana no puede ser definida en base a criterios semejantes a los por ejemplo catalanes (…).
Castilla se conforma y articula en torno a comarcas y regiones. Unidades territoriales que abarcan
campo y ciudad. Pueblos y pedanías. Esto que parece complejo, fue la base del confederalismo de
nuestra primera república. Una breve pero brillante aportación de nuestra tradición política a la
humanidad. Como sabemos fue en parte liderada e ideada por el catalán Pi i Margall. Un sujeto
que aunó las tradiciones socialistas y libertarias conjugando los esfuerzos políticos de las dos
mayores tradiciones obreras en una Constitución truncada por la reacción. Su base territorial, el
cantonalismo federalista, era brillante, no porque pueda ser copiada hoy día (aunque puede ser
inspiradora), sino porque se ajustaba a la diversidad de su momento histórico. Este esfuerzo
confederal es un buen punto de partida. Porque nos permite pensar originalmente desde
tradiciones que nos son propias, y que nos dicen ante todo que es posible construir en diversidad.
Pi i Margall, por cierto, fue un radical activista anticolonial, en un momento histórico de máximo
imperialismo. Un marco plurinacional articulado confederalmente puede ofrecernos enormes
posibilidades. Pero para que esto sea posible hay que pensar desde las periferias. Hay que contar
con ellas. La España colonial es una construcción impuesta también por la fuerza de las armas en
Castilla. Es un yugo ideológico que los castellanos vivimos con más pena que gloria cada año en
Villalar. Pero sin nada más a lo que aferrarse, han tomado esa identidad impuesta como sayo con
el que abrigarse en el desierto de lo real. La historia ha demostrado que esto puede cambiar, por
la sencilla razón de que no siempre ha sido así. Esto claro está requiere un trabajo serio. Un trabajo
político y teórico previo. Hay que aceptar que al igual que la fuerza del pueblo catalán vive en su
convencimiento de pertenecer a una entidad nacional, en Castilla esta misma energía late bajo la
identidad comarcal y municipal. Es desde esa diversidad, desde esa diferencia desde donde
podemos imaginar estructuras plurinacionales no hegemónicas que además nos son propias.
Estructuras por cierto que han de encontrar en Madrid un aliado, no un centro, no un líder”.
El mismo Aitor Jiménez escribía en el diario Público de 4/10/2017: “En el Reino de España ha
dejado de existir uno de los elementos fundamentales que caracterizaban al estado moderno
europeo: La nación.(…). La nación española duró lo que duraron los beneficios a repartir entre las
burguesías de los pueblos sometidos a colonialismo interno (…). Desestimados los intentos
comunitarios populares de construcción nacional quedaba sobre el tablero una idea, la de la
España imperial, sin contenido, sin base material ni real en el conjunto de la población. Una imagen
sin embargo respaldada por la fuerza de la inercia, de las armas, y del ya resquebrajado aparato
cultural del franquismo. La idea de España como nación ha pervivido en aquellos territorios sin
nada más a lo que aferrarse. Regiones que como Asturias, Cantabria, Castilla, Murcia,
Extremadura, quedaron desposeídos de tradiciones, de cultura, de derecho a un pasado propio y
por ende a merced de esa construcción ajena. Incluso en ellos la idea de España poco o nada se
articula con un estado. Es un folclore futbolístico, endeble y partidista. Utilizado como arma y como
rodillo por una derecha poco consciente de que semejante uso solo imposibilita la realización del
Estado nación”.
En una entrevista al periodista Antón Losada en el diario digital Vilaweb de 12/6/2018, este
afirmaba respecto de un posible reconocimiento de Cataluña como nación en la Constitución
Española: “Esta salida siempre es complicada. Al fin y al cabo estamos en un estado que, aunque
no lo ha conseguido, se ha construido sobre la idea de aplastar las identidades nacionales. No
olvidemos que el estado español es el intento de construcción sobre una ficción histórica: un estado
nación llamado España. En todo caso, sería Castilla. España es más un producto del Estado que no
el estado consecuencia de la nación. Esta tensión no es fácil de resolver. (…). Al final la realidad se
acaba imponiendo y encontrando su camino”.
En 1980 Andrés Sorel, escritor vinculado a Ávila recientemente fallecido, afirmó en “El Grito de
Castilla”: “la primera necesidad de Castilla: ser ella misma, encontrarse, definirse colectivamente.
(…), y que Castilla no se defina verticalmente y de una vez por todas, sino que esta definición vaya
haciéndose en el tiempo, y en la identidad colectiva, en un camino no cerrado ni delimitado desde
el principio, siempre abierto a la colaboración y trabajo del pueblo, que al sentirle suyo, al verle
suyo, le va a ir marcando hasta identificarse plenamente tierra y hombre en el futuro”.
Años después, el propio Andrés Sorel en su obra “Castilla como agonía, Castilla como esperanza”
(1985), reflexionaba de esta forma: “Historia abierta, y sobre todo presente, teniendo en cuenta
además que la “nación” castellana hoy parece algo indefinido, inexistente, a nivel de conciencia
popular, y que se perdería en un territorio que bordeó no sólo las marcas ahora establecidas, sino
aquellos orígenes que en Cantabria o Logroño dieron raíces, lengua y hasta salidas al mar en
nuestra tierra y se prolongaría al sur de la meseta en lo que se llamó Castilla la Nueva, tan Castilla
como la que ahora se define vertebrada sobre la apergaminada cuenca del Duero…”.
BIBLIOGRAFÍA CITADA o CONSULTADA
ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso; La “burguesía burgalesa” y su proyección regionalista desde mediados del siglo XIX a 1936. La Ciudad
de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos. Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura. Págs, 545-583.1985
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